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Entra en vigencia Ley que inhibe a opositores para cargos públicos

Gobierno publica legislación en La Gaceta, diario oficial, menos de 24 horas después de haber sido aprobada en la Asamblea Nacional

Gobierno publica legislación en La Gaceta

Vladimir Vásquez

23 de diciembre 2020

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Menos de 24 horas después de haber sido aprobada en la Asamblea Nacional, la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, fue publicada en la Gaceta, Diario Oficial, por lo que a partir de este 22 de diciembre entró en vigencia.

La Ley fue aprobada el 21 de diciembre con trámite de urgencia, luego que fuera enviada por el dirigente sandinista Daniel Ortega el pasado viernes 18.


Con ello, Ortega inhibe a todos los candidatos opositores de optar a cargos públicos si son considerados "golpistas", un término que utiliza el régimen para dirigirse a quienes participaron de las protestas populares en 2018 que el gobierno sofocó con una violenta represión que dejó 328 personas fallecidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Todo aquel que haga una traición a la patria será sancionado de acorde a la presente ley", dijo en el pleno el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.

Condicionar reconocimiento de Ortega en 2021

En una sesión realizada la noche del lunes, hora española, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de España aprobó un proyecto de ley que condena la represión en Nicaragua y llama al Gobierno español a condicionar el reconocimiento de Ortega como presidente de Nicaragua tras los comicios de 2021.

"Actuar en el ámbito de las Instituciones de la UE para que se pronuncie en términos similares y para que condicione el reconocimiento de las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2021 en Nicaragua al cumplimiento de las mínimas garantías democráticas exigibles", dice el proyecto de ley en su artículo tres.

Además, en el artículo uno del mismo documento, los parlamentarios españoles le recuerdan a Ortega los convenios internacionales que viola con la aprobación de la Ley de inhibición, mismos, dice el texto, de los que España también es firmante.

"Condenar clara y rotundamente la violación reiterada de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega y la aprobación de leyes que suponen un evidente atropello de los derechos políticos y civiles recogidos en numerosos textos internacionales de los cuales España es parte firmante, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, el Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950", reza el artículo uno.

Los parlamentarios también llaman a un cese a la represión, la liberación de los presos políticos, aplicar las sanciones unipersonales aprobadas y previstas por la Unión Europea para castigar a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Pero también "pedir a las instituciones de la UE la aplicación y cumplimiento de la cláusula democrática del acuerdo que rige las relaciones entre la Unión Europea y los países de la ACP (África, Caribe y el Pacífico) del cual forma parte Nicaragua".

"Intento burdo de mantenerse en el poder"

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, tildó este lunes como "intento burdo" del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por mantenerse en el poder, una ley que inhabilitará las candidaturas a cargos de elección popular a "traidores a la patria" es este país centroamericano.

"La ley de restricción de candidatos de Ortega es opuesta a la reforma electoral y otro intento burdo de mantenerse en el poder", señaló Kozak en un tuit enviado por la embajada estadounidense en Managua.

"En vez de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postularse para un cargo (de elección popular) y al pueblo el derecho a elegir a sus líderes", agregó.

"Traidores a la patria"

Según la ley, serán considerados "traidores a la patria" y tampoco podrán optar a cargos de elección popular, los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, y/o que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación.

También los que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones.

Además, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos lo que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico.

Diversos sectores de la oposición consideraron que esa ley busca eliminar la competencia electoral y allanar el camino a una nueva reelección a Ortega, quien se encuentra en el poder desde enero de 2017.

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Vladimir Vásquez

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