13 de febrero 2018
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Las revelaciones realizadas por CONFIDENCIAL sobre el último vuelo chárter del magistrado Roberto Rivas y un palacete de nueve millones de euros en Madrid, España, que sirve de domicilio a su empresa STINR SL, generó reacciones de estupor entre diversos sectores sociales y políticos del país. Sin embargo, las autoridades gubernamentales mantienen un silencio absoluto sobre el magistrado del CSE, sancionado por corrupción por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y protegido por el presidente Ortega.
CONFIDENCIAL consultó a la Contraloría General de la República (CGR) y preguntó sobre el trabajo de los contralores, que están facultados a investigar al magistrado Rivas Reyes, a propósito de las publicaciones periodísticas y de los señalamientos de enriquecimiento ilícito por el crecimiento de su patrimonio, más allá de lo que sus ingresos pueden soportar. En la Oficina de Probidad de la CGR dijeron que la única persona que podía responder esta pregunta es el presidente de esta institución del Estado, Luis Ángel Montenegro, y solicitaron que enviáramos "una carta".
La tarde de este lunes presentamos una carta dirigida al contralor Montenegro para conocer si está en marcha una investigación sobre el patrimonio del magistrado del CSE, pero la recepcionista Rosa Martínez recibió la misiva y no precisó cuándo iban a tener una respuesta.
El pasado mes de enero el contralor Montenegro expresó al canal 100% noticias que si el magistrado Rivas ganaba 60 mil dólares o tenía otros negocios, eso no competía a la CGR como institución. “No hemos hecho ninguna evaluación, nadie ha llegado a la Contraloría a ver su declaración. Si uno la pide, uno actúa de acuerdo con la Ley, y si el dueño de (la) declaración dice que no se vea, no se verá. No tengo por qué andar especulando si gana 60 mil y si tiene mansiones, yates, aviones, no me llama la atención. No tengo por qué andar especulando”, aseguró Montenegro.
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Roberto Rivas lleva 54 días desaparecido de la agenda pública desde que el Departamento el Tesoro lo sancionara por fraude y corrupción a través de la Ley Global Magnitsky. La semana pasada la Asamblea Nacional reformó la Ley Electoral para trasladar las funciones del presidente del Consejo Supremo Electoral al vicepresidente de ese poder del Estado, Lumberto Campbell, aunque Ortega mantiene a Rivas en el cargo, ofreciéndole la protección del Estado.
“¿Cuánta información tiene Rivas de Ortega, para gozar de semejante protección? Nadie lo está investigando, nadie le está quitando la protección. Él está cubierto bajo el manto de la familia Ortega–Murillo”, comentó la comandante guerrillera y ex presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Dora María Téllez.
Una investigación a fondo
CONFIDENCIAL también solicitó información a la Fiscalía General de la República. La llamada fue contestada por Mesalina Rivas, del área de Relaciones Públicas. La funcionaria expresó que la solicitud se le hiciéramos llegar a través de un correo electrónico. Tampoco precisó el día en que se brindará alguna respuesta.
De igual manera intentamos comunicarnos con la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Mirta Mercedes Carrión Cano, sin embargo, la representante no atendió el celular.
Armando Herrera, exdiputado del Partido Liberal Independiente y expresidente de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, afirmó que a raíz de las publicaciones periodísticas y de los señalamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito de Rivas, la primera acción de la comisión dirigida por Carrión Cano, debería ser llamar al presidente del CSE para que aclare “esos asuntos”.
Herrera explicó que la reglamentación de la comisión faculta a esta oficina de la Asamblea Nacional para que llame directamente a la CGR y la increpe para que investigue a Rivas Reyes.
“La comisión debería manifestarse de inmediato, porque se está señalando a un alto funcionario del Estado, al presidente de uno de los poderes del Estado, sin embargo, lo que vemos en la comisión actual es que tienen un comportamiento de secretaria política del Frente, que trata de manejar con mucha impunidad todos estos casos”, expresó Herrera.
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La contralora María Dolores Alemán, hija del expresidente Arnoldo Alemán y socio político del comandante Ortega, al igual que el presidente de la contraloría, también se declaró incompetente, al ser consultada por CONFIDENCIAL, para iniciar algún proceso contra Rivas.
“Como persona no podemos (investigarlo). Podemos investigar a la institución. Leé la ley”, recomendó Alemán. “No tenemos la facultad. Eso le toca a la Fiscalía. Nosotros somos a posteriori. ¡No podemos, no podemos! Tendrías que cambiar la ley, porque no lo contempla”, excusó ante los señalamientos de corrupción de Rivas como funcionario público.
Agustín Jarquín Anaya, excontralor de la República, contradijo a los actuales contralores: “Esa es la obligación, la función de naturaleza de esa institución”. El también exdiputado aseguró que la Contraloría bien puede sancionar a personas que fungen como funcionarios públicos. Para ejemplificarlo, aseguró que la declaración patrimonial que entrega un funcionario “es personal”.
“La declaración de probidad que entregan los funcionarios electos o designados que tienen un nivel alto, ya sea por el salario o por el volumen de recursos que manejan, se las entregan a la Contraloría para su custodia, y eso es un referente de su desempeño como funcionario”, refutó Jarquín Anaya. “Si ellos tienen un incremento patrimonial alto durante su ejercicio como funcionario, tienen que explicarlo. La Controlaría en cualquier momento puede requerir esa explicación”, insistió a CONFIDENCIAL.
Cuando un funcionario público es sospechoso de enriquecimiento ilícito o de otro acto ilegal, la Contraloría realiza exámenes y distintos procesos para poder evaluar si existen deficiencias o falta de recursos que no se ejecutaron en una institución, detalló Jarquín.
“La ley establece responsabilidades de carácter administrativo, civil o presunción penal a las persona. ¿Cuándo has visto que una institución se lleva a un juicio penal?”, explicó el excontralor.
Estupor e ira en las redes
En las redes sociales se generó un clamor demandando una explicación del por qué un magistrado que gana 5 000 dólares mensuales, puede pagar mansiones de lujo, jets y vuelos carísimos.
El usuario William Ramírez Cuadra escribió “¿Quieren saber cuánto nos cuesta al pueblo los gustitos de Roberto Rivas? Su regreso de vacaciones en España en jet de lujo costó 130 mil euros, que equivalen (más o menos) a unos 4, 160 millones de córdobas. Poniendo un salario normal de ocho mil córdobas mensuales... solamente su viaje en ese jet lujoso con su familia, equivaldría al salario de 333 mil trabajadores en un mes. ¿Les parece moral, honesto, justo o solidario de parte Ortega y la Chayo encubrir esta pudrición?”.
Wayner López expresó: “qué degenerados, mansiones, jets y toda mierda de lujos y el salario mínimo por el suelo”.
Rafael Guardado comento que “¿imagínense todos los bienes que este hp ha comprado con su raquítico sueldo y limitada venta de café? ¿Y siendo un simple magistrado? Cuánto tendrán la parejita de famosos que han gobernado toda la vida y por lo que veo se perpetuarán en el gobierno”.
[destacado titulo="El palacete de Madrid"]
Localización de la mansión en la zona de Conde Orgaz, en Madrid. Foto: Google.
CONFIDENCIAL publicó un reportaje especial sobre el palacete de Roberto Rivas, localizado en una de las zonas residenciales más lujosas de Madrid, España. Un “chalecito” de 1,545 metros cuadrados de construcción, valorado en nueve millones de euros, registrado como domicilio social de la empresa Inversiones Generales STINRO SL (Sociedad Limitada), perteneciente a la familia del magistrado Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Documentos en poder de CONFIDENCIAL revelaron que STINRO SL se registró en el lujoso domicilio hace poco más de un año, con un capital base de tres mil euros. En teoría la compañía tuvo que presentar sus cuentas de ese año al registro mercantil español antes de junio del 2017, sin embargo, no lo hizo.
La empresa del magistrado Rivas es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo tanto, en caso de contraer deudas no se responde con el patrimonio personal de los socios. Dicho en otras palabras, el patrimonio de Rivas y sus hijas está blindado.
Aunque la CGR tiene la facultad para realizar una investigación a Rivas, el expresidente de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, no ve una posibilidad de que se lleve al banco de los acusados al todavía presidente del CSE.
“No hay posibilidad de que con una Comisión de Probidad sumisa y sometida a un régimen totalitario, que solo responde a la familia Ortega, se logre investigar a Rivas. No lo van a hacer porque lastima el interés de Ortega, porque nos daríamos cuenta de la corrupción y putrefacción que existe”, enfatizó Armando Herrera, exdiputado del Partido Liberal Independiente.
Respecto al argumento que dio el presidente de la CGR, Herrera argumentó que lo dicho por Montenegro es una falacia, pues la reglamentación de esta institución del Estado, faculta y obliga a al contralor a realizar esos “menesteres”.[/destacado]
