18 de marzo 2023
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A un mes de cumplirse el quinto aniversario de la brutal masacre contra la Rebelión de Abril de 2018, en Nicaragua no ha habido acceso a justicia, por “falta de voluntad” y por el “control total” del aparato estatal por parte de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que fueron los mismos que ordenaron las sistemáticas medidas represivas, catalogadas en el documento como “crímenes de lesa humanidad”, sostiene el informe final del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), presentado durante el 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe señala que la Policía, institución encargada de investigar los delitos, actuó de manera coordinada con grupos progobierno para cometer “ejecuciones extrajudiciales” durante la represión de las protestas. Así lo confirmaron en el análisis de 40 muertes, los tres especialistas del GHREN, quienes investigaron durante un año las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Con el fin de corroborar “los patrones identificados” examinaron otras 75 muertes.
El Grupo apunta que “tiene motivos razonables para creer que los autores materiales de cada uno de esos casos utilizaron fuerza letal de manera arbitraria, deliberada y sistemática, con la intención de matar a las víctimas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves, con el conocimiento razonable de que éstos podrían ocasionar la muerte”.
Detallan que pudieron constatar, de acuerdo con los registros elaborados por diversas fuentes, que entre un 70 y un 80 por ciento de las muertes en los diferentes municipios del país “se produjeron por lesiones causadas por impactos de bala”.
De las 40 ejecuciones investigadas por el GHREN, 39 de las víctimas fallecieron por heridas causadas por armas de fuego y “todas ellas presentaron impactos de bala en zonas vitales”.
El documento destaca que la información recabada indica que “las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra las personas manifestantes”. Así lo confirmaron al analizar las zonas impactadas por los proyectiles de arma de fuego en los cuerpos de los manifestantes.
“El número elevado de víctimas que sufrieron impactos en zonas vitales pone en evidencia que el objetivo de los actos de represión por parte de los elementos de la Policía Nacional y/o de grupos armados progobierno, no fue detener o herir a las personas manifestantes, sino matarlas”, asegura el informe.
Recalcan que previo a la represión de las protestas en 2018 existían antecedentes que “permiten entender como un escalamiento cuantitativo y cualitativo de la violencia que venía ejerciéndose por el Estado desde años atrás”. Los expertos afirman que “en la mayoría de los casos, las responsabilidades por dichos actos nunca fueron esclarecidas, contribuyendo a generar una percepción de impunidad que permitió que la violencia contra las personas manifestantes se extendiera a gran escala en 2018”.
Pero no solo eso. Sino que quienes ordenaron y permitieron la violenta represión fueron: Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ortega y Murillo: el círculo de la impunidad
El informe señala que Daniel Ortega y Rosario Murillo movilizaron todo el aparato del Estado, incluyendo instituciones públicas, entidades políticas y actores privados afines al Gobierno “para implementar sistemáticamente una serie de medidas y actos con el fin de reprimir toda forma de protesta y actividad considerada ‘disidente’ y asegurar de esta manera su permanencia en el poder”.
Daniel Ortega junto al director de la Policía, Francisco Díaz, participan del desfile "Centinelas de la paz", en ocasión del 42 aniversario de la Policía.
Foto: Presidencia
La implementación de esas medidas y actos resultó en “la comisión sistemática de graves violaciones y abusos de los derechos humanos por estas instituciones, entidades y grupos” y formaron parte de un “plan común para reprimir a la población opositora o percibida como tal, con el fin de eliminar toda disidencia”.
Menciona que el presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y las altas autoridades del Gobierno “compartieron la intención de perpetrar sistemáticamente” las violaciones “y se valieron de los otros poderes y autoridades del Estado y de grupos armados progobierno para ello”.
Paradójicamente, las instituciones que acataron las medidas orientadas por Ortega y Murillo para reprimir las protestas son las mismas que, en teoría, deberían investigar los delitos cometidos y establecer responsabilidades individuales. Tal situación fue posible porque en Nicaragua ya se perdió la institucionalidad, la separación entre los poderes del Estado es inexistente y los funcionarios públicos responden a la voluntad de la pareja gobernante.
Por ello, el GHREN cree que “sin las acciones” de Ortega y Murillo, “las violaciones y abusos sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes” que documentaron “no se habrían realizado o se habrían realizado de una manera significativamente diferente”.
“Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron conscientes de las circunstancias de hecho que les permitieron ejercer un control conjunto sobre la comisión de los crímenes. Este control conjunto fue posible debido a la naturaleza organizada y jerárquica de las autoridades del Estado, la fuerte implantación a nivel nacional y territorial de las estructuras de liderazgo del FSLN, y la presencia sistemática de grupos armados progobierno, lo que aseguró el cumplimiento eficaz de las órdenes dadas por el presidente Daniel Ortega y su círculo cercano”, precisa el informe.
Además, el GHREN apunta haber recabado “abundante información” que indica que estos grupos actuaron de manera coordinada, tanto en intervenciones conjuntas como separadas. Incluso el informe menciona que hay motivos razonables para creer que actuaron “con el beneplácito de autoridades de alto nivel del Estado, garantizando una total impunidad por sus abusos”.
No existen investigaciones reales
El régimen de Ortega ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia, incluida las muertes, a las personas que participaron en las protestas, las cuales califican como un “intento golpista”. Por ello el informe señala que el Gobierno “no ha reconocido ninguna instancia de uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional, ni la comisión de ninguna acción delictiva por parte de grupos armados progobierno”.
La Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, recibiendo en 2019 un reconocimiento del ahora director de la Policía, Francisco Díaz. Ambos son fichas claves en el sistema represivo de Daniel Ortega. Foto/Policía
El informe recuerda que el 30 de abril de 2018, la Asamblea Nacional estableció la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP) con el mandato de recopilar información, analizar y establecer los hechos. Sin embargo, los expertos indican que “los hallazgos” que presentaron fueron “versiones de los hechos que reprodujeron el discurso oficialista y culpabilizaron a las propias personas manifestantes de las muertes”.
“El GHREN no tiene conocimiento acerca de ningún proceso penal contra agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, o contra personas integrantes de grupos armados progobierno por las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidas desde el inicio de la represión a la protesta social en 2018”, precisa el texto.
Por el contrario, numerosos testigos entrevistados por el Grupo de Expertos “reportaron prácticas por parte de las autoridades competentes que obstaculizaron y obstruyeron los procesos para esclarecer las circunstancias de las muertes y obtener justicia en los casos de ejecuciones extrajudiciales”.
También mencionan que varios testimonios recabados señalaron que algunas fiscalías se negaron a recibir las denuncias referentes a la muerte de sus familiares y en casos en que las aceptaron, “el personal del Ministerio Público no llevó a cabo las diligencias necesarias para impulsar la investigación, como la realización de autopsias, peritajes balísticos y acciones de preservación de la escena del crimen y custodia de evidencias”.
“En varios casos, horas después de los ataques armados, civiles procedieron a limpiar las calles de los casquillos, sangre y otros elementos que habrían servido para la investigación, inclusive confiscando imágenes de cámara de negocios que habían podido grabar los hechos”, precisa el informe del Grupo de Expertos.
La autoamnistía del régimen
En el informe final revelan que algunos familiares que indican haber acudido en varios momentos al Ministerio Público “para obtener información sobre el avance de las investigaciones recibieron en los mejores de los casos respuestas evasivas y, en los peores, intimidaciones”.
De izquierda a derecha los diputados: Alejandro Mejía Ferreti (ALN), Wilfredo Navarro (MLCI), Gloria Dixon (FSLN), Gustavo Porras (FSLN), Arling Alonso (FSLN), Gladys Báez (FSLN) y María Haydeé Osuna (PLC), la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el año 2022. Foto: Asamblea Nacional.
En algunos casos se les instó a los familiares a que solicitaran información sobre la investigación a la Policía Nacional, a quienes estas personas responsabilizaban de la muerte de sus seres queridos.
Otros familiares reportaron actos de vigilancia, intimidación y amenaza por parte de funcionarios públicos, en particular de elementos de la Policía Nacional “que realizaban rondas de patrullaje o se apostaban en el exterior de sus viviendas”.
Los expertos informan que, en otros casos, las personas reportaron que “recibieron visitas de funcionarios estatales que les ofrecieron algo —sumas de dinero, ayuda, atención médica, trabajo— a cambio de que cambiaran su versión de los hechos”.
Una de las medidas “orientadas a garantizar la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos” fue la adopción de la Ley de Amnistía aprobada el 8 de junio de 2019, que para el GHREN “dejó sin efecto los cargos contra todas personas involucradas en la comisión de crímenes en el contexto de las protestas sociales, incluidas aquellas personas vinculadas al Estado e integrantes de grupos progobierno que actuaron con el beneplácito del mismo”.
El artículo 1 de dicha Ley, aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, establece que “las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias, al momento de entrada en vigencia de la presente Ley”.
La impunidad desde las instituciones del Estado
El Grupo de Expertos concluyó que el Poder Judicial, “ejecutando las instrucciones directas de la Presidencia, desconociendo la separación de poderes, su independencia e imparcialidad, y funcionando como una estructura jerárquica y vertical que garantiza el cumplimiento de las instrucciones de las altas jerarquías del Estado, fue movilizado sistemáticamente con el fin de llevar a cabo la instrumentalización del derecho penal como herramienta de persecución de las personas opositoras, reales o percibidas”.
El magistrado de Apelaciones, Ernesto Rodríguez Mejía, lee una sentencia contra 94 nicaragüenses. // Foto: Tomada de El 19 Digital
Esta falta de independencia del sistema judicial constituye, a juicio de los expertos, uno de los factores estructurales que han contribuido a las violaciones y abusos de derechos humanos.
“El uso indebido del sistema de justicia para perseguir constreñir el ejercicio de libertades fundamentales y la impunidad prevalente frente graves violaciones a los derechos humanos no sólo constituyen violaciones del derecho al acceso a la justicia, sino que también han facilitado la perpetuación y el escalamiento de otras violaciones y abusos”, precisan.
En el caso de la Policía Nacional y el Ministerio Público, el informe indica que “operaron de manera conjunta para generar sistemáticamente acusaciones fabricando prueba, instruyendo a testigos de cargo y redactando escritos de acusación que no se ajustaban a la realidad”.
Otros informes que han denunciado la impunidad
Precisamente ante la falta de voluntad del Gobierno de Nicaragua para combatir la impunidad, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló al Consejo de Derechos Humanos la necesidad de establecer un mecanismo para investigar, identificar, procesar y sancionar a los presuntos responsables de las muertes de personas en el contexto de las protestas.
Reconstrucción de la masacre del Día de Madre muestra que los disparos fueron realizados en el costado noroeste de la Universidad Nacional de Ingeniería || Reproducción Esta Semana
Según la OACNUDH, la falta de voluntad del Gobierno de garantizar la rendición de cuentas y la consolidación de la impunidad para los perpetradores de violaciones de los derechos humanos, dieron lugar a la reiteración de violaciones a los derechos elementales de los nicaragüenses. Por lo que en su informe para el 49º período de sesiones del Consejo, recomendó la creación del GHREN.
Ya en su primer informe de 2018, OACNUDH había recomendado al Consejo y a la comunidad internacional la creación de una Comisión Internacional de Investigación o una Comisión de la Verdad híbrida (nacional–internacional). Varias organizaciones nicaragüenses e internacionales de la sociedad civil, entre ellas organizaciones de víctimas, también solicitaron al Consejo la creación de un mecanismo real de investigación.
También el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en 2020 llamó a los países de la OEA y la ONU a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el orteguismo durante la rebelión de 2018. Señalaron que “desafortunadamente, no existe ningún avance en el juzgamiento y la sanción de las graves violaciones de derechos humanos”.
En agosto de 2022, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) señaló la persistencia en Nicaragua de un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal a las protestas sociales.
Luego de la presentación del informe del GHREN, delegaciones de siete países en el Consejo de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la coalición Nicaragua Lucha demandaron la renovación del mandato del Grupo de Expertos para que se continúen investigando las responsabilidades individuales en la masacre.
El papel de los violadores de derechos humanos
Los autores de actos de tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes “gozaron de impunidad general”, según constató el GHREN. A pesar de las múltiples denuncias de la población “estos actos no han sido objeto de investigaciones o sanciones” por parte de las autoridades nicaragüenses.
Policía y grupos paramilitares trabajaron de forma coordinada en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, señalan expertos en derechos humanos de la ONU
Foto: Confidencial
Muestra de esa “impunidad general” es la práctica habitual de actos de tortura y malos tratos contra la población carcelaria y sus familias, que ha sido denunciada desde antes de la crisis de derechos humanos de 2018. Sin embargo, el fenómeno persiste debido a la impunidad generalizada y la ausencia de mecanismos efectivos de prevención de la tortura.
Los expertos de la ONU también advierten que existe una “obstrucción deliberada y sistemática de los procesos de rendición de cuentas por parte de las autoridades, y la omisión por parte de las autoridades judiciales de su deber de proteger a las personas detenidas” contra la tortura y otros tratos crueles.
Asimismo, la propagación de un discurso estigmatizante desde la alta jerarquía del Gobierno, de manera reiterada en el tiempo, y amplificada a través de medios y redes sociales, contribuyó a generar “un clima de impunidad frente a los ataques por parte del sector de la población alineado con el Gobierno contra la población no alineada”.
El grupo de expertos de la ONU valoran que las agresiones a manifestantes por grupos de choque y agentes de la Policía fueron alentadas por esa “percepción de impunidad” y enfatizan que “en la mayoría de los casos, las responsabilidades por dichos actos nunca fueron esclarecidas”.
Recomiendan invocar principio de jurisdicción penal universal
Pero el acceso a la justicia por parte de las víctimas es “un derecho indeclinable, obligatorio y hace parte de las garantías de derecho internacional”, recuerda el GHREN. Por lo que recomiendan que ante la impunidad—y más allá de la jurisdicción de Estados vinculados por la nacionalidad de las víctimas— se realicen iniciativas de terceros países para promover el acceso a la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por las violaciones, abusos y crímenes de derechos humanos en Nicaragua.
Vista general de la asamblea, durante la apertura de alto nivel de la 52 sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el 27 de febrero de 2023. Foto: EFE
“Los crímenes de lesa humanidad son delitos contra el orden internacional y facultan la intervención de Estados distintos al Estado en cuyo territorio se cometieron los crímenes, o cuyos ciudadanos hayan sido víctimas de los mismos, constituyendo una norma de jurisdicción que permite interferir en la soberanía del Estado de los hechos. No requiere el vínculo de ciudadanía”, explica el informe de los expertos de la ONU.
Nicaragua reconoce en su ordenamiento jurídico interno la gravedad de los delitos contra el orden internacional y el principio de universalidad de su jurisdicción penal. Por lo que “el Gobierno de Nicaragua es plenamente consciente que está obligado a acatar dichas normas, garantizar la no impunidad de dichos delitos y la no repetición de los mismos”, argumentan.
El principio de universalidad considera la comisión de crímenes de lesa humanidad como criterio de atribución de la jurisdicción penal extraterritorial. No requiere un vínculo entre el crimen de lesa humanidad cometido y el Estado que ejerce la jurisdicción penal universal. Además, fundamenta la jurisdicción nacional y la declara competente para conocer de crímenes, independientemente del lugar en que se hayan cometido y de la nacionalidad del posible responsable del crimen o de la víctima.
Muestra del ejercicio del principio de jurisdicción penal universal, es la decisión tomada por las autoridades judiciales argentinas de considerar un par de demandas contra el Estado de Nicaragua por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
