Arlen Cerda
1 de julio 2018
AA
El tiempo ha dado la razón a los observadores electorales independientes de Nicaragua, que durante más de una década han advertido el colapso del sistema electoral del país, apostando en cada recomendación por la urgente renovación integral del sistema, en busca de la organización de elecciones libres, creíbles y justas, valora el director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha propuesto un plazo mínimo de nueve meses, o máximo de catorce meses, para organizar y realizar en Nicaragua las elecciones adelantadas a marzo o agosto de 2019, en busca de solucionar por la vía electoral la crisis a raíz de la masacre con la que el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo responden a la rebelión ciudadana alzada en su contra, acumulando en 75 días un saldo de más de dos centenares de muertes, que sigue creciendo en diferentes ciudades del país.
Courtney asegura que nueve meses bastan para organizar el proceso electoral con las garantías necesarias y bajo los estándares democráticos que Nicaragua no ha visto en más de una década, teniendo a cuestas varios fraudes electorales y una última elección presidencial “absolutamente inauditable”, en noviembre de 2016, cuando Ortega se reeligió por segunda vez consecutiva en la Presidencia, y estableció su gobierno dinástico con su esposa como vicepresidenta.
Salida de Rivas no cambió nada
Courtney estima que la propuesta de la OEA, hecha hace un par de semanas por el secretario general Luis Almagro en la sesión del Consejo Permanente del organismo, coincide con las conclusiones y recomendaciones de los observadores electorales independientes de Nicaragua, la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, vetados de los últimos procesos por el Gobierno. Y también con las recomendaciones que la misma OEA ha hecho desde el 2006.
Los organismos han planteado la urgencia del relevo de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), la depuración de sus mecanismos y el padrón electoral y la renovación integral de un sistema que 28 años atrás estaba a la vanguardia de la región, pero hoy está obsoleto y desmantelado, al punto que ya para noviembre de 2016 al menos ocho de cada diez nicaragüenses no creía en su labor, incluyendo a simpatizantes del mismo partido de Gobierno, que controlan Ortega y su esposa.
Tras más de diez años de protestas contra el CSE y las sanciones de Estados Unidos contra el ahora expresidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, en diciembre del año pasado, fue hasta este 31 de mayo que Rivas “renunció” por supuestos problemas de salud, poniendo fin a una trayectoria de 23 años en el Consejo y más de 16 como presidente del mismo, señalado por corrupción, enriquecimiento ilícito y la demolición del sistema electoral, para favorecer al Frente Sandinista. Sin embargo, la salida es “insuficiente” y “tardía”, según las reacciones de la sociedad civil, expresadas en su momento.
¿Una versión tropical del fin de Gadafi?
Courtney cree que la integración del nuevo CSE debe surgir de las mesas de negociación del Diálogo Nacional entre el Gobierno y representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que integran estudiantes, miembros de la sociedad civil, académicos, el sector privado y campesinos. Sin embargo, el mismo ha sido interrumpido porque Ortega continúa evadiendo el adelanto de elecciones, también planteado por los obispos en la ruta de democratización que le presentaron el 7 de junio.
En un pronunciamiento sobre el calendario electoral de la OEA y en una entrevista posterior en el programa de televisión Esta Noche, Courtney sostuvo que a pesar de la falta de voluntad para el Diálogo, el Gobierno de Ortega se verá obligado a ceder, debido a la crisis humanitaria que ya enfrenta el país por el alto saldo de asesinados.
La OEA ha planteado que entre julio y octubre se desplegarían en todo el país un grupo de expertos electorales para definir las reformas con autoridades, partidos políticos y sociedad civil, de la cual los obispos ya han hecho una propuesta a partir de los planteamientos en las mesas del Diálogo Nacional. Pero Ortega sigue sin responder a la OEA y los obispos.
Xiomara Paguaga, presidenta de EyT, también estimó que entre más tarde Ortega en contestar, más se agravará la crisis. Y, agrega Courtney, más se reducirán sus posibilidades, yendo en lugar de una salida cívica, pacífica y electoral, hacia un escenario de caos que lo convierta en una versión tropical del fin del mandatario libio y su antiguo socio político, Muamar Al Gadafi, muerto durante su derrocamiento en 2011.
Un plebiscito para decidir sobre Ortega
Movimiento por Nicaragua y Hagamos Democracia entregarán su propuesta a la Alianza Cívica para que presione al Gobierno que acepte la vía democrática para solucionar la crisis
Una “Ruta de salida a la crisis política que vive el país” ha sido propuesta por la organización Hagamos Democracia y miembros del Movimiento por Nicaragua, en la cual plantean una consulta directa a los ciudadanos nicaragüenses sobre “si quieren o no quieren” que Daniel Ortega y Rosario Murillo permanezcan en el poder.
La propuesta de plebiscito, que se haría en octubre, definiría si el régimen debe renunciar o no de inmediato, ante unas inevitables elecciones adelantadas, por la crisis sociopolítica, y ya económica, que enfrenta el país.
El experto en Derecho Constitucional y presidente del Movimiento por Nicaragua, Gabriel Álvarez, explicó que si la mayoría de los ciudadanos en el plebiscito se expresa en contra de la permanencia en el poder de Ortega y Murillo, su salida debe ser inmediata, estableciendo los mecanismos para integrar un gobierno de transición hasta la realización de elecciones generales anticipadas.
No obstante, es preciso que la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— apruebe en los próximos quince días un decreto legislativo de convocatoria al plebiscito, y también reforme la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que en 2018 entrarán en vigencia dos legislaturas, para agilizar los cambios.
Los magistrados del Consejo Supremo Electoral, además, deberían renunciar a sus cargos en el mismo par de semanas, y en el resto del mes también renovar a las autoridades de la Fiscalía y los mandos de la Policía Nacional.
Luego haría falta una reforma electoral y de la Constitución Política, pensando en comicios generales para el 31 de marzo de 2019.
