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El Frente Sandinista se embolsará en 2026 hasta 1543 millones de córdobas, mediante la deducción del 2% al 10% del salario de los trabajadores del Estado. La deducción “ilegítima” se impuso a partir de mayo, sin que muchos servidores públicos estuvieran conscientes de adquirir esa “obligación”, después de que los presionaran a firmar varios documentos sobre sus declaraciones patrimoniales.
Desde mayo, la deducción partidaria se ha realizado mensualmente a los trabajadores del Estado, aunque violenta las leyes laborales de Nicaragua. Según el Código del Trabajo, las únicas deducciones obligatorias para los asalariados, incluidos los del Estado, son:
- 7% de cotización al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS);
- Retención del Impuesto sobre la Renta (IR), que puede ir desde el 15% hasta el 30% según la escala salarial anual establecida por la Dirección General de Ingresos (DGI);
- Deducciones por órdenes judiciales, como pensiones alimenticias o embargos salariales por cobros judiciales, y
- Retenciones autorizadas por el mismo trabajador.
Dado que el aporte partidario no figura en la ley, esta deducción “no es legítima, ni desde el punto de vista político partidario —como miembro de la organización— ni es legítimo como trabajador del Estado”, advierte el abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán.
Entre 308 millones y 1543 millones del erario público
Los montos de los salarios de 24 instituciones del Estado, establecidos en el Presupuesto General de la República de 2026, ascienden a 23 146 millones de córdobas, sin incluir el aguinaldo y otras prestaciones de ley. De estos, 15 430 millones de córdobas se pagarán entre mayo y diciembre de ese año, según un análisis de los datos oficiales realizado por CONFIDENCIAL.
Las deducciones ilegítimas van del 2% al 10%. Sobre la base de un “aporte partidario” del 2% de la planilla estatal, el FSLN recaudaría mensualmente 38.5 millones de córdobas, sumando 308.6 millones entre mayo y diciembre. En tanto, si la deducción se calcula sobre la base del 10%, el monto se eleva a 192.8 millones de córdobas mensuales, que equivalen a 1543 millones de córdobas en ocho meses.
Entre las instituciones del Estado con mayores confiscaciones salariales destacan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia.
Los “aportes de militantes” son uno de los ingresos tradicionales en el FSLN. Sin embargo, hasta mayo de 2026 estos no eran una obligación para todos los trabajadores del Estado ni tampoco se deducían de la planilla.
Un reportaje de CONFIDENCIAL sobre las finanzas del FSLN reveló que, según sus estados financieros publicados en el Diario Oficial La Gaceta, el partido rojinegro está en quiebra “técnica”, con una abultada deuda. Según esos estados financieros, los “aportes de militantes” son uno de los tres ingresos regulares de la organización, aunque estos no superan el 30% de sus ingresos anuales desde 2011.
En 24 estados financieros, publicados entre 1999 y 2025, el Frente Sandinista reportó una suma superior a los 6000 millones de córdobas en ingresos. De ese total, 1079 millones de córdobas (un 17.8%) corresponden a “aportes de los militantes”.
El reportaje detalla que el FSLN sostiene sus operaciones en ingresos “opacos”. La partida de “otros ingresos” —de la que se desconoce su origen— suma 4943 millones de córdobas, que representan más del 81.5% del total, según las cifras oficiales del partido. Sin embargo, analistas y politólogos sostienen que la supuesta insolvencia en los registros partidarios no es un indicador de la capacidad económica real del Frente Sandinista, sino una estrategia de ocultamiento.
Presionados para aceptar militancia sandinista
Carlos, un trabajador del Ministerio de Salud a quien Hacienda le deduce 870 córdobas de su salario como “aporte partidario”, asegura que la reducción se aplicó “pareja” en toda la institución. En un primer momento, relata, hubo mucha confusión entre los trabajadores que no entendían cómo se autorizaron las deducciones. Sin embargo, luego comenzó a circular que estas fueron autorizadas por ellos mismos cuando firmaron sus declaraciones patrimoniales obligatorias.
“Cuando vos entras (a trabajar), regularmente en enero, firmas un documento donde decís quiénes son tu papá, tu mamá, si es sandinista o si no es, tus tíos, tus primos, tu abuela, toda la descendencia, hasta la que está muerta… Cuántos están en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Costa Rica… Son como cinco hojas legales a los dos lados”, detalla Carlos.
Agrega que ese documento, que obligan a firmar a todos los trabajadores del Estado, es una declaración patrimonial donde también deben detallar “cuántas propiedades tienen, cuántos ingresos, quiénes reciben remesas… Todo”. Y, al final del documento, “firmás si sos militante o no”.
De acuerdo con el trabajador estatal, la deducción fue aplicada a “todos aquellos trabajadores que firmaron que eran militantes del partido”. Sin embargo, reconoce que muchos de esos trabajadores aceptaron la militancia sandinista por temor a represalias de sus superiores o por miedo a ser despedidos.
Comenta que la esposa de un primo, que también trabaja en una institución del Estado, no aceptó la militancia sandinista. “A ella no le dedujeron” el aporte al partido, dice, pero “la tienen atascada de trabajo” y “está esperando a ver qué represalias toman”.
La trampa de los estatutos para confiscar salarios
El artículo 13, inciso A, de los estatutos del FSLN, establece que los militantes sandinistas “asumen un compromiso pleno, consciente y disciplinado con todo el quehacer partidario, y entregan regularmente las cuotas establecidas” para financiar el trabajo del partido “en todos los niveles”.
Al declararse militantes del FSLN —aunque sea para no perder sus trabajos o evitar represalias— los trabajadores del Estado adquieren la obligación de aportar para la “sostenibilidad” del partido, de acuerdo con sus estatutos.
Sin embargo, aunque los estatutos establecen la obligación de un “aporte” a sus militantes, y los trabajadores del Estado han sido obligados a afiliarse, las cuotas nunca se habían deducido por planilla hasta el pago de mayo de 2026.
El abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán argumenta que no le compete al Ministerio de Hacienda hacer retenciones a los trabajadores para luego trasladarlas a un partido político.
Los estatutos del FSLN no establecen un monto para el aporte mínimo ni tampoco el partido había acostumbrado un aporte obligatorio mínimo. Lo único que sí está establecido en su artículo 112, es un aporte de hasta 10% para quienes ocupan cargos de elección popular, como diputados, alcaldes, concejales, o funcionarios de Gobierno.
A la fecha, no hay claridad sobre a cuántos trabajadores del Estado les están deduciendo el “aporte” ni cuánto asciende el porcentaje exacto para cada uno.
En 2025 —según los estados financieros del FSLN— el monto por “aportes de militantes” fue de 108.67 millones de córdobas (un 16.4% del total de 662.44 millones reportados en el año).
Partiendo de esa cifra, en solo ocho meses de 2026, el FSLN casi triplicaría ese ingreso con la deducción mínima de un 2%, mientras que con el cobro del 10% el monto se multiplicaría por más de 14 veces.
Del cobro de pasillo a la confiscación en planilla
Hasta abril de 2026, las cuotas partidarias eran cobradas “en efectivo” por delegados del FSLN en las instituciones públicas, explica Morazán, quien fue militante sandinista hasta 2018. Esos delegados del partido llegaban a las oficinas “con una lista” a cobrar una cuota estimada del 1% del salario de cada trabajador.
La cuota “se basaba supuestamente en el 1% del salario, pero no era tan estricta la forma de tasar el 1%. Por ejemplo, se sabía que los secretarios pagaban 50 córdobas, los jueces locales pagaban 150, los jueces de distrito 300 y los magistrados 500 córdobas”, detalla el exfuncionario judicial.
Aquellos cobros de pasillo se hacían bajo coacción, porque “no cumplir con esa cotización tenía consecuencias laborales e incluso podías perder el empleo”, relata. Sin embargo, denuncia que ahora “pasaron de la coacción a la acción directa”, al convertir el cobro en un descuento automático en la nómina del Estado.
Mayor “impuesto partidario” a salarios raquíticos
Esta institucionalización del cobro también vino acompañada de un incremento generalizado en las cuotas. Morazán apunta que el régimen de Ortega y Murillo no solo incluyó el “aporte partidario” en la planilla estatal, sino que también aumentó los montos establecidos.
“Una jueza de distrito pagaba 300 córdobas, un magistrado pagaba 500, y ahora conozco magistrados que están pagando 3000 córdobas. Eso sin tomar en consideración los cupones de combustibles que los coaccionan a entregar para actividades político-partidarias”, subraya Morazán.
Esta realidad también la confirma Raquel, una maestra de Managua a quien Hacienda le deduce 200 córdobas de su salario, y quien percibe esta retención como un “impuesto partidario”. La docente enfatiza que, aunque parece poco, la deducción impacta negativamente en su economía porque, sostiene, “los maestros ganamos poco”.
Raquel señala que los maestros pasaron de aportar 100 córdobas al partido, a pagar montos que van desde 200 hasta 1000 córdobas, “dependiendo del salario”. Esta situación refleja el aumento en la cuota impuesta desde la cúpula del partido.
A su vez, la confiscación salarial termina de borrar las últimas líneas entre el Estado, partido y familia, controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, consolidando —concluye Morazán— la lógica de la dictadura de que “los cargos públicos le pertenecen al partido”, incluidos los porcentajes de los salarios.
