1 de septiembre 2022
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La falta de legitimidad y confianza política hacia el sistema de gobierno establecido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha propiciado entre los nicaragüenses un “fatalismo” sobre la posibilidad de lograr el restablecimiento de las libertades civiles y de expresión por medio del voto en las elecciones y la protesta callejera, advirtió el analista José Miguel Cruz, director de Investigación en el Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de la Florida International University.
En una entrevista para el programa Esta Noche y CONFIDENCIAL, Cruz analizó los resultados del estudio Cultura política de la democracia en Nicaragua y las Américas 2021: Tomándole el pulso a la democracia, desarrollado por el Barómetro de las Américas, auspiciado por el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) y la Universidad Vanderbilt.
En esta encuesta especializada incorporó como pregunta, “¿Cuál es la forma en que usted cree que puede influir más para cambiar las cosas?”, y sus resultados establecieron que las elecciones ya dejaron de ser un mecanismo confiable para lograr cambios políticos.
Solo 21% de los consultados expresó que por medio de elecciones se podían lograr cambios políticos favorables, 9% respondió que a través de la protesta callejera, pero hasta un 50% respondió que en Nicaragua no es posible influir para lograr dichos cambios.
“Hay fatalismo entre los nicaragüenses”
El investigador resaltó que los resultados dejaron al descubierto un cambio radical en la cultura política del nicaragüense, que tradicionalmente se caracterizaban por tener mucha fe en las elecciones como motor de cambio. “Esa fe se perdió. Eso se ha perdido porque la gente tenía claro el año pasado, antes de las elecciones, que votar ya no iba a cambiar las cosas y, lamentablemente, la gente estaba en lo cierto, porque la votación no cambió las cosas”.
“Hay un fatalismo, diría yo, en casi la mitad de la gente que participó en la encuesta, que nos dijo que no, que no se podían cambiar las cosas. Y eso es producto de los esfuerzos del régimen por controlar absolutamente todo y por cerrar los espacios de participación política. Eso uno de los resultados más elocuentes de esta encuesta, y muestra el nivel de colapso de la participación política y democrática en Nicaragua”, añadió.
El investigador destacó que esta negatividad se vio reflejada durante las votaciones sin competencia política que se autoadjudicó el régimen el 7 de noviembre de 2021, en las que organismos como Urna Abiertas registraron un abstencionismo que superó el 80%.
Un sistema político ilegítimo
“Esto influyó de manera determinante. Marca mucho el hecho de que para buena parte, y yo diría, la mayoría de los de los nicaragüenses, el sistema político de actualidad no es legítimo, y no es legítimo porque no se mantiene en el poder por medios democráticos. Pero, más allá de eso, no hay mucho, y la gente ha perdido mucha fe, mucha confianza en el sistema político”, resaltó Cruz.
El trabajo de campo para la recolección de estos datos en Nicaragua se realizó entre el 3 de junio y el 22 de agosto de 2021, por medio de 2997 entrevistas telefónicas realizadas por la encuestadora Borge y Asociados.
Por lo tanto, no se midió el impacto de la farsa electoral del 7 de noviembre y eventos represivos ocurridos en 2022, como la cacería de oenegés, el cierre y confiscación de medios de comunicación y la persecución y encarcelamiento de sacerdotes de la Iglesia católica.
Sin embargo, Cruz explicó que el fatalismo expresado por los ciudadanos en el estudio no implica que el régimen orteguista mantenga una estabilidad política permanente.
Democracia fuerte, clave para crecimiento económico
“Lo que la gente tiene claro es que este régimen controla absolutamente todo, y que es muy difícil desafiar al régimen. Es muy peligroso, no solo difícil, desafiar al régimen. Creo que en ese sentido el régimen puede ser visto como estable. Pero, por otro lado creo que es importante añadir que la mayoría de ciudadanos, ahora ponen mucho valor en la democracia, ponen mucho valor en las libertades políticas, en la posibilidad de tener un sistema que respete esas libertades, que provea elecciones libres”, apuntó Cruz.
“Antes parecía que los nicaragüenses estaban de alguna manera conformes con un sistema que les garantizará ingresos y beneficios. Ahora creo que han caído en la cuenta de la importancia de las libertades, de la democracia, para tener prosperidad, inclusive para tener desarrollo económico”, añadió.
Aunque el estudio no auscultó sobre el nivel de respaldo político que tendría Daniel Ortega, Cruz opinó que el desplome de la confianza hacia las instituciones del régimen es un buen termómetro sobre el músculo político del régimen.
“Preguntamos sobre qué tanta confianza tienen, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, en el sistema de justicia, en el Consejo Electoral, y en otras instituciones como la Policía. Todos esos niveles de confianza se han derrumbado, y se han derrumbado de forma consistente”, explicó.
“No preguntamos esta vez directamente ¿qué tanto apoya al Gobierno? Porque esta encuesta fue hecha telefónicamente, de manera probabilística. Dado el nivel de represión y el nivel de miedo que hay entre la población, nos encontramos que si preguntamos directamente por el l régimen, la gente se asustaba mucho y nos cortaba la entrevista en ese momento”, aclaró.
El colapso de las normas del servidor público
Otro dato revelador de la encuesta fue el incremento de la percepción sobre la corrupción en la Policía, principal brazo represor del régimen, en relación con lo que el estudio denomina como “mordidas”, es decir, coimas o sobornos que piden los agentes a los ciudadanos. Pero más llamativo, fueron resultados alrededor de los empleados públicos.
“Nicaragua siempre apuntaba, comparativamente alto con otros países con el tema de corrupción de la Policía, que el hecho de que la Policía les pedía mordidas a la gente. Siempre aparecía con un porcentaje relativamente alto, alrededor del 9 y 10%. En esta encuesta, esos porcentajes incrementaron de manera notable, se han duplicado. En el transcurso de dos años, básicamente, la gente pasó a decir que habían sido víctimas de corrupción en un 20%, en el caso de los policías”, resaltó.
“El caso de los empleados públicos es todavía mucho más notable. Antes, la gente nos decía que alrededor del 5% de ellos habían sido víctimas de corrupción por parte de empleados públicos. Eso ha llegado al 22%. Eso significa que se ha cuadruplicado el nivel de victimización por corrupción a manos de empleados públicos; lo que refleja un colapso de las normas que rigen el servicio público en Nicaragua, a costa de los ciudadanos nicaragüenses, en vista del colapso y de la poca legitimidad que tiene el régimen actual”, subrayó Cruz.
