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Una amplia red de vigilancia e inteligencia ha permitido al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo identificar, ubicar y espiar a nicaragüenses en el exilio, aun cuando estén a cientos o miles de kilómetros del país. Sumado a eso, la dictadura ha desplegado “una estrategia sistemática de represión contra toda forma de oposición, que actualmente se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua”, advierte el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
CONFIDENCIAL habló con un grupo de las cientos de víctimas de las acciones que el GHREN califica como una estrategia de violaciones de “largo brazo” que erosiona los lugares de refugio de los nicaragüenses fuera del territorio nacional.
La mayoría opta por hablar bajo anonimato porque el temor a sufrir represalias o a que su familia “le pase algo” es una realidad con la cual conviven.
La estrategia de represión transnacional del régimen Ortega-Murillo opera con el fin de controlar, intimidar y neutralizar cualquier disidencia donde sea que se encuentre, revela el informe Nicaragua: Persecución más allá de las fronteras, exilio y violaciones transnacionales de los derechos humanos.
Las ocho violaciones transnacionales a los derechos humanos de los nicaragüenses exiliados, identificadas por el GHREN son:
- Privación arbitraria de la nacionalidad.
- Prohibición de la entrada a su propio país.
- Denegación de emisión o renovación de pasaportes y eliminación de documentación oficial.
- Confiscación de bienes y otros activos (incluso pensiones).
- Vigilancia, amenazas y acoso.
- Castigo a familiares y personas asociadas en el país.
- Violencia física.
- Uso indebido de mecanismos internacionales de control.
Tres meses en una celda de castigo y ahora “sin patria”
El 10 de febrero de 2023, el video de un hombre vistiendo guayabera blanca, con un rosario en las manos y una prótesis en su pierna derecha se viralizó. Exigía libertad para el entonces encarcelado monseñor Rolando Álvarez, un día después que el régimen Ortega-Murillo desterró a 222 presos políticos hacia Estados Unidos. Era Pedro Gutiérrez, un hombre que ya había sido capturado el 4 de julio de 2018 y que permaneció durante 18 meses encerrado. Un día después de ese acto de protesta volvió a ser encarcelado.
“Me mandaron a una celda de castigo, donde permanecí durante tres meses esposado 24 horas al día con una cámara de vigilancia y una luz encendida apuntándome a la cara”, recuerda Pedro.
Pedro es mecánico industrial y tras ser excarcelado fue desterrado por la dictadura a Guatemala junto a otros 134 nicaragüenses, el 5 de septiembre de 2024. Sin embargo, por falta de documentos no ha podido encontrar trabajo.
“Al tocar suelo guatemalteco llegué desconcertado”, insiste. Aunque han sido días difíciles, ha podido sobrevivir gracias al apoyo de organizaciones, familiares y amigos.
Pedro intentó viajar a Estados Unidos, pero fue rechazado. Le dijeron que “faltaba credibilidad” en sus declaraciones, sumado a las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos que le hizo la dictadura. Lo mismo le ocurrió a otros 38 desterrados. Sin embargo, pudo llevar consigo a Guatemala a su hijo, que sí pudo irse a Estados Unidos y lo apoya económicamente.
Actualmente, Pedro es uno de los 12 excarcelados que obtuvo la aprobación del Gobierno de Canadá para reasentarse en ese país, gracias a un programa de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en coordinación con la Organización para las Migraciones (OIM).
“Estoy emocionado de empezar, pero quiero salir adelante y poder trabajar porque siempre lo he hecho sin depender de ayudas”, afirma.
Pedro asegura que seguirá alzando la voz adonde vaya, aunque ya eso le haya costado el destierro y estar “sin patria”.
“Lo único que sé es que no puedo volver”
“Nunca imaginé que no podría regresar a Nicaragua cuando salí de viaje”, dice Eugenia, una ciudadana del sur del país. Al salir detalló que el motivo de su viaje era participar en un evento empresarial, aunque en realidad iba a un evento religioso. “Ni siquiera subí foto de mi viaje para cuidarme, pero supongo que saben que soy activa en la Iglesia católica de mi pueblo”, explica.
La denegación de volver al país ocurrió en un mes que prefiere no decir. Pero fue en 2024. “Un día antes de abordar el avión, la aerolínea me notificó que el Gobierno de Nicaragua no permitía que yo pudiera entrar a mi país. Fue un golpe duro, como que me cayó un rayo en todo mi cuerpo”, recuerda.
Desde entonces, en la soledad del exilio, Eugenia ha pasado horas enteras tratando de “descifrar” por qué le pasó eso. Pero nunca tiene una respuesta definitiva. “Creo que nunca lo sabré”, se resigna. Ha pensado que fue porque era activa en su iglesia, porque sus hijos salieron a protestar o porque ella aunque no se meta en política ha sido “calificada de opositora”.
“Siempre que pienso, creo que pudo ser por cualquiera de esas causas o quizás por la mezcla de todas, de lo único que sé es que no puedo volver”, lamenta.
A pesar de que no pudo volver, Eugenia lamenta que el hostigamiento contra su familia siga. “No nos dejan vivir en paz”, insiste.
Eugenia ve con dolor como la propaganda del régimen “vende la idea de que Nicaragua es un país de brazos abiertos”, pero en la realidad “nos expulsa porque no creemos como ellos”.
Al menos 318 nicaragüenses han quedado en un limbo migratorio entre junio de 2018 y agosto de 2025, tras ser desterrados de facto, debido a que recibieron negativas de ingreso a Nicaragua, detalla el informe del GHREN.
“Nunca quisieron entregarme el pasaporte de mi hija”
Cuando llegó a solicitar el pasaporte para su hija menor en la oficina de Migración de un centro comercial de Managua a Paola le dijeron que debía ir ella personalmente a la oficina central. “Desde ese momento supe que algo andaba mal”, recuerda.
Dejó pasar casi un mes después de la fecha de la cita y cuando venció el temor se fue junto a su esposo y sus tres hijos. “Nos hicieron esperar por varias horas y nunca nos respondían”, explica.
Sabía que se lo negarían, porque ella había sido apresada por unos días durante una redada contra personas catalogadas como opositoras y porque era visitada semanalmente por un policía.
“La mujer que nos atendía llamaba a sus superiores y les decía que ya estaba listo (el pasaporte), pero parece que le decían que no podía dármelo”, detalla Paola.
La mujer le cuestionaba para qué quería pasaporte para su hija y ella le insistía que era para un futuro viaje a Costa Rica. “Aquí está sola con su hija”, le contó en un momento la oficial de Migración a su superior por teléfono.
Su esposo y sus otros dos hijos se habían quedado afuera esperándola. Incluso la oficial de Migración salió a buscarlos, pero no los encontró. Finalmente le dijo que debía volver. “Pero venga sola sin su hija”, le insistió. En ese momento Paola supo que nunca debía regresar a Migración porque “me podían detener o desaparecer”.
Casi de inmediato se preparó para salir con sus tres hijos y su esposo hacia Costa Rica donde están exiliados actualmente. “Ellos nunca quisieron entregarme el pasaporte de mi niña y le negaron su derecho a un documento de viaje”, lamenta.
El régimen Ortega-Murillo ha obstaculizado gravemente —o negado— el acceso de personas en el exilio y de sus familiares a documentos oficiales, incluidos pasaportes, partidas de nacimiento, actas de matrimonio y expedientes académicos, con el fin de “desarraigarlos aún más y cortar sus vínculos con su país de origen”, señala el GHREN.
Perder su pensión la ha dejado “en total dependencia”
Brenda María estuvo encarcelada y luego la dictadura le cambió la cárcel por el destierro, la apatridia y la confiscación de su pensión de jubilada. Desde ese momento ella siente que su vida cambió radicalmente. “Pero anestesiado por la libertad después de 15 meses de prisión”, dice.
En un primer momento no fue consciente de su destierro porque “estaba disfrutando de la libertad, de mi familia y fue cuando decretaron la confiscación de todos mis bienes, que tomé consciencia que lo había perdido todo: país, pensión, casa, derechos”.
Para Brenda María, ser una persona apátrida reduce a una persona a ser “lanzada al mundo sin nada con que sostenerte”.
Para ella quedarse sin los ingresos de su pensión ha sido un trauma que no se supera fácilmente, sobre todo porque es una mujer jubilada. “Creo que en mi caso la mayor afectación es emocional, porque aunque cuento con el apoyo incondicional de mi familia (…) al perder un ingreso tan importante me deja en la dependencia de otros”, explica.
Aunque económicamente la familia la sostiene económicamente, a ella eso le afecta porque toda su vida “fui proveedora de mi hogar y de mis necesidades, y eso te da seguridad, estabilidad, confianza en uno mismo”.
Brenda María trabajó durante años en organizaciones de cooperación internacional y valora que tenía una pensión “buena” con la que “podía vivir decentemente”.
Además, la entristece haber sido arrancada de su hogar, de su familia, de sus amigos y de su tierra natal. Durante el encierro su salud desmejoró, pero dice que hoy se encuentra “estable”.
“Sobrevivo gracias al amor y cuidado de mi esposo y familia. No estoy trabajando me dedico al cuido de los míos y mantener la voz en alto por la liberación de los presos y presas políticos”, expresa Brenda María.
“Nos han tomado fotografías en las protestas en Costa Rica”
Adonis dejó la universidad en abril de 2018 porque se involucró en las protestas en Nicaragua. Cinco meses después también tuvo que salir al exilio. “Tenía amenaza de ser encarcelado, que hoy persisten”, explica.
Cuando llegó a Costa Rica empezó a organizarse junto a otros refugiados y organizar plantones y marchas para visibilizar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua.
“Desde entonces la dictadura ha mandado a vigilarnos porque quiere controlarnos y no nos quieren dejar vivir en paz aun cuando ya fuimos obligados a abandonar nuestro país”, comenta.
Recuerda que, en los primeros plantones frente a la embajada de Nicaragua en San José, Costa Rica, había personas sospechosas tomando fotografías.
“Cuando terminaban las manifestaciones la gente era perseguida por sujetos desconocidos, y muchos nos empezamos a alertar sobre esas situaciones”, afirma.
Por eso Adonis dejó de ir a los actos que realizaban frente a la embajada nica, pero después también a otras protestas en Costa Rica. “Incluso evito ir a actos culturales o de venta de comida nicaragüense”, agrega. Cree que una situación similar vive muchos exiliados. “Cada vez llegaba menos gente por miedo y ahora es mucho mayor el terror que han logrado a imponer”, apunta.
Adonis dice que los actos de vigilancia, amenazas y acoso han logrado pasar las fronteras. “Ya me han escrito de números desconocidos o de perfiles falsos en redes sociales amenazándome”, asegura.
Para Yader Valdivia, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, desde 2024 ha habido un aumento de denuncias de vigilancia y amenazas a exiliados.
“Al menos una docena de personas denunció que los persiguieron en espacios públicos como mercados o al participar en plantones de protesta, pero también hay al menos seis denuncias de que desconocidos han andado preguntando por exiliados cerca de sus casas”, advierte.
Valdivia señala que algunos exiliados han recibido mensajes de números desconocidos en los que les envían fotos de ellos cerca de sus casas, o cuando van subiéndose a un Uber. “Les quieren intimidar y decirles que están vigilados y hay mucho temor de estos ciudadanos”, insiste el defensor.
Sus hijos y nieta fueron “obligados a abandonar su hogar”
Rosa Ruiz, madre del médico tico-nicaragüense, Yerri Estrada, encarcelado por la dictadura sandinista desde el 13 de agosto de 2025, dice que está viviendo un calvario. No solo les bastó con encerrar a su hijo, sino que luego que ella se atrevió a denunciar se dedicaron a “castigar” a su familia que se encuentra en Nicaragua.
Rosa denuncia que sus otros dos hijos, Maura Estrada y un adolescente de 14 años, más una nieta de cinco años viven hoy en “desplazamiento forzado”, porque tuvieron que “abandonar su hogar”, luego de sufrir constantes amenazas y asedio de parte de policías y civiles.
“Incluso amenazaron a mi hijo menor con una orden de captura, y eso es un crimen horrendo”, afirma. A pesar de que se encuentran en otro lugar “escondidos” el asedio en su hogar en León persiste.
“Ellos tienen que estar encerrados donde están y es horrible hacerle eso a dos niños que les cuesta entender por qué no pueden salir a la calle”, lamenta.
También menciona que ambos menores de edad tuvieron que “abandonar sus clases”. Su hijo cursaba el tercer año de secundaria y su nieta el tercer nivel de preescolar.
Esta madre que se encuentra en el exilio dice que no callará hasta lograr la libertad de su hijo. “Voy a seguir alzando la voz, no van a lograrme callar”, insiste.
Aunque la presión de sus denuncias sirvió para que a Yerri lo dejaran ser visitado por su novia el miércoles 3 de septiembre de 2025 y que nueve días después divulgaran fotografías y videos de Yerri, Rosa explica que otra vez lo considera “desaparecido”.
“Al perseguir a mi hija que era quien debería visitarlo y llevarle provisiones o medicamentos están violando todos sus derechos”, detalla.
De la vigilancia a la violencia física
El sábado 4 de octubre de 2025, el académico Adrián Meza, exiliado en Costa Rica, denunció una operación de inteligencia en su contra, de la que responsabilizó al Ejército de Nicaragua, cuando un hombre se presentó a su vivienda fingiendo buscarlo para entregarle su vehículo.
“Los vigilantes no dejaron entrar al intruso, quien al verificar que se me estaba informando de la inusual visita, desapareció sin dejar rastro”, afirmó Meza, quien era rector de la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, ilegalizada por la Asamblea Nacional a petición del Ejecutivo sandinista.
La violencia física contra nicaragüenses en el exilio se ha convertido en “una preocupación creciente en los últimos años”, particularmente en Costa Rica y Honduras. Países donde se han registrado asesinatos e intentos de asesinato de nicaragüenses exiliados, siendo el más reciente el asesinato del mayor retirado del Ejército, Roberto Samcam.
El GHREN también registró otros nicaragüenses exiliados víctimas de ataques como: Joao Maldonado, que sobrevivió a dos atentados en 2021 y 2024 en Costa Rica, y Rodolfo Rojas Cordero, que fue hallado muerto en 2022 en Honduras. Enfatizan que, tanto las víctimas sobrevivientes como las fallecidas habían sido objeto de hostigamiento y habían recibido amenazas de muerte y advertencias antes de los ataques.
Agregan que los asesinatos y otros incidentes de violencia física “ponen de relieve la urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional, reforzar los mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan”.
Aunque estos crímenes se encuentran bajo investigación, el Grupo de Expertos menciona que “no puede descartarse la posibilidad de que dichos asesinatos e intentos de asesinato formen parte de un patrón más amplio de violaciones transnacionales de derechos humanos dirigidas contra nicaragüenses en el exilio hasta que se realicen investigaciones exhaustivas e independientes”.
El GHREN demanda que estas investigaciones no solo deben perseguir a los autores directos, “sino también examinar todos los posibles móviles—incluidos los políticos— y procurar establecer la responsabilidad de quienes hayan podido ordenar o planificar los crímenes”.
Uso indebido de mecanismos internacionales de control
El profesor indígena Gabriel Putoy, excarcelado político refugiado en Costa Rica, perdió un empleo formal en el exilio debido a que el sistema financiero en ese país le cerró las puertas y su patrono decidió revocar su contrato. Esto ocurrió en febrero de 2024. La razón: Una jueza nicaragüense, afín a la dictadura, giró una orden de captura contra él, acusándolo de obstrucción de funciones en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Putoy visitó tres sucursales bancarias para abrir una cuenta donde le depositaran su pago mensual por trabajar en el área administrativa de una empresa de limpieza y la respuesta era que al ingresar su nombre en el sistema generaba una alerta. Lo mismo le informaron cuando consultó a otro banco el por qué le cerraron una cuenta.
El informe del GHREN advierte que en un intento adicional de restringir la libertad de movimiento de los exiliados las autoridades nicaragüenses han utilizado diversos mecanismos como: reportar sus pasaportes como robados o revocados y también haciendo “uso indebido” de las “notificaciones rojas” de la Policía Internacional (Interpol), que son solicitudes mundiales para localizar y arrestar provisionalmente a individuos con fines de extradición.
Entre los ciudadanos nicaragüenses requeridos por el Estado de Nicaragua están: Pedro Javier Fernández Sandoval, René Navarrete Rivera y Serapio Ramiro Fernández Rodríguez, quienes participaron en los tranques en 2018 y que el régimen acusa de asesinar a un policía y un civil en el departamento de Río San Juan en 2022. Por ese crimen también están señalados, Reinaldo Picado Miranda, quien estuvo detenido en Costa Rica pero se le aprobó el estatus de refugiado, y Douglas Gamaliel Pérez Centeno, extraditado a Nicaragua el 16 de febrero de 2024.
Pero las víctimas de esta forma de represión son muchas más. Al menos 39 de los 135 presos políticos que fueron desterrados a Guatemala, el 5 de septiembre de 2024, fueron rechazados por el programa de Movilidad Segura del Gobierno de Estados Unidos. Las principales causas de ese rechazo, a pesar de que su excarcelación y traslado a Guatemala fueron gestionados por el propio Gobierno de EE. UU. son los “delitos fabricados” en su contra por la dictadura de Ortega-Murillo, advirtieron defensores.
