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El Gobierno de Nicaragua no ha respondido a ninguna consulta sobre “detenciones prolongadas y condiciones carcelarias inadecuadas que podían poner en peligro la vida de las personas detenidas”, según el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Durante la presentación de su Informe, en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, realizado en Ginebra (Suiza), el Grupo detalló los casos de desapariciones forzadas en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente que afectan, en particular, a los pueblos indígenas y a los campesinos nicaragüenses.
Según el Artículo 1 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobado en diciembre de 1992, “todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana”. Como tal, se le condena por constituir una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y una violación grave de los derechos humanos.
En el detalle de su presentación sobre Nicaragua, el Grupo de Trabajo reiteró “su preocupación por las denuncias de utilización de la desaparición forzada para reprimir la disidencia, en particular tras la oleada de detenciones practicadas a raíz de las manifestaciones de 2018, muchas de cuyas víctimas continúan en situación de desaparición forzada”.
Silenciar a quienes protestan en Nicaragua
Según los expertos, el hecho de que las condiciones hayan cambiado poco o nada, “podría constituir una prueba de la persistencia de una pauta de silenciamiento de las personas que ejercen su libertad de expresión y critican el presunto deterioro de la situación de los derechos humanos en el país”.
Previamente, en diciembre de 2024, un grupo de expertos de las Naciones Unidas instó a las autoridades de Nicaragua a liberar a las personas detenidas por sus críticas sobre la deteriorada situación de derechos humanos en el país. También, a informar de inmediato a sus familiares y abogados sobre su suerte y paradero.
En aquel momento destacaron que, a partir de las protestas de 2018, detectaron “un patrón claro y deliberado por parte de las autoridades nicaragüenses para eliminar y silenciar a las voces disidentes mediante el uso de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas”. También, un abuso en el uso de acusaciones relacionadas con el terrorismo y la seguridad nacional.
Además, resaltaron que “incluso las salvaguardias legales más básicas, como el acceso a un abogado, a un médico o a medicamentos, y las visitas familiares, suelen ser negadas”.
Nueve meses después, el régimen sigue encarcelando a ciudadanos que ejercen su derecho a disentir, y negando a sus familiares el derecho a visitarlos o a proveerles de un abogado.
En dos casos, el Estado solo aceptó haber detenido a esas personas, cuando murieron bajo su custodia, como ocurrió con Mauricio Alonso Petri y, cuatro días después, con el abogado Carlos Cárdenas Zepeda. Más recientemente, dieron prueba de vida del reo de conciencia Yerri Estrada, con lo que admitieron de facto, haber cometido el acto de secuestro.
El crimen de defender la tierra
El grupo de expertos también dedicó un apartado a las desapariciones forzadas que ocurrieron en el contexto de personas que intentan defender la tierra, los recursos naturales y el ambiente. Advierten que, en el caso de Nicaragua, ese crimen afecta especialmente a indígenas y campesinos.
Al tratar de establecer el patrón que siguen regímenes como el de Nicaragua, detallan que la reducción del espacio cívico puede no implicar inicialmente una desaparición forzada. Con todo, explican que han observado “un aumento de estos casos en contextos donde las libertades de expresión, reunión y asociación están cada vez más restringidas”.
Por ello, advierten que “la proliferación de leyes o políticas restrictivas sobre estas libertades pueden, por lo tanto, servir como una alerta temprana del riesgo de desaparición forzada”.
Recordaron que, en 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la cancelación de la personería jurídica de 25 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Entre esas entidades, había “grupos que defienden el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribeña”.
Añadieron que, menos de un mes antes de ese hecho, “el líder indígena Salomón López Smith había sido encontrado muerto con signos de tortura tras siete días de desaparición forzada”.
Otro caso que mencionan es la detención arbitraria de Brooklyn Rivera, a quien reconocen como “líder y defensor indígena miskitu”. Rivera fue detenido en septiembre de 2023, para luego dejarlo en situación de desaparición forzosa.
“La CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida del Sr. Rivera Bryan en Nicaragua, sin embargo su suerte y paradero siguen siendo desconocidos”, destacaron.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está integrado por cinco expertos independientes de diferentes regiones del mundo. La presidenta y relatora es Gabriella Citroni (Italia) y la vicepresidenta, Grażyna Baranowska (Polonia). También lo integran Aua Baldé (Guinea-Bissau), Ana Lorena Delgadillo Pérez (México) y Mohammed Al-Obaidi (Irak).
