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Estados Unidos exigió el martes 7 de julio de 2026 al Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, la liberación inmediata del dirigente indígena Steadman Fagoth Müller, un antiguo asesor presidencial para políticas de pueblos originarios que se encuentra detenido desde septiembre de 2024.
“En septiembre de 2024, los secuaces de Murillo y Ortega desaparecieron de manera forzada a Steadman Fagoth Müller, de 71 años, un exfuncionario político dedicado a defender las tierras autónomas de Nicaragua de la codicia y la corrupción del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)”, señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.
Ahora, “tras casi dos años de desaparición forzada y condiciones inimaginables, se han publicado fotos de una supuesta ‘visita familiar’ montada por la dictadura. Ya vimos lo que pasó cuando la dictadura publicó fotos de (el líder indígena miskito) Brooklyn Rivera: murió a los pocos días. ¿Es esto lo que nos espera otra vez? Liberen ya a Steadman Fagoth Müller”, agregó la oficina adscrita al Departamento de Estado en el mensaje compartido por la Embajada estadounidense en Managua en sus redes sociales.
El 14 de junio de 2026 medios oficiales de Nicaragua difundieron unas fotos del líder indígena Fagoth Müller durante una visita de su esposa a la cárcel, días después de que una alianza opositora pidiera una fe de vida por considerarlo un preso político en condición de desaparición forzada y tras la muerte bajo custodia estatal de Brooklyn Rivera.
Detención de Steadman Fagoth
Familiares del detenido negaron que la mujer, identificada como doctora Stefany Martínez, sea la esposa del exfuncionario, que fue arrestado por la Policía de Nicaragua supuestamente por intentar “sustraer armamento orgánico” del Ejército.
La detención de ese líder indígena y asesor presidencial se dio un día después de que medios nicaragüenses difundieran unas declaraciones en las que denunció el impacto ambiental tras la llegada masiva de “colonos” (no indígenas) fuertemente armados, bajo la presunta complicidad de las autoridades y estamentos de seguridad, a la Reserva de Bosawás, un territorio cerca de la frontera con Honduras donde hay indígenas miskitos y mayangnas.
Un total de nueve opositores y críticos con el Gobierno han muerto bajo custodia del Estado en los últimos siete años.
