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El coronel en retiro del Ejército, Carlos Brenes Sánchez, de 70 años, y su esposa, Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 68, fueron condenados a 15 años de prisión por el supuesto delito de “traición a la patria”, según se desprende de una resolución de “medidas urgentes” dada a conocer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Esta Presidencia fue informada que se les habría sometido a un proceso judicial por el delito de traición a la patria y que habrían recibido una sentencia de 15 años”, indica la Corte IDH en su resolución firmada por el presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, el 1 de abril de 2026.
El tribunal regional fue informado sobre la condena al recibir, el 30 de marzo de 2026, una solicitud de ampliación de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Carlos Brenes y su esposa fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional el 14 de agosto de 2025 y, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, se encuentran en condición de “desaparición forzada”.
Según información extraoficial —señala la Corte IDH— estarían recluidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo” y el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como “La Esperanza”.
La Corte IDH, sin embargo, reveló que “no se ha verificado de forma fidedigna” el paradero de Carlos Brenes Sánchez y Salvadora Martínez Aburto.
“Ningún familiar o allegado habría tenido contacto con ellos desde su detención”, argumentó el presidente de la Corte IDH.
Primera detención de Carlos Brenes
Carlos Brenes Sánchez se retiró del Ejército Popular Sandinista en 1994 con el grado de coronel y fue uno de los fundadores y coordinador del Grupo Patriótico de Militares Retirados y formó parte del Frente Amplio por la Democracia (FAD), que cuestionaba la deriva autoritaria del orteguismo.
Después de las protestas de abril 2018, el excoronel Brenes fue capturado, por primera vez, el 28 de agosto de ese año en la frontera de Peñas Blancas cuando viajaba hacia Costa Rica para realizarse un chequeo médico por su padecimiento de diabetes.
El exmilitar, originario de Monimbó, Masaya, combatiente en la insurrección en 1978 y 1979 y uno de los jefes militares del Frente Interno del FSLN, fue acusado de “terrorismo” por el régimen Ortega-Murillo, y permaneció en la cárcel hasta su excarcelación el 19 de junio de 2019, gracias a una autoamnistía aprobada por el régimen.
Brenes estuvo encerrado en una celda de castigo en La Modelo acusado, sin pruebas, de dirigir supuestos ataques armados contra la Policía en Carazo y Masaya. Como resultado de sus más de diez meses en la cárcel, se agravaron sus enfermedades crónicas de hipertensión y diabetes, que requieren un cuidado y atención médica permanente.
Corte IDH amplía medidas provisionales
La resolución de la Corte IDH amplió las medidas provisionales en favor de cinco presos de la dictadura. Además de Carlos Brenes y su esposa, los otros tres beneficiarios de las medidas urgentes son: el general de brigada en retiro, Álvaro Antonio Baltodano Cantarero, de 73 años; su hijo Álvaro Baltodano Monroy, de 47 años; y Larry Javier Martínez Romero, de 31 años.
El dictamen forma parte del asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, un expediente abierto desde 2021.
El tribunal constató que los cinco nicaragüenses fueron detenidos y procesados “sin las debidas garantías judiciales”, algunos de ellos bajo tipos penales que habrían sido utilizados como represalias por “su participación real o percibida en hechos relacionados con la oposición al Gobierno de Nicaragua”.
En la resolución se insta al Estado de Nicaragua a lo siguiente:
- Determinar e informar el paradero de los cinco beneficiarios.
- Proceder a su liberación inmediata.
- Adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para “proteger eficazmente la vida, integridad personal, salud y libertad” de los beneficiarios.
- Informar de “forma inequívoca” a familiares y abogados sobre el lugar de detención, facilitar el contacto inmediato con familiares y garantizar acceso a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada.
- Garantizar el acceso de los abogados de confianza a la totalidad del expediente y al sistema de información judicial en línea.
- Abstenerse de “enjuiciar y ejercer represalias” contra familiares y representantes de los beneficiarios.
- Informar a la Corte a más tardar el 13 de abril de 2026 sobre la situación de los beneficiarios y las medidas adoptadas para cumplir la resolución.
“Precarias” condiciones de detención
La resolución describe las “precarias” condiciones en las que se encuentran los cinco presos.
Carlos Brenes Sánchez —quien ha tenido un “rol de liderazgo dentro de los militares retirados” y en la población de Masaya y Carazo—, estaría en una celda donde lo vigilan a través de una cámara durante las 24 horas del día.
Según el tribunal, se “mantiene una luz encendida día y noche” que le impide descansar y sería “víctima de maltrato psicológico, incluyendo amenazas verbales en las que se les dice a las personas detenidas que morirán en prisión y que sus familiares los han olvidado”.
Su esposa, Martínez Aburto —detenida por policías cuando “caminaba hacia su vivienda”, también está en una “situación de especial vulnerabilidad”.
Álvaro Baltodano Cantarero, detenido el 14 de mayo de 2025 durante un allanamiento a su finca, sin orden judicial y sin que se le notificaran cargos, y su hijo Baltodano Monroy, “no estarían recibiendo la atención médica ni los medicamentos que requieren”. Además, permanecen en “condiciones de aislamiento, sin acceso adecuado a luz solar, atención médica y alimentación compatible con sus graves condiciones de salud”.
El 10 de junio de 2025, CONFIDENCIAL, a través de fuentes vinculadas al órgano judicial, confirmó que Baltodano Cantarero fue condenado a 20 años de prisión por “traición a la patria”. El 14 de agosto, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) alegó “lavado de dinero” para encarcelar y confiscar a Baltodano Cantarero y su hijo.
Larry Javier Martínez Romero fue detenido el 13 de agosto de 2025 en Masaya mediante un operativo con diez agentes policiales que no presentaron orden judicial. Solo le informaron que sería trasladado para una “entrevista policial”.
Las autoridades penitenciarias de “La Modelo” permitieron que se le entregaran insumos básicos de comida e higiene en septiembre de 2025, pero sin confirmar que se encontraba “recluido en ese establecimiento”.
Estado sigue en “desacato”
Desde que se abrió el expediente en 2021, más de 100 personas presas políticas han sido beneficiadas con medidas provisionales en este mismo asunto, ninguna de las cuales ha sido respondida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado nicaragüense en “desacato permanente” a las numerosas órdenes de liberar a los presos políticos, y elevó la situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la que la dictadura se retiró.
Nicaragua abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2023, pero la Asamblea General ha reiterado que esa salida “no afecta las obligaciones” del país bajo otros tratados de derechos humanos que “siguen siendo vinculantes para el Estado”.
