12 de mayo 2023
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo control absoluto de Daniel Ortega y Rosario Murillo, persigue una desprotección total de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, al sembrar el miedo entre los defensores en Nicaragua, con la reciente orden de “suspender de por vida” a 26 abogados y notarios, 25 de ellos fueron desnacionalizados en febrero pasado.
Según Uriel Pineda, defensor de derechos humanos radicado en México y una de las víctimas de la decisión de la CSJ —tomada este jueves 11 de mayo de 2023—, la consecuencia principal de esta advertencia implica “un riesgo muy grande de perder su herramienta de trabajo”, para los abogados que podrían llevar casos de las víctimas de abusos estatales en los tribunales del país.
La medida ocurre, mientras el orteguismo ha incrementado precisamente la represión contra la ciudadanía. El 3 de mayo de 2023, en una noche de terror, la Fiscalía acusó a 30 ciudadanos que fueron capturados por la Policía que desplegó sus agentes en 13 de los 15 departamentos y dos regiones del caribe del país. También prevalece un sistema de impunidad, en que los represores son premiados por Ortega.
El 9 de mayo pasado, el máximo tribunal de justicia suspendió a la abogada Yonarqui Martínez, quien relató la tensión que vivieron los familiares de los secuestrados la noche del 3 de mayo y se ha caracterizado por su defensa de derechos humanos desde hace más de una década.
“El sentido es intimidar al gremio”, insistió Pineda. El abogado se pronunció de esa manera por primera vez tras la resolución del Poder Judicial que castigó, además, a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia —una infatigable defensora con renombre mundial— y al escritor y premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez Mercado.
La decisión de la CSJ fue asumida por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, integrado por los magistrados Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ; Marvin Aguilar, vicepresidente; y la magistrada Juana Méndez. Todos subordinados a Ortega.
Gonzalo Carrión: “No tienen fundamento jurídico”
Para Gonzalo Carrión, coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, radicado en Costa Rica, esta resolución se trata de otra “cosecha de maldades” de Ortega, porque es una característica de su gestión gubernamental. Una medida que, además, no tiene ninguna base legal, luego que la CSJ argumentó que la suspensión se basa en la pérdida precisamente de las nacionalidades.
“Mi condición de nicaragüense no me la van a quitar nunca. No tienen fundamento jurídico. No me han dado ninguna forma legal, ni de debido proceso para defenderme. Eso pasó con el despojo de la nacionalidad, ni para este asunto. Suspensión de por vida, declaración de nulidad de títulos (como abogado y notario), si hay alguna nulidad es ese Poder Judicial perverso. Parte de la maquinaria de terror”, condenó Carrión.
El representante del Colectivo contó que, mientras se enteraba de la anulación de su título, él se encontraba trabajando en la documentación de casos de nicaragüenses perseguidos, una tarea que afirma que no dejará de hacer.
El exdiputado opositor Eliseo Núñez consideró que el acto de la CSJ demuestra que Ortega mira a “todos como enemigos, mi título me lo pueden quitar, lo que yo sé no”, rechazó en su cuenta de Twitter.
“Realmente la anulación del título es simplemente absurda. Es venganza contra quienes pensamos diferentes. Prácticamente decirte que no podés volver a tu país, y lo que uno se ha formado es lo que uno es. Pero, además de eso, el ser abogado es una licencia. Ser notario es una licencia. El conocimiento lo adquirís en la universidad y lo adquirís con tu experiencia y lo vas aplicando”, afirmó Núñez.
Vijil: “Mis títulos se los llevaron en allanamiento”
Ana Margarita Vijil, miembro de la Unidad Democrática Renovadora (UDR) y otras de las víctimas de la CSJ, afirmó que no le encuentra ninguna lógica a la orden de que entregue sus títulos si estos documentos “se los llevaron cuando allanaron la casa” en junio de 2021, cuando fue convertida en prisionera política de la dictadura.
Vijil especificó que escribieron mal su apellido, pues lo hicieron “g” y no con “j” como es en realidad. Su primera reacción, al conocer la noticia de la represión orquestada por el máximo tribunal de justicia, fue de “extrañeza”, porque ella suponía que la habían eliminado de todos los registros desde febrero de 2023.
Valoró que esta decisión de Ortega podría ser una respuesta a la decisión de España de entregar las primeras 14 nacionalidades a nicaragüenses, perseguidos por el régimen. “Más allá de la represión, me quedo con los espacios de solidaridad”, dijo.
La ambientalista Mónica López Baltodano, coautora de una investigación minuciosa sobre quienes controlan la concesión del proyecto del canal interoceánico —promovido por la dictadura— calificó a los Ortega como una “dictadura de energúmenos frustrados e incompetentes”, mientras destacó el trabajo legal realizado por quienes hoy sancionados como el caso de Yonarqui Martínez y Vilma Núñez.
“Ellos buscan humillar y en la medida, en que ninguno de nosotros se deje humillar, entonces estaremos un paso más cerca de la liberación del pueblo de Nicaragua”, opinó López Baltodano en declaraciones a CONFIDENCIAL.
