22 de abril 2023
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró como jefe de la Policía de Masaya al comisionado general Pedro José Rodríguez Argueta, quien dirigió el vecino departamento de Carazo durante la “Operación Limpieza” en 2018, cuando fueron asesinados al menos 22 personas, informaron fuentes vinculadas a la institución.
El nombramiento de Rodríguez Argueta coincide con el ascenso de cuatro comisionadas en las direcciones de Seguridad Pública, Operaciones Especiales (DOEP), Inteligencia, y la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), órganos claves en el aparato represivo estatal.
Para asumir su nuevo cargo, Rodríguez Argueta dejó la jefatura de la Dirección de Seguridad Pública Nacional (DSPN), en que lo nombraron en enero pasado, después que semanas atrás lo condujeron a la prisión de El Chipote para investigarlo en medio de la reingeniería policial que Ortega realizó con el retiro sorpresivo del antiguo jefe de espionaje, el comisionado general Adolfo Marenco Corea.
La nueva decisión del gobernante pone fin al mandato en Masaya del comisionado general Juan Valle, otro conocido represor de la Policía que manejó el departamento de patrullas en Managua durante 2018, mientras en Masaya organizó operativos recientes en las puertas de las iglesias para impedir que los devotos católicos participaran en procesiones.
La cadena de mando de la represión
Las fuentes no precisaron si Valle sería retirado o nombrado en otro cargo institucional. Ambos jefes policiales forman parte de la estructura de mando represiva que permanece en la impunidad desde 2018, cuya cúspide encabezan Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y su asesor en temas de seguridad, Néstor Moncada Lau.
La Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas han denunciado la comisión de “delitos de lesa humanidad” en 2018, lo que ha sido rechazado por Ortega y su cúpula que insisten sin mostrar evidencias en que fueron víctimas de un golpe de Estado, culpando al “imperialismo”, a los “obispos del demonio” y a los “caínes” de conspirar contra las autoridades.
En ocasión del quinto aniversario de la Rebelión de Abril, CONFIDENCIAL publicó un perfil sobre los principales protagonistas estatales de la represión: policías, fiscales y jueces, a quienes Ortega ha protegido de las denuncias en su contra, pero además ha condecorado y ascendido en sus cargos, otorgándoles en algunos casos más poder.
Junto a la impunidad, la dictadura ha continuado sus labores represivas, enfocándose en la Iglesia católica. Haciendo vigilancia política en los templos, prohibiendo las procesiones incluso en Semana Santa y condenando a 26 años y cuatro meses de prisión al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, después que se negó a irse al destierro con otros 222 reos de conciencia el 9 de febrero de 2023.
La vida en Masaya, donde asume el mando policial Rodríguez Argueta, ya era difícil desde antes de su llegada. No solo por los operativos antirreligiosos de Valle, sino porque la ciudad se encuentra bajo sitio policial desde que las autoridades la ocuparon en junio de 2018, cuando el despeje sangriento de las barricadas por órdenes de Ortega.
Asciende en cargos a cuatro comisionadas
La nota de prensa 006-2023, publicada por la Policía el 14 de abril de 2023, reveló que la comisionada mayor Zaida Matilde Pineda Aráuz se convirtió en la nueva jefa de la DSPN sustituyendo a Rodríguez Argueta. Ella laboró antes como segunda jefa de la Dirección de Asuntos Internos, destacó la División de Relaciones Públicas.
La institución represiva anunció también el nombramiento de la comisionada mayor Jeovania Margarita Chamorro Villalta, de 29 años, quien según el régimen fue herida el 20 de abril de 2018 durante las protestas. Ella se convierte ahora en segunda jefa de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), después de dirigir la Brigada Especial de Mujeres “Arlen Siú” de la misma dirección.
Queda como segunda al mando de la DOEP, dirigida por el comisionado general Justo Pastor Urbina, miembro del círculo cercano de Ortega desde que fue parte de su escolta en los años ochenta. Él es uno de los altos oficiales señalados por las víctimas como responsables de la represión.
En la nota de prensa, las autoridades atribuyeron el nombramiento de las comisionadas mayores Pineda Aráuz y Chamorro Villalta a un reconocimiento al “liderazgo y capacidades de nuestras compañeras mujeres policías”.
Sin embargo, Chamorro Villalta ha tenido un ascenso meteórico en los últimos años. Tenía el rango de teniente en 2018 cuando fue una de las condecoradas por Ortega tras sus “acciones heroicas” en el año de la masacre. Ahora, ella es comisionada mayor.
Eso significa que Chamorro Villalta ascendió cuatro rangos en cinco años, pasando de capitana a subcomisionada, comisionada y finalmente comisionada mayor.
Junto a ella, el dictador distinguió a 358 oficiales más con la medalla al valor “subcomisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”. Entre los condecorados de entonces por el régimen, estuvieron compañeros de Chamorro Villalta: el comisionado Marlon Moreno (jefe de operaciones y planes del DOEP) y el comisionado Zacarías Salgado (segundo jefe de las TAPIR).
En octubre de 2022, el medio Fuentes Confiables denunció que precisamente Chamorro Villalta fue protegida por las autoridades cuando atropelló a una niña en el sector de Agrimersa en Jinotepe, Carazo.
Nombramientos en inteligencia policial y la DAJ
La dictadura anunció otros nombramientos: La comisionada Ester María Muñoz Castellano es la nueva segunda jefa de Inteligencia policial; la comisionada Belking Jaoska Trujillo es la nueva segunda jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); la comisionada Mónica Moreno Sequeira es la segunda jefa de Asuntos Internos; y la subcomisionada Lliechen Voronova Benítez Romero es la segunda jefa del Distrito 2 de Managua.
Según fuentes consultadas por CONFIDENCIAL, los cambios que realiza la pareja presidencial se vienen dando desde el nombramiento del asesor con rango de ministro en temas de seguridad, el comisionado general en retiro Horacio Rocha.
Rocha ha realizado cambios en las estructuras de mando e incluso en Aeronáutica Civil para dejarla en manos de militares y policías, pero los movimientos obedecen a fortalecer el área de contrainteligencia en la llamada búsqueda del “enemigo interno” para evitar la filtración de información, una medida que aplicaron el año pasado con mano robusta en la Corte Suprema de Justicia.
“Hay un proceso de agotamiento y molestia entre algunos policías, derivados de la paranoia de la pareja presidencial. Hay un punto económico, pero también una sobrecarga laboral. La llegada de Rocha significó también la suspensión de un estipendio que entregaban a los jefes policiales, financiado con recursos del tesoro y también de la Secretaría del FSLN”, explicó la fuente, sin ofrecer más detalles.
