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El Parlamento Europeo pidió el miércoles 17 de junio de 2026 “aumentar la presión” contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mediante más sanciones individuales “contra los responsables de la represión” para que rindan cuentas ante la justicia internacional y activar la cláusula que suspende los beneficios del Acuerdo de Asociación.
Los eurodiputados exigieron la “liberación inmediata e incondicional” de Carlos Brenes, y de su esposa Salvadora Martínez detenidos en agosto de 2025, y la de todos los presos políticos. Además, demandaron información sobre su paradero, estado de salud y condiciones de detención.
“Europa no puede amparar la represión sistemática del régimen y el desmantelamiento del Estado de derecho. Debemos pensar si estamos con quien oprime o estamos con quien lucha por su libertad. Nosotros debemos estar al lado de las víctimas”, mencionó la eurodiputada, Elena Nevado del Campo del grupo Partido Popular Europeo (PPE).
“El caso de Carlos Brenes, Salvadora Martínez y la trágica muerte en prisión del líder indígena Brooklyn Rivera son los ejemplos recientes de esta represión tan cruel”, afirmó el eurodiputado Francisco José Millán Mon del PPE, quien acusó al Servicio Europeo de Acción Exterior de limitarse a “comunicados tibios” frente al deterioro de los derechos humanos en el país.
Los europarlamentarios utilizaron estos tres casos para dar a conocer la situación de las personas presas por motivos políticos en Nicaragua.
La situación de las libertades fundamentales en Nicaragua —coincidieron— sigue siendo “muy preocupante e inaceptable”. Se ha restringido el espacio cívico y se amenaza a las voces críticas en el país.
Denunciaron que Rivera permaneció desaparecido durante más de dos años antes de fallecer bajo custodia estatal. “La muerte en prisión de Brooklyn Rivera es un ejemplo ilustrativo de esta realidad. Es necesario realizar una investigación amplia, profunda e independiente”, señalaron.
Parlamento votará resolución de “condena”
El debate centrado en la crisis de derechos humanos y la situación de los presos políticos en Nicaragua sirvió de antesala a la votación de una resolución programada para el jueves 18 de junio de 2026, que contempla el análisis de siete textos presentados por los grupos parlamentarios.
La iniciativa, presentada bajo el título “Presos políticos en Nicaragua: los casos de Carlos Brenes, Salvadora del Socorro Martínez Aburto y Brooklyn Rivera”, expone la profundización de la crisis de derechos humanos en el país desde 2018.
La propuesta sostiene que el régimen Ortega-Murillo ha “desmantelado las instituciones democráticas, la separación de poderes y el Estado de Derecho”, mientras que las violaciones documentadas por Naciones Unidas “pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
En el documento se “condena enérgicamente” el uso sistemático de la represión, la detención arbitraria, la desaparición forzada. También los “juicios falsos, el exilio, la privación de la nacionalidad y la confiscación de propiedades” por parte del régimen de Ortega-Murillo.
Según los eurodiputados, el régimen debe garantizar a todos los presos políticos “acceso a sus familias, abogados, atención médica y supervisión internacional”. La propuesta de la resolución que será sometida a votación también contempla:
- La devolución de los restos de Brooklyn Rivera a su familia y la rendición de cuentas de los responsables.
- Garantía para que ningún fondo de la Unión Europea o multilateral “fortalezca al régimen”.
- Ampliar sanciones específicas contra jueces, fiscales y funcionarios de prisiones.
- Apoyar la rendición de cuentas y llevar ante la justicia internacional a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Proponen sanciones comerciales
Los eurodiputados coinciden en exigir al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, y “suspendan su aplicación a Nicaragua mientras persista la represión”.
“El Parlamento no mantendrá, bajo ninguna circunstancia, relaciones con representantes del régimen dentro de la recién creada Comisión Parlamentaria de Asociación”, señala el texto.
“Europa puede y debe actuar”, recordó la eurodiputada Elena Nevado del Campo, tras señalar que “la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica está para responder a estas violaciones de los derechos fundamentales”.
La europarlamentaria Nora Junco García, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) advirtió que “por respeto a las víctimas por la credibilidad de la Unión Europea” ha llegado el momento de activar la cláusula democrática.
“La cuestión es si nosotros estamos dispuestos a actuar como si realmente lo creyéramos, porque existe una cláusula democrática en nuestro acuerdo con Nicaragua y es precisamente para estas situaciones, no para los buenos días ni tampoco para cuando todo funciona bien, sino para cuando el régimen viola sistemáticamente los derechos humanos”, manifestó Junco García.
En febrero de 2025, el Parlamento Europeo (PE) urgió a la Unión Europea (UE) a que active la “cláusula democrática”.
“Papá no estás solo”
Uno de los momentos más emotivos del debate ocurrió cuando la eurodiputada María Noichl leyó una carta enviada por Thelma Brenes, hija del coronel retirado en prisión.
“Papá, estés donde estés, quiero que sepas algo: no te hemos olvidado. No estás solo. Podrán esconderte tras los muros de una prisión, pero jamás podrán borrarte de nuestras vidas. Tampoco podrán destruir el legado de tu vida”, señaló Noichl al leer la carta de la hija del exmilitar.
La resolución propone endurecer la respuesta europea contra los responsables directos de la represión.
Otro parlamentario cuestionó que las sanciones europeas aún no alcancen directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo. “¿Cómo es posible que la Unión Europea haya sancionado a todo el entorno de Ortega menos a él, que es el principal responsable junto a su mujer?”, puntualizó.
