16 de agosto 2022
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Sin una convocatoria pública y cuando faltan dos meses y medios para las votaciones municipales previstas para el 6 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral (CSE) envió este lunes 15 de agosto a los partidos políticos colaboracionistas un proyecto de calendario electoral, en el que se establecen plazos minúsculos para la conformación de alianzas electorales, elimina el proceso de verificación ciudadana y establece una campaña electoral de 20 días.
Las observaciones al proyecto de calendario electoral deberán ser hechas este martes 16 de agosto y el jueves 18 de agosto será publicado en La Gaceta. Al día siguiente, está prevista la inscripción de las alianzas electorales y cuatro días después, el CSE publicará la ubicación de cada partido o alianza en la boleta electoral.
Este martes 16 de agosto también fue publicado en La Gaceta, diario oficial, la convocatoria a elecciones municipales, en la que el secretario de actuaciones del CSE, Luis Alfonso Luna Ráudez, indica a los partidos políticos que el Poder Electoral se encuentra "en sesión permanente hasta la finalización del proceso electoral".
Mientras tanto, el listado de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país deberá ser presentado el 6 de septiembre por los partidos políticos y publicado por el CSE el 22 de septiembre.
La presentación de ternas para los Consejos Electorales Departamentales y Regionales se llevará a cabo entre el 26 y el 31 de agosto, por lo que estos quedarán en posición de su cargo a partir del 7 de septiembre. Asimismo, los Consejo Electorales Municipales estarán en posesión de su cargo a más tardar el 21 de septiembre.
Los partidos políticos también tendrán un solo día para estudiar el reglamento de ética electoral, el cual les será enviado el 8 de septiembre y deberán contestar al día siguiente. El documento final será publicado en La Gaceta el 12 de septiembre.
Eliminan la verificación ciudadana
En lo referido al padrón electoral, el proyecto de calendario no menciona por ninguna parte el proceso de verificación ciudadana, el cual se venía realizando en procesos electorales anteriores a fin de depurar el padrón y contribuir a la transparencia del proceso.
El proyecto de calendario solo menciona que el último día para hacer cambio de domicilio es el 7 de septiembre, ya que ese mismo día se cierra el padrón para las votaciones de noviembre. Quince días después, el 22 de septiembre, el CSE entregará a los partidos el padrón definitivo y la cartografía electoral.
En ese mismo orden, el Poder Electoral establece que la campaña electoral deberá iniciar el 12 de octubre y concluir el 1 de noviembre. Iniciando entonces un periodo de cuatro días de silencio electoral.
Una vez concluido el proceso de votaciones del 6 de noviembre, el CSE tiene hasta el 14 de noviembre para publicar los resultados provisionales del escrutinio de los votos.
El establecimiento de un proceso exprés
En la antesala de la convocatoria electoral, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma a la Ley Electoral en la que estableció un proceso electoral exprés. El Poder Electoral es controlado por el partido de gobierno, la Policía —el principal órgano represor del régimen— es quien autoriza los mítines políticos, la observación electoral es nula y quienes podrían aspirar a cargos de elección popular permanecen privados de libertad.
Con la reforma electoral de mayo pasado se redujo el periodo de campaña electoral de 42 a 20 días, en caso de votaciones municipales, y 30 días para elecciones presidenciales. Según la Comisión Especial de Carácter Constitucional —creada para consultar la iniciativa— “la simplificación de los plazos” es una medida “coherente con la preservación del medioambiente ”. Sin embargo, esta situación limita las oportunidades de la ciudadanía para “fiscalizar y participar plenamente”, apuntó el observatorio ciudadano de Urnas Abiertas.
Además, se amplió el número de electores por cada Junta Receptora de Votos (JRV), al pasar de 400 a 600 electores. Tal situación fue justificada por los diputados porque supuestamente “permitirá al Estado de Nicaragua y a los partidos políticos reducir los costos de operación y organización durante los procesos electorales en general”.
Para las próximas votaciones municipales se espera una reedición de la “farsa electoral de 2021”, ya que tendrán lugar un año después que el binomio Ortega-Murillo se reeligió sin competencia política, luego de encarcelar y condenar por delitos de “conspiración” y “lavado de activos” a siete aspirantes a candidatos presidenciales y una cuarentena de líderes opositores, que se perfilaban como sus principales rivales en las urnas.
La oposición se encuentra desarticulada debido al recrudecimiento de la represión. Más de 190 personas permanecen en las cárceles por razones políticas y en el último año se produjo otra ola migratoria por motivos políticos o económicos.
Elecciones en un contexto de represión
La nueva cita electoral ocurrirá en un contexto de represión extendida a los territorios del interior del país, el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro y la toma manu militari de cinco alcaldías que eran administradas por el opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), un año después de haber sido despojado de su personería jurídica.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asaltó, el pasado 4 de julio, las alcaldías de San Sebastián de Yalí y El Cuá, en Jinotega; Murra, en Nueva Segovia; y El Almendro, en Río San Juan. Dos días antes, había tomado la alcaldía de Santa María de Pantasma, en Jinotega.
Los alcaldes Óscar Gadea, de Santa María de Pantasma; Isidro Irías, de El Cuá; Noel Moreno, de San Sebastián de Yalí; Francisco Herrera, de Murra, y Reynaldo Galeano, de El Almendro, que fueron electos en las votaciones municipales de 2017 terminaron siendo destituidos por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
En este periodo municipal que está por concluir también fueron tomadas por la fuerza las alcaldías de Mulukukú, en la Región Autónoma de Costa Caribe Norte (RACCN) y Wiwilí, de Jinotega; que eran administradas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). En ambos casos, los alcaldes Apolonio Fargas y Reyna Hernández, fueron obligados al exilio debido a la persecución política del régimen.
