5 de mayo 2019
La insistencia del régimen de Daniel Ortega en que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pida a la comunidad internacional la suspensión de sanciones contra la dictadura nicaragüense, es vista por su contraparte como una estrategia para acabar anticipadamente con la negociación, mientras el plazo de noventa días, que el Gobierno pidió para la liberación de todos los presos políticos, está agotándose sin que los reos hayan sido liberados.
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica y delegado en la mesa de negociación, señala que en este momento “el levantamiento de sanciones no tiene sentido” y que, si al término de los noventa días solicitados por el régimen, los reos de conciencia no son liberados, posiblemente se apliquen más sanciones internacionales en contra de la dictadura y haya algún tipo de presión por los testigos y garantes de los acuerdos firmados el 23 de marzo.
En entrevista en el programa Esta Semana, Chamorro explica que la delegación del Gobierno ha puesto sobre la mesa la discusión una ley de amnistía; no obstante, sostiene que en la Alianza Cívica “hemos dicho que no creemos en esa como la solución, no creemos en una amnistía, si la van hacer va a tener que ser fuera del contexto de la mesa de negociación y de forma unilateral”.
Chamorro también señala que temas como el restablecimiento de las libertades públicas, la reforma electoral y el adelanto de elecciones no han avanzado simplemente “porque al Gobierno no le da la gana”, pero el objetivo de la negociación es “seguir presionando” al régimen.
La mesa de negociación discutió esta semana al menos tres propuestas para la implementación de los acuerdos firmados el 23 de marzo, ¿cuáles son los resultados?
El 23 de abril los testigos y acompañantes se reunieron con ambas delegaciones, por separado, y nos presentaron un plan de compromisos para avanzar en los acuerdos. Ahí estaba; por ejemplo, que la totalidad de los presos en la lista conciliada fueran liberados en el mes de mayo, estaba también la liberación de los insumos de los periódicos y estaba la repatriación y entrada segura de los exiliados. Ellos presentaron estas propuestas a ambas delegaciones. Ambas delegaciones, por separado, las vimos bien, acordamos llegar el 29 de abril a la mesa de negociación, llegamos ahí, hablamos todo el día, llegamos casi a un acuerdo y como a eso de las 7:00 de la noche el canciller (Denis Moncada) y el diputado (Edwin) Castro se fueron a hacer una consulta telefónica y después de una hora de consulta telefónica dijeron que lo más importante era el levantamiento de las sanciones y que todo lo demás estaba condicionado a que ese mismo día llamáramos al levantamiento de las sanciones, obviamente eso desbarató el esfuerzo que se venía haciendo con los testigos y acompañantes.
¿Hará la Alianza Cívica algún llamado a la comunidad internacional para que cesen las sanciones contra el régimen de Ortega y sus allegados, tal como demanda el Gobierno?
No tienen sentido. El levantamiento de sanciones solo se haría en la medida que el país encuentre las condiciones previas a que estas sanciones fueron anunciadas, como fueron; por ejemplo, el restablecimiento de las libertades civiles, la liberación de todos los presos, la libre expresión, poder marchar, poder ondear la bandera, que existan condiciones democráticas, que se den elecciones libres y anticipadas, esas son las razones que estarían detrás de la justificación del levantamiento se sanciones. Hacer un llamado vacío, sin ningún hecho real, no tendría ningún sentido y por eso es que desde el lunes pasado hasta este fin de semana la posición del Gobierno ha sido la misma, condicionalidad para levantar las sanciones, nosotros decimos, ¿qué es lo que está tratando de hacer el Gobierno aquí? Está tratando de matar la negociación, así como lo hizo en junio pasado al decir levanten los tranques ahora está queriendo decir levanten las sanciones, es simplemente una estrategia para matar la negociación.
Los testigos internacionales propusieron un cronograma para la liberación de todos los presos políticos, ¿cuáles son los plazos y por qué no se ha ejecutado?
No se han cumplido porque no hay voluntad política de parte del Gobierno. Existe una lista consensuada entregada ya a la Cruz Roja, la Cruz Roja solo está esperando el banderillazo, tiene mes y medio de estar esperando. La Cruz Roja ahí está sin hacer absolutamente nada para que el Gobierno le dé la lista de los más de 230 presos conciliados y que se liberen, eso es básicamente lo que hace falta, que el Gobierno le diga a la Cruz Roja estos son los nombres libérenlos y ellos obviamente están poniendo un tranque que se llama levanten las sanciones, de nuevo, están tratando de matar la negociación.
¿Cuál es el plazo que se estableció en el cronograma de los testigos?
Habíamos hablado de que la totalidad de los presos conciliados, que es un buen número de ellos, como más de 230, fueran liberados en las cuatro semanas de mayo.
El magistrado judicial Francisco Rosales aseguró que el Gobierno busca una ley de amnistía. ¿Han hablado de esa posibilidad? ¿Es posible un acuerdo al respecto?
La delegación del Gobierno ha mencionado el tema de la amnistía en varias ocasiones en la mesa de diálogo, nosotros hemos dicho que no creemos en esa como la solución, no creemos en una amnistía, si la van hacer va a tener que ser fuera del contexto de la mesa de negociación y de forma unilateral.
¿Por qué no es viable una ley de amnistía?
Porque una ley de amnistía con la historia que tiene Nicaragua de más de 56 leyes de amnistía lo que ha hechos es simplemente poner la basura debajo de la alfombra y no resolver verdaderamente el problema. La solución de justicia que nosotros estamos planteando es una integral, que ponga a la víctima como el centro de la política pública, la política nacional de reconciliación, que ponga a la víctima y le dé reparación, reparación física, moral, económica y reputacional, de que las familias que han perdido seres humanos por la violencia puedan tener una reconstrucción de sus vidas, para que haya justicia para que haya verdad. Es decir, que se esclarezca diafanamente ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Quiénes fueron los criminales? ¿Qué fue lo que paso? ¿Quién dio la orden? Para nosotros ese es el sistema de justicia. Hacer una ley de amnistía es simplemente de un plumazo tratar de borrar la historia y tratar de hacer creer que con ese plumazo se resuelve el problema, además que crímenes de lesa humanidad no son amnistiables.
¿Qué pasará si al término del plazo de noventa días el Gobierno no libera a todos los presos políticos?
Va estar en un serio problema. Va estar en un serio problema porque acá tenemos de garantes, en la acción de liberación de presos, a la OEA y el Vaticano, de tal manera que aquí el Gobierno está en un dilema y por eso es que está queriendo meter esas cortinas de humo de levantar sanciones. Está en una situación compleja, tiene 45 días que hacen falta para poder liberar a los presos y eso significa que va haber un liderazgo en las calles porque tienen comprometida su palabra de que los van a liberar, no solamente excarcelar, liberar jurídicamente y además si no cumplen se van a meter en serios problemas con la comunidad internacional incluyendo la OEA que como sabemos tiene el instrumento de la Carta Democrática.
¿Por qué no hay ningún avance en el restablecimiento de las libertades públicas, si es un compromiso del Gobierno?
Porque al gobierno no le da la gana.
¿Ustedes han puesto el tema sobre la mesa?
Todos los días llegamos a explicarles que no cuesta absolutamente nada llamar al director general de aduanas y decirle “liberen el papel de los periódicos”, se lo decimos todas las veces que podemos y no lo hacen.
Si el Gobierno no cumple lo acordado, ¿cuál es el objeto de esta negociación?
Es seguir presionando. Yo creo que es una cosa importante es estar ahí diciéndoles a la cara liberen a esos presos, no los sigan torturando, no sigan apresando gente, permitamos que los nicaragüenses (exiliados) vengan en libertad y con seguridad, ese es el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Nosotros no nos vamos a prestar al juego de que ellos tratan de ganar tiempo y presentarse a la comunidad internacional como dialogantes de buena fe. Todo lo contrario, diariamente hacemos un comunicado y exponemos las razones por las cuales demostramos que estos señores simplemente no quieren cumplir…
¿Han discutido sobre la reforma electoral y el adelanto de elecciones?
Por supuesto. Es algo que forma parte de la agenda fundamental de la Alianza Cívica, el adelanto de las elecciones tiene que entenderse como la solución al problema fundamental de Nicaragua, el país no puede aguantar estar en estas condiciones hasta el 2021. Una solución democrática, pacífica a través de elecciones libre democráticas y adelantas es la única solución para encontrar un cauce democrático y en paz para el país. Obviamente parte de la delegación, lo han dicho públicamente, no es un tema que ellos quieren poner sobre la mesa, no lo quieren poner pero nosotros si lo ponemos.
La delegación del Gobierno propone al SICA como garante de los acuerdos, ¿la Alianza Cívica acepta o proponen a otros garantes?
Nosotros proponemos a la OEA.
¿Cómo ven esta propuesta del SICA?
Es porque es cercano a ellos.
Algunos embajadores ante la OEA han expresado que acelerarán el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, ¿cómo repercutiría esto en la negociación?
Nosotros creemos que en cierto sentido ya se está aplicando el espíritu de la Carta Democrática, porque en el artículo 20 la Carta Democrática dice que la OEA hará uso de sus buenos oficios para buscar una solución a la crisis y tenemos ya desde el 13 de marzo pasado a un representante de la OEA haciendo sus buenos oficios. Entonces, más bien lo que se está haciendo en este momento es allanando el camino para la aplicación de la Carta Democrática, en caso de que el Gobierno incumpla lo que había firmado.
¿Está fracasando la negociación?
No. La negociación es el único camino, la negociación es la única forma, que no exista voluntad de cumplimiento del Gobierno eso es una realidad objetiva y lo que tenemos que hacer es insistir para que esta voluntad se dé. Tenemos que insistir internacionalmente, tenemos que insistir localmente y tenemos que insistir en la mesa de negociación. Bajo ningún punto consideramos que esta negociación ha sido una compra de tiempo, una compra de oxigeno o peor una suspensión de acciones internacionales. Más bien, hemos visto que en el curso de la negociación se han dado acciones muy importantes, sanciones de parte de Estados Unidos, sanciones de parte del Parlamento Europeo, no hay tal oxigeno que se le está dando a nadie con esta mesa (de negociación). Todo lo contrario, en esta mesa se está exponiendo la falta de voluntad del Gobierno de buscar una solución…
El hecho de que hayan salido ya, por la fuerza de esta mesa de negociación, 242 personas que ahora están en sus casas, todavía presos jurídicamente, pero por lo menos en sus casas y no en la cárcel y con la promesa escrita -firmada por el Gobierno- de que los va a liberar en el transcurso que va hasta el 18 de junio creo que es un avance.
¿Qué podremos estar viendo la próxima semana?
Yo creo que el Gobierno va a seguir cerrado con el tema de las sanciones, que dicho sea de paso son sanciones que se han aplicado a funcionarios públicos, no son sanciones que se han aplicado de carácter general al pueblo de Nicaragua, eso es parte de una campaña engañosa. Los funcionarios públicos que han sido sancionados han sido sancionados por violación a Derechos Humanos, por corrupción y por robo de elecciones. De tal manera que pedirle a la Alianza Cívica que nosotros levantemos las sanciones a un señor como Roberto Rivas, que no solamente ha robado dinero sino que les ha robado los votos a los nicaragüenses, no tiene sentido. Esperamos que esta semana el Gobierno desista de esa insistencia absurda que mantuvo toda la semana pasada simplemente para no sacar gente de las cárceles, desista de esa posición de levantar sanciones, porque al final del día si aquí se llegara a aplicar sanciones de tipo general, cosa que la Alianza no ha solicitado, va a ser responsabilidad únicamente del Gobierno y a consecuencia de la represión y del usos excesivo de las fuerzas.