Obispos proponen reformas para la democratización

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores del diálogo nacional,  propusieron una agenda para garantizar la democratización y justicia en el país, incluyendo reformas al sistema electoral, renovación de las autoridades nacionales, garantía de los derechos humanos e indemnización para las víctimas y la instalación de una comisión de la verdad internacional.

Los representantes del Gobierno no admitieron la agenda, plantados en la demanda de desmantelar los tranques que este miércoles arrecieron en todo el país como medida de presión.

Luego de las cuatro de la tarde, los obispos suspendieron la tercera ronda del diálogo por la falta de acuerdo, y anunciaron que una representación de tres miembros del Gobierno y tres de la llamada Alianza Cívica por la Democratización y la Justicia (integrada por estudiantes, sociedad civil y sector privado) se reunirán junto a una delegación de sacerdotes con el presidente Daniel Ortega para tratar de saltar la “disyuntiva” que plantea la falta de acuerdo para avanzar en la agenda.

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También puede leer la agenda completa al final de este reporte.

La agenda, leída por el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, plantea mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente, entre estos una reforma parcial a la Constitución Política que adelante las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y regionales, y establezca de forma transitoria la reducción del mandato de las autoridades.

También demandan un nuevo Consejo Supremo Electoral, la despartidarización del sistema y que se prohíba la reelección presidencial y las diputaciones constitucionales.

La propuesta plantea la aprobación de una Ley Marco para la transición y gobernabilidad democrática, y también plantea la exigencia de una independencia total del Ministerio Público, el restablecimiento de la autonomía universitaria y la sujeción a la autoridad civil del Ejército Nacional y la Policía Nacional, “enfatizando su carácter nacional, apartidario y profesional”.

Los obispos sostienen que los puntos de esta agenda “reflejan un amplio espíritu participativo de los diferentes sectores convocados en este diálogo nacional” y confían en que conformarán “un gran acuerdo nacional” para ser desarrollados, calendarizados y articulados “a través de las acciones constitucionales y legales correspondientes“.

Mensaje a Ortega y Almagro

El canciller Denis Moncada alegó que está agenda basada en mecanismos constitucionales,  representa “un golpe de Estado” para el Gobierno del presidente Ortega.

Mientras tanto, los obispos demandaron al presidente Ortega que de forma inmediata ponga en práctica la recomendación número tres de la CIDH sobre la creación de “un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.

Los mediadores de la Conferencia Episcopal revelaron que han solicitado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se presente al diálogo nacional, para discutir en este foro en que participa el Gobierno y todos los sectores del país, la agenda de democratización basada en mecanismos constitucionales.

El canciller Moncada mantiene su acusación a los obispos. Dice que la agenda propuesta para hoy “conduce sobre una ruta supuestamente camuflada con Estado de Derecho, pero lleva a una acción, vía fáctica, para dar al traste con el gobierno legítimo actual”.

— Carlos S. Maldonado (@CSMaldonado) 23 de mayo de 2018

Agenda de derechos humanos

De igual manera, plantean la demanda de cumplir las quince recomendaciones del informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ratificada en la segunda ronda del lunes pasado,  que incluye la necesidad de “establecer en la mesa de diálogo mecanismos de seguimientos junto a la CIDH para verificar su implementación”.

La Conferencia igualmente sostiene la urgencia de una “Comisión de la verdad gestionada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y relatores para temas de derechos humanos de la ONU con el objetivo de investigar y dar sanción a los actos de violación de los derechos humanos de abril y mayo”, en un proceso que debería incluir la “indemnización y reparo de daños a las víctimas a través de la conformación de un Fondo Común Nacional de apoyo”.

Gobierno mantiene posición de cero tranques

La delegación del Gobierno en el Diálogo Nacional, liderada por el canciller Denis Moncada, mantiene su negativa en relación a la discusión de una propuesta para la democratización del país, que sería el primer punto de agenda del tercer día de trabajo en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua. Moncada dijo que la agenda planteada por los obispos es “el diseño para una ruta a un golpe de Estado” contra el Gobierno de Ortega.

La orden del Gobierno, desarrollada por sus delegados en el Diálogo, fue evitar a toda costa que se avanzara en la discusión de los puntos de agenda. El oficialismo limitó la discusión de la mañana a que se levantaran las barreras que obstaculizan el tránsito en varios puntos del país, alegando que han generado cuantiosas pérdidas económicas y “son una violación a los derechos humanos”.

• Arrecian tranques de campesinos y autoconvocados

El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, afirmó que esos tranques abonan a las pérdidas generadas ya por la inestabilidad que sufre el país, producto de una profunda crisis que inició el 18 de abril pasado. Reyes leyó proyecciones del BCN que establecen pérdidas por el orden de los 260 millones de dólares y advirtió que de continuar la situación actual el desempleo podría pasar del 4.7% al 5.2%, mientras que la inflación podría aumentar en un 7% u 8%. “58 mil empleos menos”, dijo el funcionario.

El Gobierno mantiene su posición de que el Diálogo no puede avanzar si no cumple su principal condición, que es el levantamiento de los “tranques” en todo el país. Una estrategia que monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, calificó de “dilatoria” y que contribuye a mantener la crisis. El obispo recordó que el objetivo del diálogo es “ir a la raíz del problema del país para allanar caminos para su democratización” y exigió que la reunión continuara con la discusión de la agenda de la democratización del país.

Báez también respondió al canciller Moncada. “Esto no es un golpe de Estado. Es muy grave esa acusación contra la Comisión Mediadora. Aquí hay una crisis política en Nicaragua y como comisión mediadora hemos elegido la vía y pacífica”, dijo Báez.

AGENDA DEL DIÁLOGO
23 de mayo de 2018

I. DEMOCRATIZACIÓN

Mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente en Nicaragua

A. Elecciones libres y mecanismos constitucionales para la celebración de un procesal electoral justo y transparente, son los siguientes:

1. Reforma parcial de la Constitución Política a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible;a. Un título transitorio que incorpore:
   1. Reducción de períodos de autoridades nacionales, municipales, regionales y del Parlamento Centroamericano.
   2. Adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular.
   3. Reducción del período de las autoridades de los poderes del Estado: Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de la República.
2. Reforma que suprima la diputación al expresidente y el exvicepresidente, así como al que quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales; asimismo, volver al porcentaje para resultar electo como presidente vigente en 1995.
3. Reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo adicionando un artículo transitorio que establezca que las dos legislaturas para el 2018 serán la primera del 9 de enero de 2018 hasta 30 de junio y la segunda de agosto a diciembre de 2018, con el objetivo de que pueda aprobarse la reforma parcial a la Constitución y su entrada en vigencia inmediata en el 2018.
4. Aprobación de una Ley Marco para la transición y gobernabilidad democrática para la implementación de los acuerdos políticos del Diálogo Nacional que establezca las líneas de acción para garantizar los planteamientos de este documento y concretar las reformas estructurales propuestas en la Agenda del día 21 de mayo de 2018, incluyendo pero no limitado a:
   1. Calendario electoral
   2. El garante (OEA, ONU,Unión Europea)
   3. Las nuevas autoridades del CSE, CSJ y de la CGR son nombrados producto del Consenso de la mesa del Diálogo
5. Prohibición de la reelección presidencial y de cargos sujetos a elección popular.
6. Formación de un nuevo Consejo Supremo Electoral integrado por magistrados honestos de reconocida experiencia, credibilidad, idoneidad y honestidad que aseguren que el voto de la ciudadanía va a ser debidamente contado y respetado.
7. Reforma de la Ley Electoral de producto del consenso de la mesa del Diálogo Nacional, de acuerdo a la hoja de ruta formulada tanto por la OEA como por la UE (2011 y 2016). Igualmente incorporar los cambios derivados de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
8. Sustitución de todos los directores de división y departamentales del Poder Electoral para depurar el personal comprometido con determinados partidos políticos.
9. Observación electoral nacional e internacional con participación de: OEA, UE y Centro Carter, entre otros.
10. Nueva ley de partidos políticos que propicien su democratización.
11. Pluralismo político total, incluyendo la restitución de personalidad jurídica a los partidos que se les ha sustraído ilegalmente y facilitación para la adquisición de las mismas para nuevos partidos. Así como el respecto a los partidos ya existente.
12. Incorporar en la Ley Electoral la suscripción popular para presentar candidatos.
13. Despartidizar la composición de los consejos electorales regionales, departamentales y municipales.
14. Depuración y actualización de los padrones electorales.
15. Fiscalización y reglamentación de la procedencia de los fondos para el financiamiento de campañas electorales.
16. Creación del instituto nacional de cedulación autónomo e independiente del poder electoral, con rango constitucional;

B. Otras reformas estructurales

1. Pleno restablecimiento del Estado social y democrático de Derecho.
2. Reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, con énfasis en la libertad de reunión, concentración cívica y pacífica y liberta irrestricta de pensamiento, de expresión y de información.
3. Independencia total de los poderes del Estado.
4. Reducción del número de diputados de la Asamblea Nacional.
5. Nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia.
6. Separación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social del Poder ejecutivo, estableciéndolo como un ente  autónomo, independiente y apartidista; defender el derecho al trabajo, al salario y a la seguridad.
7. Contraloría General de la República autónoma e independiente con una nueva conformación.
8. Independencia total del Ministerio Público y del fiscal general y fiscal adjunto.
9. Restablecimiento de la autonomía universitaria.
10. Sujeción a la autoridad civil del Ejército Nacional y la Policía Nacional, enfatizando su carácter nacional, apartidario y profesional.
11. Vigencia plena de los derechos fundamentales de las poblaciones originarias incluyendo los temas de tierras e invasión de tierras y territorios, y plena vigencia de la autonomía de la Costa Caribe de conformidad con el ordenamiento legal y convencional (Convenio 169 de la OIT).

C. El papel del diálogo nacional

Estos puntos coincidentes que reflejan un amplio espíritu participativo de los diferentes sectores convocados en este diálogo nacional, y que conforman un gran acuerdo nacional, serán desarrollados, calendarizados y articulados en el referido dialogo nacional, a través de las acciones constitucionales y legales correspondientes.

II. ACUERDOS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD

1. Cumplimiento de las quince recomendaciones del informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y establecer en la mesa de dialogo mecanismos de seguimientos junto a la CIDH para verificar su implementación.
2. Conformación de una Comisión de la verdad gestionada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y Relatores para temas de derechos humanos de la ONU con el objetivo de investigar y dar sanción a los actos de violación de los derechos humanos de abril y mayo del presente año; propiciar la invitación a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos humanos de Naciones de Unidas, según su solicitud de fecha 7 y 11 de mayo del presente año.
3. Indemnización y reparo de daños a las víctimas a través de la conformación de un Fondo Común Nacional de apoyo.