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Diez días de paro y protestas en Guatemala demandan frenar “golpe de Estado”

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana: sector privado será determinante en solución de la crisis y salida de la fiscal Consuelo Porras

Guatemala protestas

Personas se manifiestan para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por sus acciones antidemocráticas, en Guatemala. Foto: EFE | Confidencial

12 de octubre 2023

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El sector privado y las fuerzas de seguridad serán determinantes en la resolución del conflicto civil que envuelve a Guatemala, donde los ciudadanos (con fuerte acento indígena y rural) se levantaron en paro desde hace dos semanas pidiendo la destitución de tres funcionarios corruptos, y que se respete la voluntad popular expresada en las urnas durante las elecciones que dieron la victoria a Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla.

Desde que Arévalo logró un sorpresivo segundo lugar que le dio paso automático al balotaje, fuerzas estatales al servicio de lo que en ese país se denomina ‘pacto de corruptos’, han ensayado diversas iniciativas para tratar de escamotear la victoria del candidato sin lograr hasta ahora su objetivo… aunque todavía tienen más de tres meses para impedir que el presidente electo asuma la primera magistratura chapina.


La respuesta de la ciudadanía ha sido proporcional a los intentos de impedir que Arévalo comience a gobernar en enero próximo, y escaló a máximos cuando se decretó un paro que paralizó al país y elevó la presión social, reclamando la destitución -o la renuncia- de los fiscales Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana, y que el presidente Alejandro Giammattei cumpla con su obligación de asegurar una transición ordenada.

La respuesta del mandatario saliente fue el silencio, mientras que la aludida fiscal Porras contestó que no renunciaría, “lo que enardeció más a la gente”, dijo el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, al ser entrevistado para el programa Esta Noche, que se transmite en línea para vencer la censura periodística ordenada por la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Su opinión es que el factor clave es el sector privado… ver si los empresarios están dispuestos a presionar para que renuncie la fiscal Porras, o que la despida el presidente Giammattei, que es quien la contrató, posición en la que hay un “consenso casi nacional”, que también incluye a la Iglesia católica y a la sociedad civil.

“Esta señora se tiene que ir, porque está provocando una parálisis económica injustificada, siendo que lo único que está pidiendo la gente es que se vaya una funcionaria pública que ha demostrado no ser proba, no tener las condiciones para ejercer ese cargo. En cualquier parte y democracia del mundo lo más cívicamente aceptable es que la gente proteste y el funcionario tenga que irse a su casa, pero aquí hay un blindaje que no es de la fiscal general, sino de las élites de poder que la acompañan, porque se sienten muy protegidas por ella”, explicó.

Marroquín opina que la única opción viable es la salida de la fiscal Porras, “y todos los que la acompañan en esta aventura de impunidad y de corrupción, porque no veo al pueblo abandonar la lucha. Tampoco veo a unas fuerzas de seguridad queriendo reprimir al pueblo”, al considerar la masividad de una protesta que tiene a miles de personas en las calles, lo que solo se podría solucionar cometiendo una masacre, “y no veo que tengan ese espíritu, porque saben que eso no es humanamente viable”.

Una protesta nacional

Si bien el acompañamiento de la comunidad internacional no suele resolver las crisis, al menos genera presión para que actúen quienes sí tienen capacidad de resolución. En este caso, Marroquín, que es también el representante guatemalteco de Transparencia Internacional, valora de forma positiva la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA), y su secretario general, Luis Almagro, porque existe el conocimiento de que no se trata de una crisis artificial, o manipulada desde el poder político.

“A diferencia de otros muchos países donde ha habido crisis similares, yo diría que aquí la OEA sí ha tenido un papel relevante... constructivo, propositivo, de mediación”, dijo recordando que el secretario general Almagro fue víctima del fiscal Curruchiche, “prácticamente amenazándolo de que si seguía con sus gestiones casi que lo iba a investigar y lo iba a meter preso. Una cosa delirante, como ha hecho con la mayoría de gente que critica la corrupción del Gobierno”.

Su análisis indica que la comunidad internacional sabe qué es lo que se juega en el país, y tiene claro que no es una crisis artificial construida por partidos de oposición, o por razones ideológicas, “sino que es el clamor de un pueblo porque paren de robarse los recursos”, y que se usen para educación, o infraestructura, valoró.

Precisamente, esa falta de vinculación de las iniciativas ciudadanas con las cúpulas de cualquier partido, es lo que hace más creíble y otorga fortaleza a un movimiento popular con fuerte influencia rural e indígena que exige al Gobierno que se sacuda de los funcionarios corruptos, y que asegure una transición pacífica que desemboque en la asunción del nuevo Gobierno escogido en las urnas.

Al relatar cómo el presidente electo Arévalo se ha mantenido al margen de las protestas, Marroquín señaló que la organización tradicional indígena con presencia en 48 cantones, que es la que inició la protesta, ha sido muy enfática en que ellos no están defendiendo a ningún partido, sino que están indignados porque el establishment quiere tumbar el proceso electoral,

La decisión de impedir que Arévalo tome posesión en enero de 2024 -intento que el candidato vencedor catalogó como un golpe de Estado- es la génesis de una protesta con fuerte componente rural e indígena -en contraposición con las grandes manifestaciones más bien urbanas que en 2015 llevaron a la renuncia del Gobierno de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, y muchos funcionarios más- y tiene casi paralizada la economía guatemalteca.

Marroquín está de acuerdo con la tesis del intento de golpe de Estado, porque hay suficiente evidencia pública para creerlo, expresando el temor de que el 30 de octubre, cuando venza el período electoral, aumenten las “operaciones judiciales selectivas, políticamente interesadas”, que también afectan a los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, por lo que podrían prolongar el periodo electoral hasta el 14 de enero para proteger la elección, “y evitar que esta persecución tenga resultados”.

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Iván Olivares

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Durante más de veinte años se ha desempeñado en CONFIDENCIAL como periodista de Economía. Antes trabajó en el semanario La Crónica, el diario La Prensa y El Nuevo Diario. Además, ha publicado en el Diario de Hoy, de El Salvador. Ha ganado en dos ocasiones el Premio a la Excelencia en Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Nicaragua.

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