18 de marzo 2024
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La restricción a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense destinados a Nicaragua, impuesta por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es una medida que bloquea el acceso a tecnología estadounidense, pero también representa “una ventana de visualización” para la comunidad internacional para insistir en que el régimen nicaragüense está violando derechos humanos, advirtieron analistas en temas de defensa.
El politólogo Javier Meléndez, fundador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), cancelado por el régimen en 2018, considera que el impacto de esta medida es más diplomático que comercial. En la medida de que las exportaciones de tecnología militar y de dispositivos de defensa de EE. UU. hacia Nicaragua son casi nulas desde hace varios años. Sin embargo, esta disposición intenta disuadir a terceros países de que provean a Nicaragua de este tipo de dispositivos.
EE. UU. le está advirtiendo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que “por la situación interna de violación de derechos humanos, porque (Nicaragua) es un país que potencialmente es un foco de inestabilidad regional en seguridad en Centroamérica, va a cerrarles la posibilidad que tengan acceso a tecnología y cualquier tipo de transferencia en el sector defensa desde los Estados Unidos”, explicó Meléndez, actual director de Expediente Abierto.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el jueves 14 de marzo que modificó el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR), para actualizar su “política comercial de defensa hacia Nicaragua”.
La medida forma parte de una serie de herramientas diplomáticas y económicas que el Gobierno de EE. UU. ha implementado para promover la rendición de cuentas por el régimen de Ortega-Murillo y para apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses.
“Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la continua represión brutal de las autoridades de Ortega-Murillo contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo la reciente farsa electoral en la costa caribeña, poblada principalmente por indígenas y afrodescendientes", indicó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.
Según Meléndez este instrumento implementado por EE. UU. ya se ha usado en otros momentos en Centroamérica, para detener cualquier tipo de colaboración militar con los Ejércitos que han estado sistemáticamente violando derechos humanos en la región.
"Una implicación diplomática grande"
Para el politólogo Félix Maradiaga, quien fue secretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua (entre 2002 y 2006), la medida “no tiene una implicación práctica inmediata, pero sí una implicación diplomática grande”. Debido a que sanciones como estas “son las más difíciles de quitar”, subrayó.
Recordó que a los Gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños les tomó más de doce años poder destrabar sanciones en materia de seguridad y defensa que habían sido impuestas al Ejército y a la Policía en los años ochenta.
Maradiaga también explicó que una de las características de los cambios en el sector defensa es que sus impactos no son inmediatos, a diferencia de acciones que puedan verse en otros ámbitos de política pública. “En defensa y seguridad nacional las implicaciones, por ser geopolíticas, tienden a tener impactos inesperados a gran escala, más allá del plazo inmediato de tiempo”, apuntó.
Para Meléndez, esta medida impuesta por EE. UU. representa “una ventana de visualización para la comunidad internacional”, para insistir en que el régimen de Ortega y Murillo está violando los derechos humanos de los nicaragüenses. “Porque claramente es una medida que se toma por la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua”, comentó.
Evitaría que terceros países le vendan a Nicaragua
Otro elemento importante que destaca Meléndez es que la medida impuesta por EE. UU. bloquearía la posibilidad de que terceros países transfieran equipamiento norteamericano hacia Nicaragua. Debido a que el cuerpo administrativo legal, que regula la importación y exportación de armas, indica claramente que Nicaragua no podrá importar ningún tipo de equipamiento o tecnología que venga de los Estados Unidos.
“Hay muchos casos a nivel mundial donde países no pueden vender equipamiento, a un tercer país porque tiene piezas o tecnologías que son de procedencia de Estados Unidos y Estados Unidos debe aprobar que se transfiera ese equipamiento militar a un tercer país. Eso es importante porque evita que la Policía, por ejemplo, reciba desde España, desde México, etcétera, cualquier tipo de tecnología o equipamiento que tenga licencia o marca de fábrica desde Estados Unidos”, explicó Meléndez.
Mientras tanto, Maradiaga enfatizó que incluso la importación de un tercer país, de un instrumento de computación, de automóviles, de construcción o cualquier otro tipo de insumo que tenga alguna pieza norteamericana, estaría incluida en este reglamento.
Un mensaje al Ejército de Nicaragua
Maradiaga, además, consideró que se trata de “una medida proactiva”, en la que EE. UU. determina que “el Ejército de Nicaragua está en el lado equivocado de la historia”. Además, envía un mensaje para otros Estados de América Latina y de Europa que han mantenido “una posición bastante timorata” con respecto al Ejército de Nicaragua.
“Aunque no sea una medida de enorme contundencia en el corto plazo, es una medida en la dirección correcta de lo que (opositores al régimen) hemos venido exigiendo durante años. El Ejército tiene las manos manchadas de sangre en graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y esto es precisamente un mensaje”, apuntó Maradiaga.
El politólogo valoró que la medida estadounidense es “un elemento de preparación” para un posible escenario futuro en donde escalen los conflictos vinculados por Rusia, y de esta manera neutralizar cualquier posibilidad de modernización del Ejército en materia tecnológica”.
