16 de octubre 2023
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Después de dos semanas de paro ciudadano, con bloqueos de carreteras y manifestaciones demandando la salida de la fiscal Consuelo Porras y el respeto a la voluntad popular de las elecciones del 20 de agosto en que ganó la presidencia Bernardo Arévalo, “Guatemala se se encuentra en un delicado equilibrio político” dice el excanciller Edgar Gutiérrez, exiliado en México.
Por un lado, el movimiento ciudadano que lideran los alcaldes de los pueblos indígenas, ha logrado paralizar el país pero, por el otro, el presidente Alejandro Giammattei y el sector privado se rehúsan a presionar a la fiscal Consuelo Porras para que renuncie a su cargo, y más bien el Ejecutivo avala la actuación de Porras para descarrilar el mandato electoral del presidente electo Bernardo Arévalo.
Si en las próximas semanas no se produce un desenlace de violencia o una negociación, y se prolonga este impase hasta el 14 de enero de 2024, “Bernardo Arévalo logrará tomar posesión como presidente, pero muy desgastado y en condiciones de una gobernabilidad muy precaria”, advierte Gutiérrez, en esta entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL.
En Guatemala, en estos momentos hay un presidente electo, Bernardo Arévalo, que ganó en las elecciones, pero también hay un golpe de Estado en marcha, ejecutado por la Fiscalía, para impedirle gobernar el 14 de enero del próximo año. ¿De qué lado se inclina la balanza política?
Estamos en un delicado equilibrio. Lo ha establecido la movilización de los pueblos indígenas, que ya lleva prácticamente dos semanas y ha paralizado el país. Es muy importante este movimiento de los pueblos indígenas liderados por las autoridades ancestrales, porque no se trata de la defensa de Bernardo Arévalo o del Partido Semilla, se trata de la defensa de la integridad del voto, del respeto de la voluntad popular expresado en las urnas el pasado 20 de agosto. Y esto ha emparejado el terreno.
Ciertamente, la Fiscalía tiene la fuerza de la acusación penal, pero tiene la debilidad enorme de la ilegalidad y de la falta de legitimidad. De hecho, la fiscal general Consuelo Porras tiene ya tres o cuatro días sin aparecer en su despacho y aparentemente está pernoctando en cuarteles militares. Y esa imagen te demuestra que están prácticamente acorralados por el pueblo.
Pero la fiscal general Consuelo Porras ha dicho que no va a renunciar, y el presidente Giammattei ha dicho que él no la puede destituir, porque según la ley, debería estar condenada por algún delito. Entonces la fiscal Porras, el fiscal (Rafael) Curruchiche y el juez (Fredy) Orellana, se quedan?
Para estar condenada por un delito, ella misma tendría que condenarse o presentar un caso, y ella no va a cometer un suicidio jurídico. Pero el presidente tiene otros instrumentos. Por ejemplo, él encabeza la burocracia estatal y él podría aplicarle una sanción administrativa, porque no se ha presentado a su despacho en tres, cuatro días, y no tiene ninguna excusa formal para no hacerlo.
El presidente Giammattei y la fiscal Consuelo Porras
El presidente electo, Bernardo Arévalo, ha señalado al presidente Giammattei como el responsable de esta crisis y le demanda tomar acciones. ¿Pero cuál es la posición de Giammattei? ¿Avala, o cuestiona la actitud de la Fiscalía?
La avala. Si en algún momento el presidente Giammattei pensó en quitarle el respaldo a la fiscal general, Consuelo Porras, ese momento ya pasó el lunes, cuando la fiscal difundió a través de las redes sociales una declaración en la que prácticamente amenazó al presidente de conducirlo a los tribunales si él no detenía las manifestaciones populares.
Ese mismo lunes, el presidente apareció también en televisión, en una cadena de medios, afirmando que él iba a detener las manifestaciones. O sea, aquí estamos en un juego de chantajes, en el que la fiscal amenaza con tener casos escondidos contra el presidente y ante el temor, el presidente está respondiendo a las indicaciones que ella le transmite a través de los medios de comunicación.
El movimiento de protesta ciudadana que mencionaste hace un momento, ¿qué dimensión tiene a nivel del territorio nacional? Alguna gente se queja de que están interrumpiendo la normalidad del comercio, de los servicios y demanda a las autoridades que cesen los bloqueos.
Es una dimensión nacional. Ha habido días en los que se han contabilizado hasta 200 puntos de manifestaciones y bloqueos. Sí, principalmente han sido bloqueos de carreteras, de calles.
La Corte de Constitucionalidad ha declarado que los bloqueos son ilegales, pero las marchas, las manifestaciones, son legales. Entonces, lo que ha hecho la gente es un mix, un híbrido entre bloqueo y marcha, permitiendo pasar ambulancias y servicios de necesidad básica. Pero sí ha impactado fuertemente al sector privado, sobre todo al sector que exporta verduras, bienes que son perecederos. Ellos han tenido pérdidas grandes.
Temen chantajes de la Fiscalía
¿Y cuál es la posición de los poderes económicos, de los empresarios agrupados en CACIF en esta crisis? Entre la posición de la Fiscalía, por una parte, que está cuestionando el mandato electoral, y la protesta ciudadana que está provocando estas afectaciones.
El silencio, la omisión, ayuda a Consuelo Porras y sus planes. Y en este delicado equilibrio al que me refería al inicio, solo una posición contundente del sector privado podría inclinar la balanza a favor de las fuerzas democráticas. Pero no lo ha hecho, a pesar de que está sufriendo pérdidas una parte de este sector privado. Ahí también el juego del chantaje se extiende hacia una parte del sector privado y por eso hay temor de pronunciarse.
¿Él temor de chantaje por acciones de la Fiscalía?
Por acciones de la Fiscalía, por casos que están detenidos desde hace años, por involucramiento de una parte del sector privado en financiamiento electoral ilícito, que es uno de los temas que sacó la CICIG hace cinco años ya.
La Corte de Constitucionalidad, que se supone que es el gran árbitro político legal de todas estas disputas en Guatemala, prácticamente le dio mano libre a la Fiscalía para seguir actuando en la persecución del Movimiento Semilla que ganó las elecciones y del presidente electo. ¿Hay alguna instancia de apelación?
No hay instancia de apelación. Ante la Corte de Constitucionalidad, formalmente no la hay. Tienen la última palabra los magistrados de esta Corte y sus resoluciones, la misma Constitución lo dice, son inapelables. Pero puede cambiar también de opinión. Hasta ahora, la Corte ha desechado las apelaciones que juristas muy destacados han presentado, en el sentido de que la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada, que es la que levanta la Fiscalía contra el Movimiento Semilla y contra el presidente electo Bernardo Arévalo, es muy peligrosa. Así como la aplican ahora contra un partido político, lo pueden aplicar mañana contra una empresa, contra cualquier ciudadano común y corriente. Y esta discusión jurídica todavía no tiene lugar y sí tendría que llevarse a cabo, porque es desproporcionada la acusación que está presentando la Fiscalía contra el partido Semilla y Bernardo Arévalo.
La transición de gobierno a Bernardo Arévalo
Mientras tanto, hay un proceso acordado de transición de gobierno entre el presidente Giammattei y el presidente electo, Bernardo Arévalo, bajo el monitoreo y el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. ¿La transición está en marcha, o está paralizada?
Formalmente, ha continuado. Se paralizó durante unos días. Pero el contenido de esta transición es prácticamente nulo. Son formalismos los que están ocurriendo y la misión de la OEA que ha permanecido y que permanecerá después, hasta el 14 de enero, cuidando que no se caiga el proceso, más bien se ha orientado recientemente hacia la mediación entre manifestantes y Gobierno. Hace un par de días hubo una reunión entre las autoridades ancestrales y el presidente, pero no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, los focos están más concentrados en las manifestaciones, en los bloqueos, que en la transición propiamente dicha.
¿Qué peso tiene la legitimidad del propio presidente electo Bernardo Arévalo, después de su victoria electoral, su relación con las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas guatemaltecas? Al final de cuentas, esto es lo que está en juego en esta crisis.
Fuera de la Fiscalía y de un grupo muy radical, nadie cuestiona los resultados electorales. El presidente electo tiene legitimidad. Pero la irrupción de los movimientos indígenas le ha opacado un tanto, y ha quedado en medio de dos fuegos. Por un lado, sectores conservadores que le señalan a él de instigar el paro nacional y, por otro lado, movimientos sociales, indígenas y populares que dicen: “nosotros no estamos acá por el presidente electo, nosotros estamos acá defendiendo el voto, defendiendo la democracia”.
Y entonces, Bernardo Arévalo ha quedado un poco a la defensiva, porque no es que él esté encabezando los movimientos de protesta, sí los avala, por supuesto, pero tampoco es que él esté empujando a las fuerzas hacia actos ilegales. Entonces, la posición de Bernardo Arévalo, es incómoda en esta coyuntura.
¿Esta situación puede prolongarse indefinidamente y llevar al traspaso de gobierno el 14 de enero, en este estado, o existe un riesgo de que desemboque en violencia o quizás en alguna negociación?
La negociación, hasta ahora, el primer intento, no funcionó. Las fuerzas de seguridad, hay que reconocerlo, la Policía se ha comportado de una manera bastante correcta, no han reprimido que ese es el principal riesgo, cuando empezó todo esto y ha habido mucho diálogo y entendimiento.
Sin embargo, comienza a observarse la organización de grupos que podríamos denominar “guardias blancas”, algunos grupos extremistas, algunos grupos pudientes con sus custodios, con decenas de guardaespaldas que comienzan a organizarse y a querer romper los bloqueos y las manifestaciones de manera violenta. Hasta hoy no ha habido un enfrentamiento, pero sí es un riesgo latente de que vengan choques entre grupos civiles, Y estas “guardias blancas” armadas podrían provocar víctimas que, por fortuna en estas dos semanas no ha habido.
¿Pero si este equilibrio precario se prolonga, y se llega al punto del traspaso de poder, Bernardo Arévalo tendrá condiciones de gobernabilidad para ejercer su mandato electoral? ¿O estaría en una Presidencia sitiada, amenazada?
El presidente electo ha sufrido durante estas semanas un desgaste tremendo. El objetivo de estos movimientos sociales de protesta es que se reconozca la victoria de Semilla y del presidente electo. Si esto se prolonga hasta mediados de enero, habrán logrado su objetivo, en el sentido de que Bernardo Arévalo estará asumiendo finalmente la presidencia. Pero son condiciones muy desgastantes para él y una condición de precariedad de la gobernabilidad democrática, también delicada. Son escenarios muy complicados en los que le va a corresponder gobernar.
