Yatama exige información sobre dos de sus dirigentes “desaparecidos”

El ilegalizado partido político indígena Yatama, celebró sus 44 años de existencia denunciando el secuestro de su tá upla (líder), Brooklyn Rivera Bryan “desaparecido desde el 29 de septiembre”, y la ahora exdiputada suplente Nancy Henríquez James, “encarcelada desde el 1 de octubre”.

Desde su fundación, Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), que se define como un “movimiento social indígena y afrodescendiente de Nicaragua”, ha pasado por varias etapas que le han llevado a enfrentar militarmente al régimen sandinista en los años 80 hasta ser sus aliados electorales.

“No podrán callar nuestras voces y no podrán detener nuestra lucha. Hoy, en este aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de nuestras comunidades y nuestros territorios”, manifestó la organización en un comunicado.

Yatama señala que desde su creación “hemos luchado y continuamos luchando incansablemente por garantizar derechos económicos, sociales, políticos y ambientales de nuestros pueblos indígenas y comunidades”, incluyendo la recuperación de sus sedes en Bilwi y Waspam.

Asimismo, manifiestan que van a seguir “en pie de lucha, protegiendo los derechos de nuestras comunidades que sufren el olvido, la invasión de sus tierras, asesinatos, desplazamientos forzados, y la destrucción del medioambiente”.

Ataque frontal contra Yatama

“La crisis alimentaria que enfrentamos es consecuencia del despojo de nuestros territorios, convertidos en ranchos ganaderos y concesionados a la minería transnacional y empresas chinas. Nuestra autonomía regional y sus instituciones han sido cooptadas, y nuestra organización política ha sido privada de su personería jurídica quitándonos el derecho a la participación política”, explican.

El pasado 29 de septiembre, Yatama contempló con impotencia el secuestro de su líder, luego que en abril pasado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le negara el ingreso al país después de participar en un foro sobre las comunidades indígenas en la sede de la Organización de Naciones Unidas en New York, Estados Unidos. Rivera se las ingenió para retornar al territorio nacional de manera irregular.

Luego, el 4 de octubre, el régimen les dictó la muerte política, cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE), subordinado a Ortega y Murillo, les canceló la personería jurídica culpándolos de “traición a la patria”; cometer “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, y supuestamente haber incitado “a la injerencia extranjera” y demandado “la aplicación de sanciones económicas en perjuicio del Estado”.

Además, la directora del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Nahíma Díaz, ordenó cerrar la radio comunitaria Yapti Tasba Bila Baikra, que funcionaba en Bilwi y Waspam en las frecuencias 104.1 y 96.5, tratando de justificarse al asegurar que “operaba de manera ilegal”, acto que la organización indígena denunció porque les quita “el derecho a la libre comunicación e información”.

Finalmente, prometieron que desde “la clandestinidad y el exilio, continuaremos luchando por nuestros derechos a la libre determinación y el ejercicio pleno de nuestra autonomía”.