26 de abril 2023
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La vicepresidenta Rosario Murillo, quien ostenta el 50% del poder por designación de su marido Daniel Ortega, asumió como decisión propia el nombramiento reciente de diez nuevas jefas policiales en seis departamentos de Nicaragua, anunciado con bombos y platillos por la institución.
“Vamos asegurando el liderazgo femenino en nuestra Policía Nacional”, dijo este 24 de abril, luego de que la División de Relaciones Públicas publicó sorpresivamente el domingo una nota de prensa con las designaciones. En lo que va de abril, un total de dieciséis mujeres policías han sido ascendidas a cargos de dirección en la Policía Nacional.
Entre las últimas diez ascendidas hay tres subcomisionadas y siete tenientes. La decisión fue celebrada por Murillo que lidera una política estatal sin credibilidad de repartición de cargos, equivalente al 50% para mujeres y 50% para hombres, conocida como 50-50.
Promociones condicionadas a la lealtad a la dictadura
Para fuentes vinculadas a la institución, consultadas por CONFIDENCIAL, el mensaje que envía la pareja gobernante a las policías, con estos nuevos diez nombramientos, es que las promociones en la institución están condicionadas por la “lealtad” como suele ocurrir en los otros cargos del Estado, donde los funcionarios no tienen capacidad de decisión.
La subcomisionada María Raquel Valle Gómez, antes jefa de la Comisaría de la Mujer en la delegación policial de Matagalpa, fue ascendida a segunda jefa de la delegación departamental de Nueva Segovia, departamento fronterizo con Honduras.
También, la subcomisionada Sandra del Carmen López Campos, antes jefa de Tránsito del departamento de Jinotega, fue ascendida a segunda jefa policial del departamento de Estelí. Y, la subcomisionada Saira Luz López Gómez, anteriormente jefa de Servicios Policiales en la delegación policial de Chontales, asumió la dirección policial del municipio de Acoyapa, en Chontales.
Los nombramientos policiales se realizan en medio de una reingeniería policial orquestada desde la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La cúpula cercana a Ortega intenta evitar las deserciones en el Estado, ejerciendo un mayor control sobre la Policía, el Poder Judicial y todo el sector de empleados públicos.
Ortega nombró en 2022 al comisionado general en retiro Horacio Rocha como asesor presidencial en temas de Seguridad. Posteriormente ordenó el retiro del jefe de espionaje del régimen, el comisionado general Adolfo Marenco Corea, y lo sustituyó por su subalterno el comisionado general Zhukov Pérez Serrano, exjefe de Inteligencia.
La promoción de siete tenientes policiales
Las tenientes promocionadas el domingo son: Martha Beatriz Machado Beltrán, antes asesora legal en la delegación policial del departamento de Río San Juan y ahora nueva jefa de la DAJ en esa jurisdicción; Luxana del Socorro Dávila, anteriormente detective de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, y ahora jefa de Delitos Especiales en la misma Dirección; y Ana Belén Mercado Velásquez, antes investigadora de la delegación policial de Masaya y ahora jefa de Inteligencia en ese departamento.
También nombraron a las tenientes a Johana Francisca Bustillo Pérez, antes asesora legal de la delegación policial de Chontales y ahora jefa de la DAJ en ese departamento; Yadira Verónica Ordóñez Rizo, anteriormente oficial de Asuntos Internos en la delegación policial de Estelí y ahora jefa de Archivo en ese departamento; Helen Jessenia Guevara Ocampo, antes investigadora en la delegación policial en Rivas y ahora jefa de la delegación policial en el municipio rivense de Tola, y Marisela del Socorro Palma Robleto, antes oficial de información y análisis en la delegación policial de Chontales y ahora jefa de Servicios Policiales en ese departamento.
La teniente Dávila dijo a los medios oficialistas que agradece “a nuestros jefes supremos”, en especial a Murillo por el nombramiento. “Las mujeres sí podemos y somos una gran representación gracias a nuestro Gobierno, nuestra vicepresidenta de la República que nos da la oportunidad de ocupar espacios. Tengo 22 años de estar en la Policía Nacional”, agregó.
“Es una maniobra de relaciones públicas”
Aunque el anuncio oficial parece positivo desde lejos, dos expertos en temas de seguridad afirmaron que se trata de “una maniobra de relaciones públicas” que se desarrolla mientras el régimen mantiene la represión contra la Iglesia católica y la ciudadanía en general.
“Esta situación no cambia nada en absoluto respecto a la función principal de esta Policía: la represión. Cambiaron ‘abajo’, pero no hay cambios ‘arriba’, es decir la estructura de mandos, donde se encuentran los oficiales superiores que son fieles al régimen”, dijo uno de los entrevistados.
Recordó que Ortega necesita “fidelidad total” de parte de los funcionarios policiales en las circunstancias actuales de enorme descontento ciudadano, y precisó que entre ese grupo de oficiales leales se encuentran aquellos que cometieron precisamente “delitos de lesa humanidad” en 2018.
Según fuentes vinculadas a la institución, Ortega dejó en el aire recientemente al comisionado general Juan Valle, a quien sacó de la jefatura de Masaya. Nombró en su lugar al comisionado general Pedro José Rodríguez Argueta, quien se desempeñó como el jefe policial de Carazo durante la “Operación Limpieza” ejecutada en 2018.
Ambos pertenecen a una cadena de mando de la represión, señalada de cometer “delitos de lesa humanidad”. Una investigación de CONFIDENCIAL, publicada en ocasión del quinto aniversario de la Rebelión de Abril, reveló que el régimen ha beneficiado con ascensos, condecoraciones, prebendas económicas e impunidad a los miembros de ese aparataje represivo, entre quienes se encuentran también fiscales, jueces y magistrados.
La otra fuente consideró que estos nombramientos de las jefas policiales forman parte de la desnaturalización de la institución que es un brazo represor de los Ortega, en la que también han contribuido anteriormente destacadas jefas policiales.
El legado de Granera y Guido
Los expertos recordaron el legado de dos mujeres fieles al orteguismo: la primera comisionada en retiro Aminta Granera, antecesora del actual jefe de la Policía, y la actual fiscal general Ana Julia Guido.
“Aminta dejó un legado desastroso: la subordinación de la Policía Nacional al proyecto personal de los Ortega Murillo. Fue ella la que desaprovechó la oportunidad de cumplir con la institucionalidad y retirarse cuando le tocaba. Ella marcó la tendencia de obediencia ciega al dictador”, agregó la fuente.
El especialista mencionó el papel de Guido, quien fue subdirectora de la Policía hasta su retiro en 2006. La abogada subordinó el Ministerio Público a los intereses dictatoriales y creó un equipo para fabricar expedientes contra los opositores.
Guido fue sancionada por Estados Unidos, cuestionada por la sociedad civil, pero Ortega la condecoró y la mantiene en ese cargo ejerciendo una función represiva. En 2006, las dos mujeres fueron las candidatas para suceder al director saliente de la Policía, Edwin Cordero.
El presidente Enrique Bolaños (2002-2007) escogió entonces a Granera como la sucesora. Después de las votaciones, con las cuales Ortega garantizó su retorno al poder, trazó una estrategia de cooptación de la Policía y el Ejército.
El caudillo recordó a la Policía sus orígenes sandinistas. Año con año aumentó el presupuesto y el número de agentes. A Granera la prolongó durante tres períodos. Guido pasó a la Fiscalía y sigue reprimiendo. Granera desapareció de la escena pública. La última vez que se le vio lanzó besos a la caravana de Ortega y Murillo cuando la pareja dictatorial viajaba a Masaya.
