29 de marzo 2023
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El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juez Ricardo Pérez Manrique, informó al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que Nicaragua ha permanecido en “desacato permanente” ante el incumplimiento de diez resoluciones emitidas por ese tribunal para proteger la vida de 88 presos políticos, de los cuales, seis aún permanecen cautivos en Nicaragua en un “estado de desprotección absoluta”.
Fanor Alejandro Ramos, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, José Manuel Urbina Lara, Carlos Antonio López Cano, Jaime Enrique Navarrete Blandón y Edder Oniel Muñoz Centeno son los seis reos de conciencia beneficiarios de las medidas emitidas por la Corte, pero que Nicaragua se niega a liberar. Mientras los 222 presos excarcelados el 9 de febrero fueron desterrados y convertidos en "apátridas".
El juez Pérez solicitó ante el Consejo de la OEA, la aplicación del artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica que la Corte "(...) de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”. Una situación que no se miraba desde la dictadura peruana, de Alberto Fujimori, señaló la delegación de Chile.
Nicaragua no cumplió ocho resoluciones de medidas provisionales y dos resoluciones de medidas urgentes —en las que el Estado debía tomar medidas inmediatas para preservar la libertad, la salud, y la integridad física de los beneficiarios—, emitidas por la Corte IDH entre junio de 2021 y febrero de 2023. “La persistencia de esta situación erosiona las reglas del fuero democrático y del Estado de derecho de Nicaragua”, señaló Pérez Manrique en una sesión ordinaria del Consejo, este miércoles 29 de marzo.
Señaló que la respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido acusar a los organismos de DD. HH. de injerencia. “Ha contestado todas las comunicaciones indicando que la Corte, al igual que la OEA, estaba en un proceso para destituir al actual Gobierno de Nicaragua y que no había disposición para cumplir las resoluciones que se habían tomado”.
Cuando un Estado entra en desacato permanente, la Corte informa al Consejo de la OEA, “para que se procese en estos organismos la respuesta adecuada que ustedes determinarán respecto a la gravedad de la situación que hay en este caso”, indicó el letrado.
Aunque Nicaragua haya denunciado la Carta de la OEA, el 18 de noviembre de 2021, el Estado no "ha denunciado la Convención Americana, por lo tanto, nuestra Corte sigue teniendo competencia al respecto de ese país”, subrayó el juez.
Un experto en relaciones diplomáticas, bajo anonimato, explicó que tras el informe presentado por la Corte ante el Consejo, la Asamblea General deberá tomar decisiones frente al caso. Recordó que pese a que la Corte informó sobre el desacato de Nicaragua en 2022, el “Sistema Interamericano permanece inerme y maniatado por un grupo de países que con su bloqueo protegen a los dictadores”.
Por ahora, lo “único” que puede hacer la Corte es continuar incluyendo la situación del régimen en sus informes a la Asamblea General de la OEA, de la que se espera una resolución. El desacato no expira con la excarcelación, indica el especialista, ya que las condiciones en que se ejecutó no corresponden con el concepto de liberación ordenado por las medidas de la Corte y porque aún hay una treintena de presos políticos.
El relato de horror de la expresa política Tamara Dávila
Chile cedió su intervención ante el Consejo a la expresa política, Tamara Dávila, quien estuvo 606 días en total aislamiento, en una celda empernada, sin acceso a visitas familiares durante tres meses y sin poder ver a su pequeña hija, hasta que se sometió a una huelga de hambre.
Dávila recordó en su intervención a los presos políticos Eddy Montes y el general de brigada en retiro, Hugo Torres, quienes fallecieron como rehenes del régimen de Ortega. “Mi testimonio no es solo mío, es colectivo, porque muestra el odio con el que actúa la dictadura contra cualquiera que sea considerado opositor”.
“La Corte Interamericana ordenó nuestra liberación en el año 2021, y esta orden fue desacatada. El desacato continua, pues, expatriación, destierro y exilio no es libertad”, expresó.
“Durante más de 80 días no supe nada de ella (de su hija), ni del resto de mi familia. Ellas tampoco supieron nada de mí… esa fue la peor tortura que sufrimos. ¿Habrán secuestrado a mi hija? ¿La habrán enviado a un orfanato?”, expresó con voz entrecortada.
La expresa política fue una de las 222 personas desterradas y despojadas de su nacionalidad el 9 de febrero, en un avión que aterrizó en Estados Unidos. Dávila denunció que la tortura no ha terminado porque la dictadura continúa asediando a sus familias, que son víctimas de vigilancia política.
“Tengo 48 días en libertad, pero aún no me reencuentro con mi niña, que todas las noches reza junto a su abuela pidiendo que le entreguen el papelito para poder viajar y encontrarse conmigo y para nunca más volverse a separar de mí. La dictadura mantiene rehenes a nuestras familias en Nicaragua. Hijos e hijas los intimida, los vigila, impidiendo ahora hasta la salida de muchos de ellos para nuestras reunificaciones”, detalló.
La exrea política demandó la libertad de los 37 presos políticos en Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez, a la vez que hizo un llamado al Consejo para que actúen para encontrar una salida democrática a la crisis sociopolítica nicaragüense.
“Actúen por una transición democrática en mi país. Por la vida, la paz y la justicia. Por el fin de los crímenes y la impunidad. Señores y señoras embajadores, Nicaragua, sigue necesitando de sus voces y de sus acciones de cada uno de sus países para lograrlo”, expresó.
Países llaman a Nicaragua a cumplir resoluciones de la Corte
El embajador ante la OEA de Antigua y Barbudas, Ronald Sanders, criticó la postura adoptada por Nicaragua de “desdén permanente” ante las instituciones de DD. HH. del hemisferio, incluyendo la Corte.
Señaló que desde las votaciones generales de 2021, en las que Ortega y Murillo se atornillaron en el poder, “el régimen de Ortega se ha vuelto cada vez más autoritario, intolerante y brutal. Especialmente en la detención de sus opositores políticos, periodistas y miembros de la Iglesia católica”.
Y a la vez, “ha incrementado el desacato de cuerpos internacionales que tienen que ver con derechos humanos y sus llamados para que se retome la senda democrática”, expresó. Recordó que el Grupo de Expertos de Naciones Unidas verificó que en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, pero eso no ha inmutado a Ortega, que sigue manteniendo su discurso antiimperialista, mientras sostiene el estado policial de facto en todo el país.
"Quizás estas acciones crueles y deliberadas no vayan a terminar hasta que el señor Ortega y sus colaboradores deban responder por sus acciones ante una Corte Internacional… este Consejo Permanente debe seguir apoyando y mostrando su solidaridad con el pueblo nicaragüense y el Gobierno de Ortega debe entender que ningún país va a permanecer en silencio ante la violación que comenten contra los derechos de sus pueblos”, dijo el embajador Sanders.
La delegación de Costa Rica destacó la preocupación por el despojo de nacionalidad a 317 nicaragüenses y recordó que el Estado “debe honrar las obligaciones jurídicas internacionales”. A la vez, señaló que el llamado de la Corte IDH “debe caer en terreno fértil” para insistir en un diálogo con Nicaragua y valorar las gestiones necesarias para facilitar el cumplimiento con base en el artículo 65 de la Convención Americana.
“Concluyo con un vehemente llamado al Estado de Nicaragua para que cumpla íntegramente con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y libere de inmediato a las personas que continúan privadas de libertad, garantizándole su vida y su integridad personal”, expresó la representante tica ante el Consejo.
Asimismo, Estados Unidos, Colombia, Canadá y Ecuador se solidarizaron con el testimonio de Dávila y demandaron a Nicaragua el cumplimento de las resoluciones de la Corte y reafirmaron sus compromisos para lograr que Nicaragua regrese a una senda democrática.
Por su parte, la delegación de la Santa Sede reafirmó la suspensión unilateral de las relaciones diplomáticas por parte del régimen orteguista y externó su preocupación por la situación de encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel tras negarse a ser desterrado el 9 de febrero.
