8 de octubre 2022
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Más de 300 funcionarios municipales, que incluyen exalcaldes, exvicealcaldes y otros, fueron implicados en casos de malversación y desvío de fondos públicos por auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) en la última década. Pero a pesar de encontrar responsabilidades de tipo penal y administrativa quedaron en impunidad, revela la investigación realizada por Urnas Abiertas.
La investigación titulada “Situación de la transparencia municipal en Nicaragua”, está basada en las resoluciones de la CGR que fueron publicadas en su sitio web entre 2015 y 2020, pero que auditan períodos municipales anteriores.
En estas se encontró a 14 alcaldes que ejercían como funcionarios en el período que fueron auditados y a más de 333 trabajadores municipales implicados en casos de malversación de fondos con responsabilidades de tipo: administrativas, civil y penal.
“Se encontraron responsabilidades en funcionarios de 71 alcaldías. En estas se dieron responsabilidad administrativa a 319 trabajadores municipales, mientras que 237 dieron responsabilidad civil y 49 fueron señalados con presunción penal'. En algunos casos las responsabilidades se catalogan en administrativas y civiles pues pertenecen a ambas categorías”, detallan en su informe.
El equipo de investigadores señala que los fondos implicados en estos casos de corrupción ascienden a más de 50 millones de córdobas, divididos en C$ 31.49 millones encontrados en casos con responsabilidad penal y 19.23 millones de córdobas en los clasificados como tipo civil o administrativa.
Sin embargo, los casos no siguieron el curso de las investigaciones y quedaron en impunidad. Lo cual demuestra que “los esfuerzos de la CGR continúan siendo insuficientes para resolver los graves problemas de corrupción” en el país.
Alcaldías implicadas en corrupción
Según el reporte de la CGR, el año en que más “perjuicio económico” por malversación y desvío de fondos públicos hubo fue 2018 y el que se reportó menos fue 2020. La mayoría de casos implican a alcaldes y funcionarios del partido de Gobierno.
“Hubo diez casos con cifras millonarias (más de un millón de córdobas) en perjuicio económico. En estos, se les otorgó presunción de responsabilidad penal a todos los alcaldes en función, de los cuales, durante los períodos que se encontraron dichas responsabilidades, siete eran gobernadas por el FSLN y tres por el PLC”, señalan.
El "caso más llamativo" ocurrió en la alcaldía de Granada. Según la información recopilada en una resolución de la CGR, que fue publicada en 2018, pero analiza los ingresos y egresos de la municipalidad entre 2010 y 2012, se encontró responsabilidad penal por 4.24 millones contra el alcalde liberal, Eulogio Mejía Marenco (2008 - 2012), su exdirector financiero, Roger Molina, y su exasesor financiero, Guillermo Gelano.
La otra alcaldía que más perjuicio económico con implicaciones penales tuvo fue la de San Juan de Oriente. “En dos auditorías realizadas a dos períodos diferentes se encontró perjuicio económico por un total de C$4.09 millones de córdobas”, señala Urnas Abiertas.
En la primera auditoría realizada en 2014, pero que analiza proyectos ejecutados dos años antes, se encontró responsabilidad por 1.27 millones de córdobas al exalcalde sandinista, Miguel Ángel Calero Gutiérrez (2008 - 2012) y al responsable de proyectos Kenny Douglas Gutiérrez.
La segunda realizada en 2018, pero publicada en 2019, reveló implicaciones por 2.82 millones de córdobas en la alcaldesa sandinista Brenda Jiménez Urbina (2012 - 2021), el exvice alcalde Ernesto Elías Boza, la responsable de la unidad de administración, Rosaura Lópeez, de la dirección de financiera Soveyda Potosme y el responsable de la unidad de recaudación de impuestos César López Lagos.
Alcaldes sandinistas y liberales están implicados
En la alcaldía de Santa Teresa, Carazo, se realizó en 2018, una auditoría de los años 2013 y 2014 y se concluyó que hubo mal manejo de 1.91 millones de córdobas de parte de el exalcalde sandinista, Iván Dinarte (2008 - 2017), el director financiero Sergio Jarquín García y el director de proyectos Uberne García Salazar.
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Por su parte, en la alcaldía de Comalapa, ubicada en Chontales, se encontró responsabilidad penal por perjuicio económico por malversación y desvío de fondos públicos de 1.91 millones de córdobas del alcalde liberal Germán Otero Arróliga (2008 - 2012) y la responsable de administración y finanzas, Maritza Morales Romero.
Asimismo, hubo malversación de fondos en las alcaldías de Camoapa, Jalapa y Diría en las que están involucrados los alcaldes Humberto Pérez Largaespada (2004 - 2008) , Rolando Ruíz Díaz (2004 - 2008) y Giancarlos Ruiz Rodriguez (2004 - 2008).
A pesar de que las auditorías encontraron responsabilidad penal en estos casos, estos fueron desvanecidos. Solo en uno de los casos se encontraron “recursos y mecanismos de impugnación en la vía judicial, en donde se inculpó de igual manera responsabilidad administrativa de pago; declarando no ha lugar al recurso de amparo que fue solicitado en caso específico; y ordenando en su defecto el pago de los saldos no justificados”, detallan.
