24 de julio 2018
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La publicación en La Gaceta número 138 del 20 de julio del presente año, de la Ley 976 -nueva Ley de la Unidad de Análisis Financiero- y la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, puso en vigor ambos textos legales, con lo que ya pueden ser usados en contra de los ciudadanos, como auguran los expertos.
Para el jurista José Pallais, la nueva Ley de la UAF establece las bases para crear “todo un sistema de espionaje financiero”, utilizando las obligaciones adquiridas con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “como excusa”, para que el Estado pueda conocer y dar seguimiento a cualquier transacción de capital, financiera, o cualquier tipo de contratación que se celebre en Nicaragua.
Hasta el Partido Liberal Constitucionalista, que ha sido acusado de complicidad con el FSLN, rechazó esa ley por considerar que “la UAF sería la punta de lanza de una estrategia presidencial que involucra a la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, y la Corte Suprema de Justicia, para la persecución, control, y chantaje político a la oposición, los bancos, las instituciones sin fines de lucro, y otras”.
La Ley Contra el Lavado de Activos por su parte, activa el temor de que el Estado posee ahora una nueva arma jurídica que esgrimir en contra de quienes participen en las protestas, porque permite acusarlos como terroristas, a la vez que amenaza con 15 a 20 años de cárcel a quien haga una donación sea que se use para comprar agua para beber, o morteros para celebrar durante una protesta, incluso si el dinero no llegara a usarse nunca para eso, o si la actividad llegara a ser cancelada.
En la misma sesión se aprobó el Decreto A.N. 8447, por medio del cual se nombra a Leonardo Torres Céspedes como nuevo miembro propietario del asiento asignado al sector privado en el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, en sustitución de José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Aunque durante la discusión en el hemiciclo se señaló que Torres no cumplía el requisito de representar al sector privado, el diputado Wálmaro Gutiérrez lo defendió señalando que el propuesto provenía del sector pyme, obviando que hace pocas semanas, Torres fue defenestrado de la presidencia de la Comisión Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).
Los diputados también extendieron la vigencia de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, llamada también ‘Comisión Porras’, “por tres meses contados a partir del 6 de agosto de 2018, que permita continuar realizando su labor y presentar resultados de esta”.
