18 de febrero 2019
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La reanudación del diálogo nacional entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a juicio del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, se reduce al cumplimiento de tres condiciones: la liberación de los presos políticos, el cese a la represión (desarme de paramilitares y derogación de la prohibición del derecho a la libre movilización) y la reapertura de los medios de comunicación y su funcionamiento normal sin ningún tipo de censura.
El exmagistrado de la CSJ señaló en una carta enviada a los medios de comunicación que la condición más complicada, debido a la respuesta que ofreció el mismo régimen a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) la semana pasada, es la liberación de los presos políticos, puesto que afirmó que los juicios estaban apegados al debido proceso.
“Tal como dije en mi carta (de renuncia en enero) por tratarse de juicios políticos, la mayoría de ellos con acusaciones sin fundamento o en todo caso, hechos ocurridos en el marco de una rebelión popular, la respuesta debe ser política y lo más práctico es que se declaren nulos todos y cada uno de los juicios políticos, ya que las nulidades cuando son absolutas, se pueden decretar de oficio en cualquier estado del juicio, máxime que en estos casos los juicios están en los tribunales de apelación, salas penales y porque todavía no han llegado a la Sala Penal de la CSJ”, explicó Solís.
En el mes de enero Rafael Solís, leal operador político en el sistema judicial del dictador Daniel Ortega, renunció a su cargo dentro de ese poder del Estado, así como su militancia en el Frente Sandinista, tal y como lo informó en una carta enviada a Ortega, su esposa Rosario Murillo y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
El exmagistrado manifestó que con las declaratorias de nulidad, todos los presos deben ser puestos en libertad, y los que aún no están a la orden de los jueces, deberían salir de inmediato por detenciones ilegales o vencimientos del término. En el caso de los otros derechos, Solís aseguró que bastarían resoluciones del Poder Ejecutivo a través de las instancias correspondientes, como la Policía Nacional o el mismo Telcor en el caso de los medios de comunicación, y en otros casos deberían ser en conjunto.
Sobre el cese a la represión, Solís aconsejó que se deben desarmar los grupos paramilitares, asimismo derogar la prohibición inconstitucional del derecho del pueblo nicaragüense a expresarse libremente en las calles, sin violencia, para que puedan hacer las marchas que quieran sin restricción alguna.
Respecto a la reapertura de los medios de comunicación y el funcionamiento de los mismos sin ningún tipo de censura, aclaró que debe permitirse junto con esta condición la liberación de los periodistas detenidos y el regreso de hombres y mujeres de prensa que están exiliados, de tal forma que la población esté informada de lo que ocurra en el diálogo nacional.
“Aunque estoy de acuerdo que sus sesiones no deban ser públicas, independientemente que ambas partes puedan dar declaraciones a los medios de comunicación después de cada reunión”, continuó Solís.
Los razones del acercamiento de Ortega
El Gobierno de Ortega anunció este sábado una reunión que sostuvo con representantes del “gran capital” y autoridades de la iglesia católica. Los empresarios Roberto Zamora, Carlos Pellas, Ramiro Ortiz, Juan B. Sacasa y José Antonio Baltodano, informaron que el objetivo de dicho encuentro fue “abrir las puertas para reanudar la negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica”, así como trasladar al régimen los “planteamientos de la sociedad civil y la comunidad internacional para resolver la crisis y trabajar en los objetivos democráticos”.
La noticia del reinicio de un posible diálogo, según el exmagistrado Solís, obedece a una serie de factores que hicieron que cambiara su posición dictatorial. El primero es la posible caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que traería consecuencias nefastas sobre Nicaragua, independientemente que su salida sea violenta o pacífica.
En segundo lugar está la presión internacional de las últimas semanas que se traduce en la llegada de la delegación norteamericana, la invitación que el mismo Ortega hizo a la OEA; las resoluciones de los organismos creados por esa misma institución para retomar la ruta electoral y la importante creación del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, sumado a las resoluciones de la CIDH y del Grupo de Interdisciplinario de Expertos, así como la firma de la Nica Act, la aprobación de sanciones a funcionarios nacionales y de la Carta Democrática.
La caída estrepitosa de la economía, con un 4% de decrecimiento del PIB en el 2018 y proyecciones de hasta de un 10% para el 2019, “sin contar con un presupuesto fiscal sin ningún respaldo de recaudación segura; la cantidad de empresas que están cerrando; la fuga continua de capitales; la reducción total a cero de la inversión extranjera directa y la posible quiebra de bancos en el futuro, sin mencionar las dos empresas de créditos, Credifactor y Financial Capital, que están vendiendo hasta sus propiedades para poder hacerle frente a sus compromisos con quienes invirtieron también afectarían duramente al país y al régimen.
De acuerdo a lo escrito por Solís, está bien claro para el Gobierno que ni la suma de las exportaciones, el ingreso de remesas familiares, las reservas del Banco Central, o lo poco que queda en las exportaciones de Zona Franca, será suficiente para evitar el derrumbe económico del país, a pesar de sumar esto a la reforma fiscal o a los cien millones de dólares conseguidos en China Continental.
“El cierre de los descréditos por parte de los bancos afectará seriamente a la exportación de los productos tradicionales de Nicaragua y de los no tradicionales y la severa contracción del crédito terminará por ocasionar la quiebra de los importadores de bienes comerciales, industriales y por su puesto de bienes de uso y de consumo, salvo tal vez los alimentos y las medicinas”, resaltó Solís, quien agregó que el sector construcción está reducido a su más mínima expresión y el turismo no pudiera estar peor, pues nadie se siente seguro de visitar el país.
El cuarto factor es la presión interna, que si bien ha sido reducida por la excesiva represión, el uso de paramilitares y encarcelamientos, sumado a la prohibición de marchar, que pretenden enviar al exterior el mensaje que el país está normal, produce los efectos contrarios, pues los asesinados por el régimen y los presos políticos, están presentes en todos los nicaragüenses.
“Si no fuera, a mi criterio, la conjunción de estos cuatros factores, el Gobierno no hubiera accedido a reabrir el diálogo nacional, incluso dando a entender para algunos que es el mismo Gobierno el que lo está solicitando, aún cuando se haga aparecer según ellos, a la Empresa Privada y a la iglesia católica, más la OEA, y el mismo gobierno norteamericano con anterioridad, como que son ellos los más interesados en su reapertura. Hay que verlo como una señal positiva y hay que tomarle la palabra al Gobierno y participar en el mismo, aún cuando haya mucho escepticismo sobre sus resultados”, consideró Solís.
Sobre el diálogo y los mediadores
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró fundamentales cinco principios a seguir para la reanudación del diálogo nacional. Uno de ellos es la representatividad, es decir, incluir a los familiares de las víctimas fallecidas y detenidas, de las exiliadas, de los estudiantes, de los movimientos sociales y campesinos, de los nuevos colectivos y movimientos surgidos pos crisis.
Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, aconsejó a los nicaragüenses a valorar los pequeños pasos que se están dando para reanudar el diálogo nacional, no obstante, señaló que se debe aprender de la historia y reconocer que los arreglos de cúpulas en Nicaragua nunca han funcionado.
“Las negociaciones debajo de la mesa, a espaldas al pueblo, han traído mucha desilusión y han dañado mucho a nuestra sociedad. Creo que todos nos tenemos que empeñar en llevar adelante y exigir un diálogo en donde el pueblo sea el primer sujeto de participación y en donde el objetivo sea devolverle la democracia a Nicaragua”, estimó Báez, quien igualmente coincidió en que la libertad de los presos políticos es fundamental para dar paso a la negociación.
Respecto a la reanudación del diálogo nacional, Solís expresó que los mediadores deben ser los obispos de la Conferencia Episcopal y que es una buena idea que los acompañe el nuncio apostólico, y un par de gobiernos de la OEA, que pueden ser escogidos del Grupo de Lima (escogidos por ellos mismos) y México, que ya se ofreció, además de ser necesario, uno de Europa como España o el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo.
“En resumen podrían ser el cardenal Brenes con otro de los obispos, el nuncio apostólico, los dos países latinoamericano, el país europeo más el SICA, pero serían siete mediadores que es demasiado, pudiendo reducirse a unos cuatro o cinco”, manifestó Solís.
El exmagistrado señaló que la contraparte del diálogo nacional, deberían ser los que participaron en el anterior, que es la Alianza Cívica, independientemente que sus miembros en lo personal sean otros, o los mismo, pero que exista representación del Cosep, la sociedad civil, los campesinos y los estudiantes o rectores universitarios.
“Yo de mi parte estaría abierto a que se ampliase a algunos partidos políticos para evitar más polémica sobre ese tema, siempre y cuando la delegación no exceda de unas ocho a diez personas, con un máximo de cinco asesores, para que no se convierta en una Asamblea y se haga más difícil llegar a un acuerdo”, continuó el exmagistrado.
