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El abogado Federico Campos representará a Claudia Vargas, viuda del mayor retirado Roberto Samcam, en el juicio por el asesinato del exmilitar nicaragüense, ocurrido el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica, y confirma que la investigación apenas está comenzando, pero esperan “mayor apertura” una vez el caso pase al Ministerio Público. Sin embargo, insiste en que cuentan con suficiente documentación que refuerza la hipótesis de que se trata de “un crimen político”.
Advierte que las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y el previsible proceso judicial que derive de ellas, podrían concluir que el Estado costarricense tiene responsabilidades por no brindarle la protección que requería.
El Estado nicaragüense también podría ser señalado, en caso que se compruebe que fue la dictadura quien ordenó cometer el crimen. Eso sería “una afrenta tremenda a la soberanía estatal… y a la soberanía democrática” costarricense, declaró en entrevista con CONFIDENCIAL.
Campos es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad Escuela Libre de Derecho, desde 1995. Además de haber escrito tres libros, y tener otros dos en preparación, también ejerce como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, donde imparte los cursos de Derecho Procesal Penal I y II. El letrado trabajará junto a la abogada española Almudena Bernabéu, del equipo Guernica 37, para representar a la familia de Samcam en la causa judicial.
Usted ha sido designado para representar a la viuda de Roberto Samcam en el proceso legal para demandar justicia sobre ese asesinato. ¿En qué estado se encuentra la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica?
La investigación apenas está en ciernes, en sus inicios. Este proceso, como todos los demás, tiene que pasar por esta investigación para averiguar, conforme a lo sucedido, quiénes podrían ser los autores del hecho. Desde nuestro punto de vista, esto es un homicidio diferente a cualquier homicidio común, por las eventuales implicaciones políticas que están detrás del caso.
¿Qué tipo de acciones legales pueden ejecutar ustedes en este momento?
Nosotros estamos apersonándonos en el proceso penal representando a la víctima, que es la viuda de Roberto Samcam, porque la ley permite que las víctimas tengan participación e incidencia en el proceso. Estamos averiguando los pormenores de la investigación que se está realizando con toda la cautela que esto conlleva porque es una investigación delicada, y cualquier fuga de información podría dar al traste con las investigaciones.
Muy pronto nos vamos a constituir en la figura de querellantes y actores civiles para tener una injerencia todavía mayor dentro del proceso penal. La querella significa una acusación privada muy similar o paralela a la que eventualmente haría el Ministerio Público, solo que estamos representando a la víctima. En la parte civil, sería eventualmente un reclamo indemnizatorio al que siempre tiene derecho cualquier víctima, y en este caso no es la excepción.
¿Son dos procesos separados o uno va a continuación del otro?
No, van de la mano. Dentro del proceso penal costarricense, al igual que en la mayoría de las leyes penales latinoamericanas, se puede hacer un reclamo civil dentro del proceso penal. Para ello tiene que haber un nexo de causalidad entre el hecho que produjo la responsabilidad penal y el que genera la responsabilidad civil.
Sobre el apoyo ofrecido por Estados Unidos
¿Han recibido información de las autoridades sobre los avances de la investigación?
Por el momento es mínima la información que hemos tenido. El caso está en manos de la Policía Judicial; en cualquier momento va a pasar al Ministerio Público. Es ahí donde se abre el mayor canal de información y comunicación entre los abogados de la víctima y el Ministerio Público.
Por el momento, siendo que el asunto se maneja todavía a nivel estrictamente policial, ellos son un poco más herméticos para brindar información. Creemos que en los próximos días vamos a tener un poco más de información y de injerencia en el proceso judicial.
El Departamento de Estados Unidos ha ofrecido apoyo al Gobierno de Costa Rica para investigar este asesinato. ¿Sabe si ellos están participando o si eventualmente irán a participar? ¿Se les permitirá que participen?
Tenemos conocimiento que sí están brindando apoyo, pero ellos no podrían tener injerencia en el proceso penal y hasta este momento no la tienen. Lo que sí podría ocurrir es que si tienen alguna información que sirva para que el caso avance, obviamente pueden hacer llegar esa información al Ministerio Público. Igual todas las informaciones que nosotros tenemos, las haremos llegar al Ministerio Público para que se pueda llegar hasta los responsables directos o materiales, y principalmente a los responsables intelectuales.
¿Qué tipo de información tienen ustedes?
Puedo decir de manera general, que está documentado que esto se trata de un crimen político y que efectivamente a don Roberto Samcam lo mataron por sus opiniones, por su participación, por las actividades que él llevaba a cabo en contra del Gobierno de Daniel Ortega. Estando él en una condición de refugiado político en Costa Rica, esto claramente es un crimen político. Eventualmente podría haber responsabilidad del Estado costarricense si no le dio la protección adecuada, por detalles y razones que ahorita no le puedo brindar, pero tienen vínculo con las actividades políticas que él realizaba.
La responsabilidad de la dictadura
Habla de responsabilidades del Estado costarricense… ¿en algún momento se ha considerado las posibles responsabilidades del Estado nicaragüense?
Por supuesto que sí, también las habría. Lo más preocupante es que si esto viene de una orden del Estado de Nicaragua y se está cometiendo un crimen en Costa Rica, claramente habría también una afrenta tremenda a la soberanía estatal. A la soberanía democrática de nuestro país, porque es una injerencia de otro país dentro del territorio costarricense, para cometer un crimen de carácter político.
¿Recuerda algún caso similar ocurrido aquí en Costa Rica?
Lo que recuerdo recientemente, que puede estar vinculado a esto mismo, son los dos intentos de asesinato en contra de otro opositor político, [se refiere al caso de Joao Maldonado], y que se vinculan también con su participación política como opositor en contra del Gobierno nicaragüense.
¿Tiene usted confianza en el OIJ para encontrar a los autores materiales y para identificar a los autores intelectuales de este asesinato?
Claro que sí. La Policía Judicial costarricense tiene altos índices de resolución de casos de homicidio, y estamos confiados en que ellos están haciendo el trabajo adecuado y en la dirección correcta. El único problema que habría para identificar y para llegar a los autores materiales, es que estos sean nicaragüenses y hayan huido hacia su país.
Eso no impediría, en caso que los identificaran, que pudieran ser juzgados en Nicaragua. Lo que pasa es que yo dudo mucho que en Nicaragua vaya a ser un juzgamiento imparcial e independiente, conforme al debido proceso, para responsabilizar no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales.
Si se llegara a identificar a estas personas, [y siguieran estando en Costa Rica], se les detendría inmediatamente. Inclusive, si se determina que huyeron hacia Nicaragua, podría emitirse una orden internacional de captura. La única forma en que podrían ser detenidos es si salen de territorio nicaragüense, en caso que tengan la nacionalidad nicaragüense. De lo contrario, no podrían ser extraditados.
Una pena mínima de 20 años de cárcel
¿Qué tipo de relación tiene usted como abogado con la abogada española Almudena Bernabéu y el grupo Guernica?
Ellos me contactaron para que yo asumiera en territorio costarricense como abogado con los debidos permisos para actuar en mi país, para que representara a la víctima. Ellos son los que tienen el contacto original con la viuda del fallecido. La relación ha sido meramente profesional, pero desde el primer día ha sido muy cercana y muy empática. Coincidimos exactamente en lo que pensamos, en lo que creemos y estamos totalmente en la mejor disposición de ayudar a Guernica 37, que me parece que hace un trabajo formidable en la consecución de justicia en los países de América Latina.
¿Qué espera usted de la Fiscalía costarricense cuando concluya la investigación del OIJ?
Cuando la Policía Judicial ya tenga avanzada la investigación, tiene que rendir un informe al Ministerio Público de Costa Rica, en el cual confiamos por su independencia e imparcialidad, y por su apego al principio de objetividad. Tanto doña Almudena como yo haremos lo que corresponda, confiando en que el Ministerio Público hará un trabajo lo mejor posible, y apegado al principio de legalidad. Doña Almudena tiene mucha experiencia en este tipo de investigaciones y persecuciones por crímenes políticos, y en ese sentido los insumos y la colaboración que ella me puede brindar a mí y al proceso judicial costarricense, serán de muchísimo valor.
¿Cuál es la pena máxima que contempla el ordenamiento jurídico costarricense para este tipo de delitos?
El delito de homicidio calificado tiene una pena de 20 a 35 años. Si se sumaran otros delitos, y estos sobrepasan los 50 años, la pena máxima con la suma de varias condenas penales sería de 50 años.
