16 de enero 2024
AA
El Congreso de Costa Rica aprobó este martes 16 de enero una moción en la que condena el atentado a balazos de la semana pasada contra el exiliado nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, exigió a las autoridades esclarecer el caso y determinar si en el país operan grupos criminales asociados al Gobierno de Nicaragua.
En una votación de 35 a favor de diversos partidos y ocho en contra de la fracción del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el plenario legislativo aprobó la moción que “condena el cobarde ataque perpetrado contra Joao Maldonado, activista político opositor y exiliado nicaragüense y su esposa Nadia Robleto”.
La moción también solicita a las autoridades competentes “actuar con diligencia para esclarecer la causa de este atentado y determinar si en nuestro país operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense, dedicados a perseguir y atacar en territorio nacional a refugiados nicaragüenses”.
Maldonado y Robleto, quienes se encuentran hospitalizados, fueron atacados a balazos por dos motociclistas cuando el pasado miércoles conducían su vehículo en la localidad de Montes de Oca, en el sector este de San José, Costa Rica. Maldonado ya había sido atacado a balazos en 2021 en Escazú, al oeste de San José.
Costa Rica debe “revisar los protocolos de protección”
El texto también menciona unas declaraciones dadas por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en una entrevista con EFE, en las que dijo que a pesar de no tener embajador en Managua, mantiene una relación cordial con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y que incluso consultaban algunos temas.
Los diputados exigieron al Gobierno “revisar los protocolos de protección de las personas que se encuentran en el país en condición de refugiado por razones políticas”.
Además, los legisladores exigieron al Gobierno de Costa Rica que exprese “una clara condena y una enérgica censura al régimen Ortega-Murillo por violentar los derechos políticos más básicos y reprimir a la sociedad nicaragüense, encarcelar a reos de conciencia, perseguir a la prensa independiente, usurpar la propiedad privada de los ciudadanos y desterrar y despojar de su nacionalidad a opositores”.
La diputada del Partido Liberal Progresista, Johana Obando, promotora de la moción, dijo en el Plenario que en Nicaragua existe “una dictadura tomada por una familia que ha hecho de Nicaragua un desierto” y afirmó que el Gobierno de Costa Rica “no puede ser amigo de las personas que están masacrando a un pueblo” y que “han cometido crímenes de lesa humanidad”.
“Este lugar de refugio esta siendo perseguido por la dictadura Ortega-Murillo que ha venido a colocar células para seguir matando a su pueblo en este país”, afirmó Obando al recordar que desde el estallido de las protestas contra Ortega en Nicaragua, más de 200 000 nicaragüenses huyeron de la represión hacia Costa Rica.
Defienden al presidente Chaves
El diputado Daniel Vargas, del gobernante PPSD, aseguró que la moción contiene premisas falsas, que el Gobierno siempre va a condenar cualquier ataque o acto terrorista y que las autoridades judiciales no han establecido algún vínculo entre el atentado a Maldonado y el Gobierno de Nicaragua.
“El presidente Chaves ha cuestionado la situación de derechos humanos y ha tratado de mantener los canales abiertos para la relación entre ambos países. La relación con Nicaragua es muy amplia y el presidente lo que ha hecho es mantener los canales de comunicación abiertos”, apuntó Vargas.
