24 de febrero 2019
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El objetivo de una negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo —que se reanudará este miércoles 27 de febrero— debe ser lograr reformas políticas para ir a elecciones anticipadas y libres, de las que surja un nuevo mandato, según el analista político y experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, quien estima —sin embargo— que no hay condiciones políticas para este encuentro.
En una entrevista previa al anuncio de la reanudación del Diálogo Nacional, suspendido en julio pasado, Álvarez aseguró que urge “una transición a la democracia, ordenada, consensuada, que no incremente los costos de dolor, de destrucción y de colapso económico”, tras diez meses de represión contra la rebelión cívica que estalló en abril.
Para Álvarez, es imperativo que para negociar debe cesar la represión, y se deben restablecer los derechos constitucionales que han sido conculcados de manera “absolutamente arbitraria”. Además, considera que debe haber “una excarcelación inmediata de todos y cada uno de aquellos casos en que ostensiblemente están secuestrados en las cárceles de Nicaragua”, en relación a los más de 700 presos políticos de la dictadura.
No obstante, sostiene que también habrá casos que investigar para garantizar la justicia a todos los familiares de las víctimas —incluidos los de más de 20 policías asesinados—, pero aclara que no debe ser por esta “justicia”, sino por un órgano internacional, como la Comisión de la Verdad ampliamente demandada.
Negociación para lograr reformas políticas
Diversos sectores han planteado que la condición mínima para iniciar cualquier negociación con el régimen de Ortega y Murillo debe ser la libertad de los presos políticos. La demanda ha sido planteada públicamente por el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la cual es miembro la Alianza Cívica junto a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, campesinos, indígenas, y ambientalistas, entre otros.
La Alianza Cívica ha detallado que la agenda para salir de la profunda crisis gira alrededor de tres temas fundamentales: la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos por la Constitución Política; reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia.
En entrevista con el periodista Carlos Fernando Chamorro, en el programa Esta Noche, Álvarez opinó —previo a este anuncio y detalles— que “lo más importante es establecer las bases políticas para recuperar el camino de la institucionalidad democrática”, que considera se logran precisamente “mediante la anticipación de elecciones libres, transparentes, competitivas, y observadas”.
Álvarez sostiene que el sistema institucional de Nicaragua está “putrefacto” y por lo tanto este no da garantías de justicia a nadie, “ni a los propios sandinistas, ni a los propios miembros del Gobierno que hayan cometido crímenes de lesa humanidad”, como los que ha señalado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacional (GIEI), de la CIDH, que el Gobierno expulsó en diciembre de 2018.
Álvarez sentencia que el sistema institucional se tiene que “reconstruir desde sus bases”.
“No habría vacío de poder”
El jurista también opina que una eventual salida de Ortega —ya sea por la vía de una renuncia, de la cual el régimen no ha dado ninguna señal— o como resultado de la negociación política —en el regreso a la mesa con la Alianza Cívica—, no conduciría a ningún vacío de poder, porque sostiene que “la Constitución claramente establece los mecanismos para integrar esos supuestos o pretendidos vacíos”.
“Si el presidente y la vicepresidenta renuncian, la Constitución establece cuál es la manera de sustituirlos”, explica.
El artículo 149 de la Constitución establece que en caso de la renuncia o falta definitiva del presidente y el vicepresidente, le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir sus funciones por 72 horas, mientras la misma Asamblea elige el relevo para completar el resto del mandato. Las próximas elecciones presidenciales están previstas para noviembre de 2021, pero la matanza perpetrada por el régimen ha puesto sobre la mesa la demanda de su renuncia o salida negociada.
Álvarez añade que, también en caso de unas elecciones anticipadas, se pueden seguir los procesos constitucionales, que pasan por una reforma parcial a la Carta Magna y a la Ley Electoral, para que el Consejo Supremo Electoral (CSE) convoque a nuevas elecciones generales.
“En ningún caso habría vacío de poder. En todos los casos la Constitución establece los mecanismos para llenar esos supuestos vacíos”, sostiene el especialista.
Elecciones libres, para empezar
Para Álvarez, “el primer paso de fondo” para iniciar la reconstrucción de las instituciones nicaragüenses son las elecciones libres, y estima que los ciudadanos también tendrán que dar una mayoría califica al nuevo gobierno, para que este pueda impulsar los cambios necesarios, y se sigan los procesos correspondientes.
Sin embargo, aclara que esto no quiere decir que haya que esperar todos los procesos para la condición mínima de liberar a los presos políticos, en los que subraya que hay casos “claramente aberrantes”. Aunque para él, las garantías a las víctimas de estas injusticias deben tener una solución que se haga “respetando el Estado de derecho”.
“Hay casos donde hay una excarcelación, hay órdenes judiciales de excarcelación, hay casos de enfermos, entonces yo no creo que haya que meter a todos en un solo cajón”, dice. Además, reitera que “habrá otros casos que investigar, pero no por esta justicia, sino por un órgano internacional, una Comisión de la Verdad”.
El jurista igualmente considera que, aun cuando alguno de los presos políticos haya incurrido en una falta penal, ninguno ha sido procesado apegado a Derecho, porque “han sido juzgados por una justicia sometida políticamente”.
Condenas como “municiones” para Ortega
Entre los más de 770 presos políticos hay al menos seis miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Entre ellos el líder campesino Medardo Mairena, condenado a 216 años de cárcel; y el vocero estudiantil de la UNAN-Managua, Jonathan López, condenado a más de cinco años.
También está en prisión el líder universitario José Ramón González, a pesar de tener una orden de libertad, y están pendientes de proceso el vocero estudiantil Edwin Carcache y los campesinos Freddy Navas y Lenner Fonseca, cuyas audiencias fueron suspendidas este viernes, al día siguiente del discurso en el que Ortega anunció que aceptaba la negociación.
Pero si esta suspensión podría interpretarse como una señal de buena voluntad de Ortega, también la condena a Mairena llegó en la víspera del anuncio, con una sentencia de 216 años de cárcel. Igual sus compañeros campesinos Pedro Mena y Silvio Pineda Icabalceta fueron condenados a 210 y 156 años, respectivamente.
Álvarez califica estas condenas como “municiones” con las que Ortega trata de armarse para la mesa de negociación.
“Es una condena de doscientos y pico de años de parte de una justicia descaradamente parcializada, sometida a orientaciones políticas, sometida desde hace muchos años”, valora.
Además, recuerda que “sus propios jueces defensores han denunciado anomalías y dificultades, obstáculos, cuando no total, falta de condiciones para el ejercicio efectivo de la defensa de estos nicaragüenses”.
Ortega debe “pagar costos políticos”
En enero pasado, el ahora exmagistrado Rafael Solís —y otrora operador político de Ortega y Murillo en la Corte Suprema de Justicia— renunció de forma sorpresiva a su cargo en la CSJ y su militancia de más de cuatro décadas en el gobernante FSLN. En su carta, y una entrevista exclusiva en el programa Esta Semana, Solís aseguró que los juicios contra los presos políticos pueden y deben ser nulos.
Sin embargo, Álvarez no cree que Ortega o la Corte decreten esta nulidad. A su juicio, la liberación de los presos políticos “debe resolverse conforme las normas del Código Procesal Penal y constitucionales”, pues la opción que Solís plantea es ejecutar una decisión política en una justicia ya instrumentalizada.
“El sistema de justicia en Nicaragua es absoluta y totalmente desconfiable, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público, en general, ni el Poder Judicial, ni la Policía, gozan de ningún ápice de credibilidad, para creer que las sentencias que se han dictado son sentencias justas y apegadas a Derecho”, sostiene Álvarez, para quien Ortega “tiene que pagar los costos políticos de esa labor”, que afirma “él diseñó”.
