3 de mayo 2023
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Líderes indígenas señalan a la diputada sandinista del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Élida Galeano Cornejo, conocida como “Comandante Chaparra” y la coordinadora general del Gobierno Territorial Indígena Mayangna Sauni As, Brenda Taylor Frank, de mover influencias para liberar a colonos que invadieron territorio indígena, mientras la lista de comunitarios asesinados a sangre fría por invasores sigue en aumento.
En una carta compartida por el ambientalista, Amaru Ruiz, se lee que la diputada sandinista le pide al jefe de la Policía Nacional de Bonanza, Oscar Alemán, liberar a José Reyes Martínez, quien supuestamente es miembro de la Asociación Resistencia Nicaragüense Israel Galeano y del Movimiento Político Alianza Resistencia ARNIC-FSLN. Sin embargo, ha sido identificado como invasor del territorio indígena.
“Mediante la presente le solicito de manera muy especial su valioso apoyo en el caso del sr. José Alejandro Reyes Martínez, que se encuentra en la posesión de manera pacífica y cultivando la tierra en el lugar conocido como San José de Waspuco, del municipio de Bonanza, quienes constan con un aval de posesión emitido por el Gobierno Territorial Mayangna Sauni As", escribe la Galeano, quien es diputada del Parlacen desde 2016 y antes fue diputada nacional de la Alianza FSLN.
Ruiz sostiene que Galeano ha sido señalada en varias ocasiones de traficar tierras indígenas en las reservas Indio Maíz y Bosawás, por lo cual los líderes indígenas han recabado pruebas en su contra.
Negocian liberación de colono arrestado
Por su parte, el grupo Guardabosques Sauni As denunció en su cuenta de Facebook que Taylor Frank, y Valeriano Antolin, del Consejo Territorial, ambos con influencia sandinista, negociaron la liberación del colono Juan Mejía, quien fue detenido hace un semana por la Policía de Bonanza por usurpar una propiedad de manera ilegal y amenazar a líderes comunitarios, con su abogado.
“Todas estas situaciones son muy preocupantes a nivel territorial y es muy urgente realizar una asamblea para plantear esta situación como mandata la ley: destituir de sus cargos por violar los reglamentos, las leyes que están regidas a los pueblos y comunidades indígenas”, lamentaron.
Los comunitarios también agregaron que “en vez de buscar evidencias y capturar a los otros delincuentes que circulan en el territorio, ahora están negociando con dinero, negociando a que nos sigan asesinando. Es muy difícil esta situación”.
Tanto Taylor Frank como Antolin fueron electos en enero de 2022 en proceso que presentó varias anomalías, iniciando porque ni siquiera se realizó cuando correspondía, en septiembre de 2021, y finalmente la mayoría de escogidos son afines al régimen de Ortega.
En Nicaragua, la invasión de colonos en territorios indígenas ha provocado la muerte de al menos 71 comunitarios miskitos y mayangnas en la última década, reveló un reportaje de CONFIDENCIAL. El último asesinato ocurrió el 24 de abril, en Territorio Indígena Mayangna Sauni As y se trató el comunitario Bernabé Palacio, de 44 años, quien fue atacado junto a su esposa e hijo cuando salieron a realizar labores agrícolas. Palacio fue asesinado a balazos y posteriormente fue degollado.
En paralelo a estas muertes a sangre fría, otro centenar de comunitarios indígenas han sido víctimas de secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, traumas psicológicos y heridas que los han dejado con amputaciones o en estado cuadripléjico, en el peor de los casos. En estos casos ha predominado la impunidad a pesar del clamor de justicia de los comunitarios.
CIDH pide medidas provisionales para comunidades indígenas
En lo que va de 2023, se han reportado al menos seis ataques que han dejado siete comunitarios miskitos y mayangnas fallecidos. Por este incremento de violencia, el pasado 26 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales a las comunidades indígenas Musawas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As, ubicadas en la Costa Caribe Norte.
“La Comisión consideró que los pobladores de las comunidades identificadas se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos”, detalló la CIDH.
Asimismo, destacaron que estas comunidades han ocurrido “consistentes en amenazas de muerte, secuestros, presencia de terceros fuertemente armados en busca de apropiarse de las tierras de la comunidad” y el asesinato violento de miembros de la comunidad por parte "colonos". Esta situación ha provocado el desplazamiento forzado de los comunitarios indígenas.
La CIDH subraya que ellos ya habían emitido medidas cautelares a favor de los indígenas de estas comunidades. Por lo cual, solicitaron información sobre estos casos al Gobierno de Nicaragua, pero no recibieron respuesta.
