12 de octubre 2023
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La resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua, aprobada por aclamación este miércoles 11 de octubre, demuestra que el organismo regional está “bastante bien informado” de lo que sucede en el país y que tiene la voluntad de “continuar monitoreando”, a pesar de que en un mes Nicaragua dejará de ser Estado miembro.
El abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y miembro de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, valora que es posible que tanto el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, constituido en 2018 para Nicaragua, como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), den rumbo a los casos que siguen pendientes tanto dentro de la Comisión como de la Corte Interamericana.
“Si bien es cierto que Nicaragua denunció hace casi dos años la Carta de la OEA y anunció su retirada como Estado miembro (…) continuará siendo parte de la comunidad internacional y continuará estando sujeta a otros instrumentos desde el Sistema Universal, continuará manteniendo relaciones bilaterales con muchos de los Estados miembros de la OEA. Entonces es previsible que ese monitoreo, ese seguimiento, continúe”, explicó el abogado.
La salida de Nicaragua de la OEA tampoco tendrá un efecto inmediato en la aprobación de créditos por parte de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, es posible que estos organismos estén “tomando nota” del hecho y que lo tengan en cuenta al momento de valorar algún financiamiento para el país.
Por otro lado, Rocha precisó que aunque la OEA no aplicó ningún artículo de la Carta Democrática a Nicaragua, debido a que no se contaban con los 24 votos necesarios, existen resoluciones aprobadas en las que se “operó en el espíritu” de los artículos 20 y 21, pero sin que fueran convocados formalmente.
“Hay que tener en cuenta que la Carta Democrática tiene efecto de una resolución determinante dentro de la OEA y que está concebida para funcionar como un mecanismo para apoyar a un Estado miembro a recuperar la senda democrática cuando hay una interrupción de ella. Eso implica que se espera cierta cooperación por parte del Estado miembro a la Carta”, explicó el abogado en una entrevista que brindó al programa Esta Noche.
Muchas expectativas con el TPS
Rocha también se refirió a la solicitud hecha esta semana por 44 congresistas estadounidenses al presidente Joe Biden, para que apruebe una redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos huyendo de la represión del régimen de Daniel Ortega en los últimos cinco años.
Señaló que esta petición es parte de una campaña en la que varias organizaciones vienen trabajando desde hace un par de años y que ha tenido momentos en los que “el anuncio ya es inminente, pero luego no se ha dado”. Sin embargo, valoró que la solicitud hecha por los legisladores es una nueva manifestación de apoyo.
Agregó que el universo de organizaciones y personas naturales que respaldan la redesignación del TPS es bastante grande, entre ellas destacan algunos sindicatos estadounidenses y organizaciones que trabajan en derechos civiles. Por lo que las probabilidades de que se logre la redesignación “son bastante altas”.
“Hay muy buena disposición de parte de la Administración Biden para esto”, comentó el abogado. Sin embargo, indicó que existen algunos temas coyunturales que han retrasado la decisión.
En mayo de este año se esperaba que la designación del TPS fuese aprobada antes de que finalizara el Título 42, ya que se vaticinaba una crisis en la frontera. Esa crisis no se dio. No obstante, en junio empezó el juicio sobre el TPS del cual Nicaragua es parte.
“Justo antes de la audiencia el Servicio de Migración y el Departamento de Seguridad Nacional ampliaron por 18 meses el plazo de TPS para los que ya tienen la designación y anularon la orden que había dado la Administración anterior de cancelarlo. Entonces asumimos que después de eso probablemente las condiciones están ahí", subrayó el abogado.
El TPS es un beneficio migratorio que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras “condiciones extraordinarias y temporales”. Este permite al beneficiario permanecer legalmente, obtener un permiso de trabajo, un número de Seguro Social y optar a diferentes beneficios públicos que pudiesen necesitar en algún momento.
Los nicaragüenses recibieron el TPS por primera vez en 1999 después del desastre ambiental causado por el huracán Mitch. En 2021 había 4250 beneficiarios del TPS procedentes de Nicaragua, según informó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos en un informe al Congreso.
En 2017 y 2018 el expresidente Donald Trump intentó acabar con el Estatus de Protección Temporal para los nicaragüenses y varias otras nacionalidades. Situación que llevó a un grupo de organizaciones de derechos civiles a recurrir judicialmente.
