11 de junio 2023
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La orden judicial de confiscar las propiedades de los 222 expresos políticos, desterrados hace cuatro meses a Estados Unidos, demuestra la impunidad con que actúa el régimen de Daniel Ortega, pero también un nuevo fracaso del sistema interamericano frente a la crisis nicaragüense. Analistas y abogados de derechos humanos sugirieron tomar medidas a la comunidad internacional.
Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), quien investigó los abusos de derechos humanos perpetrados por el Estado en Nicaragua, repudió las confiscaciones que violan el derecho básico a la propiedad y confirman la tendencia cada vez más totalitaria del Ejecutivo, por lo que urgió una dinámica “para una agenda de reconciliación nacional”.
“Considerando el fracaso y la inviabilidad completa del sistema interamericano en contribuir a una solución a la crisis nicaragüense, me parece que el camino es conformar una iniciativa que reúna algunos Estados neutrales para asumir la responsabilidad de proponer y abrir un diálogo internacional con Nicaragua para buscar salidas pacíficas”, dijo Abrão.
Hasta ahora, el régimen de Ortega y Rosario Murillo ha cerrado las puertas a distintas iniciativas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que le han planteado para encontrar una salida a la crisis. En su lugar, Ortega adoptó una política de autoaislamiento, a través del cual evita rendir cuentas por los abusos contra los ciudadanos. El siete de junio de 2023, el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua insistió en el “diálogo”, y, como ha ocurrido en otras ocasiones, la respuesta ha sido el silencio.
Agenda mínima: Recuperar democracia y derechos humanos
Sin embargo, el jurista brasileño consideró que su propuesta daría lugar a la integración de un grupo de países-garante que tendrían una agenda de diálogo que incluirá dos temas fundamentales: restablecer una democracia plena que asegure la participación de la oposición política dentro de un sistema de elecciones confiable, seguro, plural y con acompañamiento internacional; y responder también a las violaciones de derechos humanos, sin dejar al lado el tema de la justicia y la reparación.
“Esta es la agenda mínima y necesaria para abrirse un horizonte de nuevas esperanzas para una Nicaragua reconciliada sobre la base del respeto a las normas internacionales”, sostuvo Abrão en declaraciones a CONFIDENCIAL, en las cuales calificó como contradictorio el legado político de Ortega, quien se convirtió en aquello que combatió en sus orígenes.
La Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó a la Procuraduría General de la República proceder con la confiscación de los bienes a los 222 exreos políticos, a quienes la misma dependencia declaró “traidores de la patria” el 8 de febrero de 2023.
Así, el orteguismo amplió el castigo que ya había impuesto a otros 94 ciudadanos, a quienes quitaron su nacionalidad el 15 de febrero de 2023. Abrão afirmó, frente a la actuación del Poder Judicial, que “libertad y Justicia no valen igualmente para todos en Nicaragua”.
Belt: “Se requiere más firmeza”
Guillermo Belt, diplomático y exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), lamentó también la confiscación denunciada en Nicaragua. Para él, eso demuestra lo seguro que se siente la dictadura en su total impunidad, debido a que los países de la comunidad internacional no han querido adoptar medidas contundentes– a nivel bilateral como colectivamente–, con las cuales obligar a la tiranía a cumplir con sus obligaciones.
“Se requiere que la comunidad internacional actúe con firmeza, antes que pierda la poca credibilidad que le queda ante los nicaragüenses y los demás pueblos que aman la libertad y claman por justicia”, insistió el diplomático cubano.
Belt agregó que los Gobiernos que aportan recursos a Nicaragua deben suspender también toda ayuda financiera, o de cualquier tipo, hasta que el régimen ponga en libertad a los presos políticos que aún hay en el país, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel el 10 de febrero de 2023, un día después que se negó a aceptar el destierro político que Ortega recetó a los 222 exreos de conciencia.
Según él, la otra exigencia debe ser que se devuelva la nacionalidad a todas las personas a quienes se las quitaron arbitrariamente; y que se restituyan además todos los bienes confiscados y los derechos políticos y civiles de los nicaragüenses.
“Además, mantener estas medidas hasta que cese la represión y esto se compruebe por mecanismos internacionales, que, en este caso, sería la CIDH junto con la Oficina del Alto Comisionado de las NU para los Derechos Humanos. En cuanto a los organismos internacionales, como la OEA, entre otros, aplicar todas las medidas que sus instrumentos fundamentales - la Carta y los tratados y convenciones - establecen ante situaciones como la que sufre el pueblo de Nicaragua”, instó Belt.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua en la ONU, ofreció una entrevista al diario El País, en que dijo que están intentando persuadir a países con el mensaje de que deben ser coherentes con el tema de Nicaragua. “No pueden reunirse en la ONU a invocar el compromiso político global de la responsabilidad de proteger para prevenir crímenes de lesa humanidad y al mismo tiempo no actuar o peor a llegar a decisiones como en el FMI u otras instituciones financieras. Esta contradicción hace que conviertan su discurso en retórica”, afirmó.
El experto indicó que existe la posibilidad de demandar por responsabilidad internacional al régimen de Nicaragua, basado en el artículo 30 de la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura, lo que significaría un mensaje político importante. “¿Quién podría tomar esa iniciativa? EE. UU. no, porque introdujo una reserva a la jurisdicción del tribunal en materia de la Convención contra la Tortura, pero España podría, por ejemplo”, sugirió.
La medida de confiscación a los 222 expresos políticos fue considerada como un nuevo zarpazo de Ortega, según Urnas Abiertas. El organismo independiente denunció que las instituciones del Estado continúan violando los derechos humanos de los ciudadanos, mientras consideró ilegal la actuación del Tribunal de Apelaciones, porque “no todas las personas del listado realizaron procedimientos de apelación ante dicho Tribunal durante sus detenciones arbitrarias y juicios ilegales”.
