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La ministra del Interior, María Amelia Coronel, defendió la política de la dictadura Ortega-Murillo de denegar el ingreso al país tanto a nicaragüenses como a personas extranjeras, alegando que la dictadura tiene la “facultad legal” para hacerlo y es un tema de “seguridad nacional”.
“Nosotros lo hacemos, más que todo, porque tenemos la facultad legal de hacerlo y, sobre todo, para proteger la soberanía nacional y nuestra seguridad ciudadana que es lo más importante para el Ministerio del Interior y para toda Nicaragua”, afirmó en una entrevista realizada por el canal oficialista TN8.
Según Coronel, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo seguirá negando el ingreso a cualquier persona que, según ellos, represente un riesgo para la “paz” del país.
El destierro y las prohibiciones
El régimen, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GRHEN), ha negado el ingreso a 318 nicaragüenses entre junio de 2018 y agosto de 2025—entre periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de opositores y otros ciudadanos—. También varios youtubers han denunciado públicamente la negativa de poder ingresar a Nicaragua.
“Nosotros y todos los países —agregó la funcionaria—, somos soberanos y Nicaragua se reserva el derecho de admisión del país en diversos casos relacionados, sobre todo con la seguridad nacional, el orden público y la prevención del delito”.
Régimen usa bandera de la “paz”
Las prohibiciones de ingreso al país aumentaron tras la expulsión masiva de 222 excarcelados políticos a los Estados Unidos en febrero de 2023 y, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GRHEN) forman parte de un “patrón más amplio de violaciones graves y sistemáticas del derecho a la libertad de circulación y a escoger libremente su residencia”.
“Vamos contra el crimen organizado, contra el terrorismo, y contra cualquier acción de cualquier persona que atente contra nuestra paz y seguridad que tanto nos ha costado (…) Esto no es fácil hacerlo y será controversial o no, lo que quieran decir, pero lo estamos haciendo bien y estamos trabajando de la manera como nos corresponde para seguir así como estamos tranquilos y en paz”, alegó la funcionaria.
Sin embargo, GHREN, en su informe Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras, documenta un sistema de control migratorio utilizado con fines políticos. Según el informe, la Dirección General de Migración y Extranjería mantiene un registro interno de personas consideradas una “amenaza” para la dictadura, alimentado con información recopilada mediante la estructura de inteligencia estatal y con datos obtenidos de redes sociales.
De acuerdo con el GHREN, las prohibiciones de ingreso las decide el viceministro del Interior, que es también secretario administrativo nacional del FSLN, en consulta con la “codictadora” Rosario Murillo, y luego son comunicadas a aerolíneas y empresas de transporte.
Cifra puede ser mayor
El Grupo, sin embargo, estima que la cifra es mayor, ya que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias contra familiares dentro de Nicaragua. Entre los afectados destacan familiares de personas expulsadas o desnacionalizadas, religiosos católicos y de otras denominaciones, periodistas, trabajadores de medios y profesionales previamente hostigados.
Además, el GHREN advierte que, con frecuencia, las prohibiciones de ingreso vienen acompañadas de otras medidas de presión, como la negativa a renovar pasaportes, la negativa a emitir certificaciones civiles básicas o incluso la confiscación de bienes y pensiones.
En septiembre de 2025, CONFIDENCIAL documentó que los nicaragüenses a quienes se les niega el ingreso deben pagar miles de dólares o escribir una carta pidiéndole perdón a Rosario Murillo para intentar regresar a Nicaragua, luego de que la dictadura les prohibió la entrada.
