17 de junio 2022
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El régimen de Daniel Ortega abrió las puertas de Nicaragua a dos miembros del círculo del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, investigados por corrupción: el exsecretario de la Presidencia, Ebal Jair Díaz Lupian, y el exsecretario privado Ricardo Leonel Cardona.
La Dirección General de Migración y Extranjería, bajo control directo del Ejecutivo de Nicaragua, entregó la nacionalidad nicaragüense tanto a Cardona como Díaz, según las certificaciones publicadas este viernes 17 de junio en el diario oficial La Gaceta.
Las solicitudes de los exfuncionarios hondureños fueron aprobadas por el subdirector de la DGME, el comandante de regimiento Pablo José Morales Luna, menos de un mes después que Hernández fue extraditado a Estados Unidos para que respondiera por los delitos de narcotráfico.
Para beneficiar a Díaz—mano derecha del exmandatario— el principal argumento de la DGME es que es “centroamericano y tiene residencia” en Nicaragua. También fueron beneficiadas Jahel Rivera Pantoja y Salma Díaz Rivera, a quienes medios hondureños identifican como su esposa e hija respectivamente.
En el caso de Cardona, las autoridades nicaragüenses argumentaron que tenía cédula de residencia permanente y que reside en el país. También nacionalizaron a la esposa del exfuncionario, Claudia Mercedes Matute y a su hijo, Ricardo Cardona Matute.
Sin embargo, al revisar la documentación publicada en La Gaceta, en ambos casos la dependencia del Ministerio de Gobernación ocultó la información que permitiría determinar si cumplieron o no con los requisitos establecidos en la ley de Migración.
La DGME no especificó cuántos años tenían de residencia en Nicaragua. Según la legislación nicaragüense, en el caso de los centroamericanos se establece un mínimo de dos años de residencia, sin embargo, Hernández dejó el poder en Honduras a finales de enero pasado, lo que significaría que a lo sumo tienen seis meses.
Díaz es un expastor evangélico, de 49 años de edad, con dos nacionalidades, según el diario El Heraldo: mexicano y hondureño. Ahora por Ortega también es nicaragüense. Ejerció como secretario ejecutivo del Consejo de ministros entre 2014 y 2017.
“Uno de los mayores actos de corrupción que se le atribuyen es la construcción de casas contenedores en el sector de Lomas del Diamante, al sur de la capital, para atender a los afectados por los huracanes Eta y Iota”, sostuvo El Heraldo.
La Prensa de Honduras indicó que en el caso de Cardona fue denunciado en abril pasado por la Comisión Nacional Anticorrupción por su papel como exministro de la exsecretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). El perjuicio al Estado fue de más de siete millones de dólares.
El caso de los exfuncionarios hondureños se une al de otros prófugos por corrupción en Centroamérica, como los exmandatarios de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, a quienes Ortega también protegió entregándoles la nacionalidad.
El régimen de Ortega usa la DGME como un arma política, a favor de los aliados de la dictadura y en contra de los opositores y ciudadanos en general. En una reciente serie, publicada por CONFIDENCIAL, se denunció como las decisiones tomadas por las autoridades han cambiado la vida de quienes se exiliaron obligados por la arbitrariedad estatal.
Además de quitar pasaportes a los ciudadanos, tras negarles la renovación de sus documentos, las autoridades de Migración fueron señaladas por el destierro de músicos críticos de Ortega. Según la abogada María Asunción Moreno, académica y miembro del Consejo directivo de la Alianza Cívica, la Dirección de Migración no tiene autonomía.
“La Dirección obedece a las órdenes del Ministerio de Gobernación, pero, desde la llegada de Ortega al poder, hemos visto un progreso de la concentración del poder en El Carmen (residencia del mandatario) que se evidencia en la microgestión. Los Ortega Murillo son los directores de Migración y Extranjería”, afirmó Moreno en el reportaje publicado en mayo pasado.
