9 de marzo 2022
AA
La joven opositora Samantha Jirón y el economista Irving Larios fueron condenados a ocho y trece años de cárcel, respectivamente, por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”. Bajo los mismos falsos cargos, el régimen ya suma más de 30 presos políticos sentenciados, de una cuarentena de ciudadanos detenidos a mediados del año pasado.
La sentencia contra Larios fue impuesta por la jueza orteguista Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Managua. La lectura de condena y el juicio —llevado a cabo el pasado 28 de febrero— se realizaron en las instalaciones carcelarias de El Chipote.
Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra el economista se encuentran publicaciones en redes sociales referidas a la pandemia de covid-19 y la coyuntura sociopolítica del país, que había compartido en su cuenta personal de Facebook. Asimismo, el Ministerio Público llevó cuatro policías que fungieron como testigos del caso.
A Larios, quien además es integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, se le violentó su derecho a comunicarse con su defensa durante todo el proceso judicial, incluso, durante el juicio, confirmó CONFIDENCIAL.
En su intervención en el juicio, Larios expresó: “me están condenando por trabajar por la justicia social y por un mundo mejor, donde se pueda vivir de una manera digna. Nicaragua necesita democracia. Soy un defensor de los derechos humanos, es el sentido de mi vida”, dijo ante la judicial orteguista.
Audiencia sin su abogada
El juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas García, que estuvo a cargo del caso de Jirón —de 22 años—, impuso una pena de cuatro años por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y de cuatro años por propagación de noticias falsas, detalló Carolina Jirón, madre de Samantha.
El juez además impuso una multa de 30 000 córdobas (unos 843 dólares) a Jirón, la más joven de las 46 personas detenidas en el marco de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
“Ni a la abogada ni a la familia le notificaron que se realizaría la audiencia (celebrada el lunes), por eso ella estuvo sola en la lectura de la sentencia”, explicó la madre.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron entrevistas que la joven activista e integrante de la UNAB brindó a medios internacionales sobre temas de derechos humanos, la crisis sociopolítica en Nicaragua y la pandemia de covid-19, además de chats de WhatsApp, indicaron familiares. También incluyeron el testimonio de tres policías.
La joven, quien guarda prisión en la cárcel de mujeres “La Esperanza”, era miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, estuvo exiliada en Costa Rica tras las manifestaciones contra el Gobierno de Ortega que estallaron en abril de 2018, regresó en 2020 a Nicaragua y fue detenida un año después.
*Con información de Efe
