AA
Share
La nicaragüense Nancy Elizabeth Henríquez James, exdiputada suplente, fue excarcelada el sábado 21 de marzo de 2026 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de permanecer casi 30 meses presa injustamente, confirmaron algunas fuentes a CONFIDENCIAL.
De acuerdo con las fuentes, la también presidenta del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama) fue trasladada a la vivienda de una familiar.
El diario La Prensa publicó que la exdiputada fue excarcelada por razones de salud. “Parece que está un poco mal de salud. La familia no quiere hacer mucha bulla”, dijo una fuente al medio de comunicación en el exilio.
Nancy Henríquez fue detenida ilegalmente el 1 de octubre de 2023, dos días después que fue encarcelado el fundador del partido Yatama y diputado ante la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera, de quien varios organismos nacionales e internacionales han exigido una “prueba de vida”.
La líder indígena se encontraba en su casa en Managua, cuando fue llevada junto con una sobrina y su nieto, un menor de tres años, a la estación policial del Distrito III para ser supuestamente entrevistada por el caso del legislador indígena, denunció su hija Liza Francis Henríquez.
“Los subieron en una camioneta y según los llevaban al Distrito II, luego cambiaron la ruta al Distrito III. Desde el momento que la llevaron al Distrito III empezaron los gritos y las amenazas hacia ella, la encerraron y no sabemos nada de ella”, describió la hija.
Nancy Henríquez en cárcel para mujeres
Nancy Henríquez estaba recluida en una cárcel para mujeres, en una celda aislada y en precarias condiciones, según denunciaron organismos nicaragüenses de derechos humanos.
En febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al gobierno orteguista “liberar de inmediato” a Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez.
La Corte IDH requirió al Estado de Nicaragua que “proceda a la liberación inmediata de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez” y que “adopte las medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas, principal y suplente, según corresponda, de la Asamblea Nacional de Nicaragua”.
