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Las investigaciones preliminares del crimen contra Roberto Samcam Ruiz, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua asesinado el 19 de junio de 2025 en Costa Rica, apuntan a que la orden de matarlo provino del propio Ejército nicaragüense, según declaraciones del abogado Federico Campos al medio costarricense CR Hoy.
“Todos los indicios y todas las sospechas son de que la orden salió del Gobierno de Nicaragua y, específicamente, uno de los indicios más fuertes que también fue ordenado desde el Ejército nicaragüense. Son solamente indicios”, dijo Campos, quien representa a Claudia Vargas, viuda de Samcam, en el juicio por el asesinato del exmilitar nicaragüense.
Roberto Samcam, una de las voces críticas más destacadas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vivía exiliado en San José cuando fue asesinado con al menos ocho impactos de bala dentro de su propia vivienda en la capital costarricense.
Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen reserva sobre los detalles específicos de la investigación, aunque su director, Randall Zúñiga López, ratificó que “la investigación avanza con buen ritmo”. Por su parte, Campos adelantó que las pesquisas están en una fase avanzada.
“Entendemos que las investigaciones están muy avanzadas y pronto, muy pronto, creo, que habrá buenas noticias en cuanto a la determinación de los autores materiales”, comentó el abogado, quien representa a la familia de la víctima junto con los juristas españoles Almudena Bernabéu y Michael Reed Hurtado.
“Esperamos que en nuestro país también, pues, se profundice ante la eventualidad de la determinación de los autores intelectuales”, añadió el abogado.
Nicaragua no entregaría a militares
De acuerdo con el medio CR Hoy, semanas antes del crimen, la Policía Judicial había confirmado que no se puede descartar la existencia de una estructura operativa del régimen nicaragüense para ejecutar ataques contra opositores en el exilio.
El director del OIJ admitió que sería prematuro concluir que el crimen fue ordenado directamente por el Gobierno sandinista, pero confirmó que esa posibilidad está bajo investigación.
Campos advirtió sobre las complicaciones legales que podrían surgir si se confirma la participación del Ejército nicaragüense como autor intelectual. Según explicó, si se demuestra que los responsables son militares cercanos al régimen Ortega-Murillo, es poco probable que estén dispuestos a entregarlos a autoridades extranjeras.
“Lo dudo mucho, dudo mucho que sea así. Ahí donde la justicia podría encontrarse en una situación de stand by, de inercia o de que entraríamos ahí en un letargo importante porque no creo que ellos mismos y el Gobierno nicaragüense quieran entregar eventualmente a autores intelectuales que están relacionados con su mismo Gobierno, y el Ejército está relacionado con el mismo Gobierno”, explicó el jurista sobre las posibilidades de extradición.
El papel de la Dirección de Inteligencia y Seguridad
La actuación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica ha quedado en entredicho tras revelarse que Roberto Samcam había alertado sobre amenazas en su contra años antes de su asesinato, sin que se tomaran las medidas preventivas correspondientes.
CF Hoy publicó que, según fuentes cercanas al caso, el día del homicidio, tras conocerse la noticia, se encendieron las alarmas dentro de la DIS. Oficiales realizaron diligencias y averiguaciones tras el crimen, de forma paralela a la investigación oficial que lidera el Organismo de Investigación Judicial.
El servicio de inteligencia presidencial confirmó que en 2019 recibió una alerta de Roberto Samcam relacionada con células de inteligencia del Gobierno nicaragüense operando en Costa Rica, pero la información no fue investigada a fondo.
“Le comentamos que el único antecedente que se determinó es que, en el 2019, la DIS recibió información alertando sobre la posible existencia de ‘células de inteligencia del Gobierno de Nicaragua operando en Costa Rica’ por parte del señor Samcam, quien sospechaba que los líderes opositores se encontraban en peligro en suelo nacional. En ese sentido, se solicitaron las pruebas respectivas; sin embargo, no fueron aportadas”, respondieron desde la DIS.
La institución se justificó indicando que, en estos casos, su función es únicamente orientar a la persona para que presente la denuncia formal ante la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Poder Judicial, con las pruebas respectivas, siendo esta la única dependencia competente para brindar protección.
Sin embargo, esta justificación contrasta con las competencias establecidas en el artículo 14 de la Ley 7410, que establece que la DIS tiene la obligación de “detectar, investigar, analizar y comunicar al presidente de la República o al ministro de la Presidencia la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia o la integridad territorial, o que pongan en peligro la estabilidad del país y de sus instituciones”.
