Natalia Cuadra Dumke
30 de junio 2018
AA
Después de tantas tácticas dilatorias empleadas por el estado-partido-familia compuesto por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en el Diálogo Nacional— mediado por la Iglesia Católica—entre la Alianza Cívica y el Gobierno, finalmente este mismo ha enviado las invitaciones oficiales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Unión Europea para que entren al país y puedan comenzar a investigar las violaciones de los derechos humanos que el mismo gobierno ha perpetrado entre sus ciudadanos a través de una represión brutal que se vive en el país desde el 18 de abril.
La Alianza Cívica había suspendido el diálogo el 18 de junio porque pese a que el gobierno se había comprometido a dar entrada a estos organismos internacionales, no había enviado las cartas oficiales haciéndoles la invitación. Estas tácticas dilatorias de este gobierno represor que ya es responsable por 285 muertes (el número sigue en aumento) miles de heridos y cientos de desaparecidos según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Estas tácticas dilatorias son una clara manera de seguir ganando terreno frente a las demandas del 70% de la población quien les pide a gritos y con su propia sangre en las calles su renuncia. Ahora con esta carta oficial, les toca a los organismos internacionales moverse rápido y y seguir haciendo su trabajo de campo, ya que después de todo estamos ante una pareja de dictadores borrachos de poder (Ortega ha gobernado Nicaragua por 22 años en los últimos 39) quienes han demostrado ser capaces de hacer todo lo posible por no dejarlo.
La sesión que mantuvo en Washington el 22 de junio el Consejo Permanente de la OEA en donde Nicaragua fue el tema de agenda, el Secretario General Luis Almagro habló de adelantar las elecciones como salida a la crisis. Los plazos que da Almagro son 8 meses como mínimo y 14 como máximo. Esto significa que no tendríamos elecciones hasta marzo de 2019 como más temprano o agosto de 2019 como más tarde. El problema es que Nicaragua no tiene mucho tiempo y este sistema estado-partido-familia que nos ha impuesto la pareja presidencial lo sabe muy bien. Mucho puede pasar durante todo ese lapso de tiempo. El asunto se nos puede salir de las manos.
El trabajo que están haciendo la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país es por supuesto algo positivo, pero queda una tarea pendiente pero no menos importante. Aquí me refiero al tema de la democratización del país, un tema que los representantes del gobierno como el Canciller Denis Moncada ha tratado de evadir en la mesa del diálogo, pero que no obstante la OEA discutirá en su próxima sesión. Es aquí donde los nicaragüenses vamos a necesitar de todo el apoyo de los organismos internacionales para presionar más al gobierno a través de decisiones más radicales como las que ya comenzaron a implementar los Estados Unidos al retirarles los visados a altos miembros del Gobierno y el retiro de los vehículos donados a la Policía Nacional, precisamente porque han estado siendo usados para la represión del pueblo.
El problema con las fechas que plantea Almagro sobre las elecciones es que resultan demasiado tardías por dos razones principales: primero, Ortega seguirá ganando terreno, lo que resultaría en una posible amnistía para él, su familia. Esto en sí es un grave problema porque significa que ellos nunca serán juzgados por crímenes cometidos en contra de la población civil, por tanto, los fallecidos y sus familias nunca recibirán justicia. El segundo problema es que mientras esta pareja siga en el poder, es muy difícil, sino imposible en renovar el Consejo Supremo Electoral pues en la actualidad como bien todos sabemos, éste reconoce únicamente a dos jefes: Ortega y Madame Murillo. Creo que todos estamos de acuerdo en que no es suficiente que el expresidente del Consejo Supremo Roberto Rivas haya ‘renunciado’ (está claro que ante la presión de Almagro Ortega tuvo que destituirlo) pues la institución está completamente politizada. Mientras Ortega no abandone el poder ningún magistrado se moverá de su silla. Lo cual imposibilita una limpieza total de sus entrañas que permita unas elecciones limpias, transparentes y verdaderamente democráticas que los nicaragüenses no hemos tenido en once años.
Esta es la única oportunidad que tenemos los nicaragüenses de construir un nuevo país donde impere la ley con instituciones independientes del estado. Como bien lo ha dicho en el programa Esta Noche el exembajador de Nicaragua ante la OEA José Luis Velásquez, sino actuamos con rapidez en lo que respecta la democratización del país no estaríamos haciendo nada más que repitiendo “el mismo ciclo de violencia” de los últimos doscientos años en la historia de Nicaragua: el establecimiento de un caudillo, la lucha armada para destituirlo seguido de una guerra civil (en este caso cívica) y luego una intervención para luego repetir la misma historia cayendo así en un “espiral de rebelión-represión”.
Una vez que la OEA haya establecido una fecha definitiva para las elecciones, Nicaragua necesitará de garantes internacionales como la Unión Europea—que por cierto se ha pronunciado muy tajantemente ante el Parlamento Europeo sobre este gobierno tiránico— para que apoyen el proceso de transición y podamos finalmente tener elecciones libres. Pero para que los organismos internacionales actúen rápido en relación a esta materia, somos nosotros los nicaragüenses lo que tenemos que seguir presionándolos para que nos ayuden en esta causa justa porque los Nicaragüenses nos merecemos eso, no seguir emigrando, huyendo de las matanzas del caudillo del momento.
Si los nicaragüenses no seguimos presionando a los organismos internacionales acabaremos como Venezuela, como una nota de pie de página en la prensa internacional. Aparecemos en las páginas de la prensa internacional como una noticia más de un dictador que se rehúsa a levantarse de su trono porque simplemente no se le da la regalada gana.
La autora tiene una Licenciatura en periodismo de la University of King College (Canadá) y un Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del español como Lengua Extranjera por la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid). Actualmente labora como profesora de español en Mount Allison University (Canadá).
