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Con la nueva Corte Suprema “murillista” seguirá la corrupción en la justicia

Azahálea Solís y Juan Diego Barberena: El “bufete El Carmen” que controla la CSJ y todos los negocios judiciales, quedan en manos de Rosario Murillo

Fotos de los nuevos magistrados de la CSJ, impuestos por Rosario Murillo. | Collage: CONFIDENCIAL

Carlos F. Chamorro

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Con el nombramiento de seis nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia —Ana Julia Guido, Octavio Rothschuh, Ernesto Rodríguez, José Fuertes, Sura Crawford y Rosa Argentina Solís— que debe estar integrada por diez miembros, aún está pendiente decidirse la suerte en la nueva Corte “murillista” de cuatro de los actuales magistrados: la expresidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, defenestrada el 24 de octubre de 2023, Gerardo Arce Castaño, también destituido de facto en 2025, Juana Méndez, y Marvin Aguilar.

Fuentes vinculadas al sistema judicial y a la Secretaría del FSLN, aseguran que de estos cuatro únicamente será reelecta Juana Méndez y también será promovida a magistrada la actual conjueza, Patricia Delgado, esposa del diputado sandinista Edwin Castro, quien ya ha estado ocupando las vacantes que dejaron otros magistrados en una Corte que ha estado paralizada, desde que en octubre de 2023 se impuso la intervención política de Rosario Murillo y empezó la barrida en el Poder Judicial.

“El cambio en la Corte Suprema de Justicia va a ser casi total, en la intención del control de Rosario Murillo de allanar el camino hacia la sucesión dinástica, y con el objetivo de generar una Corte Suprema de Justicia inoperante, que no resuelva las pretensiones de los particulares y que no dicte resoluciones que no vengan orientadas por El Carmen”, afirma el abogado y activista político Juan Diego Barberena.

Algunos de los nuevos magistrados “están perseguidos ya en la Fiscalía de Buenos Aires, como Ana Julia Guido, Ernesto Rodríguez, Octavio Rothschuh, señalados de haber cometido delitos de lesa humanidad. También entran en una segunda etapa de humillación, porque algunos ya han pasado por El Chipote, y los están nombrando, después que han firmado cosas muy infames”, como los decretos de desnacionalización y traición a la patria contra más de 400 ciudadanos”, destacó la abogada constitucionalista Azahálea Solís.

En una conversación en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, los juristas Solís y Barberena, analizaron las consecuencias que tendrá en la impartición de justicia la nueva Corte “murillista” “sin ningún tipo de autonomía, o independencia para ejercer sus funciones jurisdiccionales”.

“El Carmen seguirá mandando en el sistema judicial, nada más que cambió de cara, ahora Rosario Murillo va a centralizar y decidir absolutamente todo, incluyendo la corruptela y el control de todos los negocios judiciales”, advirtieron.

Ya están nombrados seis nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, tres hombres y tres mujeres. Ana Julia Guido, Octavio Rothschuh, Ernesto Rodríguez, José Fuertes, Sura Crawford y Rosa Argentina Solís. ¿Qué representan estos nuevos magistrados?

Azahálea Solís: Alguna gente dice que son lo mismo y sí van a cumplir las órdenes que le den, están anuentes a hacer ese papel infame. Hay que tomar en consideración que algunos de ellos han sido señalados de actores (de represión) y están perseguidos ya en la Fiscalía de Buenos Aires, como Ana Julia Guido, Ernesto Rodríguez, Octavio Rothschuh. Entran con ese pedigrí entre comillas de que son señalados de haber cometido delitos de lesa humanidad. También entran en una segunda etapa de humillación, porque, aunque les estén dando un cargo de esa naturaleza, algunos de ellos ya han pasado por El Chipote, y ahorita los están nombrando, después que han firmado cosas muy infames.

Aún falta por decidirse la suerte del magistrado Marvin Aguilar, que en algún momento parecía que era el presidente en funciones de la Corte. También está el caso de Gerardo Arce Castaño, hermano de Bayardo Arce y de Juana Méndez. ¿Se quedan en la nueva corte Murillo o se van?

Juan Diego Barberena: Seguramente se van a ir al menos dos de los tres. Al final los que se queden van a ser los que gocen de la mayor confianza de Rosario Murillo, por lo cual ni Gerardo Arce, ni Marvin Aguilar parece que se van a quedar. Se había conocido por algunas noticias publicadas en CONFIDENCIAL que Marvin Aguilar había sido purgado de la Corte Suprema de Justicia, no estaba asistiendo. Y Gerardo Arce, el vínculo parental con Bayardo Arce, en este momento lo hace que no tenga ningún tipo de confianza para Rosario Murillo.

El cambio en la Corte Suprema de Justicia va a ser casi total, en la intención del control de Rosario Murillo para allanar el camino hacia la sucesión dinástica, y con el objetivo de generar una Corte Suprema de Justicia inoperante, que no resuelva las pretensiones de los particulares y que no dicte resoluciones que no vengan orientadas por El Carmen.

Todas aquellas resoluciones que vaya a dictar la Corte Suprema de Justicia, aunque sean de mero trámite, tienen que ser decididas por El Carmen y ese es el colapso absoluto del sistema judicial. Por otro lado, es la humillación, más allá que lo podamos interpretar como un premio de consolación, algunos de estos habían sido incluso purgados en un primer momento y los colocan ahí como una forma de sostener esa lealtad hacia el régimen Ortega-Murillo y el control.

La presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, fue destituida de facto en octubre de 2023. Ese fue el detonante de la intervención y la barrida en la Corte, pero no se conoce nunca que la hayan destituido formalmente, y tampoco ha renunciado. ¿La van a obligar a presentar una renuncia, o la van a destituir?

Azahálea Solís: Cualquiera de las dos cosas es posible, Alba Luz Ramos fue sacada de una manera muy humillante de la Corte Suprema de Justicia y es posible que no quiera presentar una renuncia a estas alturas, pero, indefectiblemente, la van a obligar a que renuncie, porque no quieren aparecer sacándola. Se han tomado la molestia de que cada uno de los magistrados y magistradas haga su carta de renuncia, que es un enorme disparate, posiblemente, la obliguen a presentar su renuncia.

Lo que ha quedado demostrado es que tanto los que salen como los que entran se han graduado como personas “desechables” del poder dinástico que hay en Nicaragua.

Queda otra persona que está ejerciendo el cargo en la Corte de conjueza es la abogada Patricia Delgado, esposa del diputado sandinista Edwin Castro. ¿La ascenderán en esta Corte murillista, o se va también?

Juan Diego Barberena: Esto va a depender de cómo, para Rosario Murillo, ella cumpla con lealtades de servilismo y menos técnico-jurídico. La conjueza ya ha sido partícipe de algunas resoluciones judiciales, incorporándose ante algunos de los magistrados que no estaban participando en esta sala.

La Corte Suprema de Justicia como Alto Tribunal que debía gozar del respeto de la sociedad nicaragüense, del gremio de los profesionales del derecho en Nicaragua, ya no existe. Hasta antes del pacto Alemán Ortega, que fue cuando empezó a descomponerse el sistema, fecundos juristas nicaragüenses formaban parte de la Corte, incluso en el somocismo, como el profesor Felipe Rodríguez Serrano, por ejemplo, el doctor Roberto Argüello Hurtado, el doctor Fernando Zelaya Rojas eran verdaderos juristas y hombres y algunas mujeres que sabían de derecho, y tenían una vasta cultura jurídica. Hoy día no tienen ninguna cultura jurídica ni un mayor ni un mayor recorrido judicial.

A lo largo de estos 18 años del régimen Ortega Murillo la Corte ya estaba intervenida, incluso antes de 2023, cuando irrumpió el poder de Rosario Murillo. ¿En qué se diferencia esta Corte que se está nombrando hoy con la que estaba los cargos antes de 2023?

Azahálea Solís: Había una dimensión doble, había gente del sector político, pero que tenía formación, experiencia y desarrollo jurídico. Y había una cierta ventana en que resoluciones a nivel de Corte Suprema pudieran tener una cara de legalidad o una legitimidad jurídica, en este momento, eso no es así. Ni siquiera tienen una dimensión política autónoma, son sirvientes de la dictadura, y no les importa la indignidad personal. Han pasado por El Chipote y ahora aceptan continuar ahí, y han firmado cuestiones infames, ahí está los jueces que firmaron la desnacionalización de los 222 (nicaragüenses), los 94 y de los 135, e hicieron barbaridades, no hay el menor rubor, ni la menor intención de ser medianamente jurista, sino sirvientes aceptados como tal.

Antes de todos los cambios de las últimas dos semanas, la Corte estaba siendo manejada por el secretario general administrativo, Roger Martínez, a su vez recibiendo instrucciones de Fidel Moreno, y Moreno recibiendo instrucciones de Rosario Murillo. ¿Esta nueva Corte tendrá alguna autoridad propia o va a seguir siendo manejada por Fidel Moreno y Roger Martínez?

Azahálea Solís: No, para nada. Lo que están haciendo es una fachada, para que parezca que hay una Corte Suprema de Justicia de acuerdo con la normativa que ellos aprobaron, porque no estaba cumpliendo con la cantidad de magistrados que tenía, solamente están acomodando las cosas.

¿Tiene esto algún impacto en la impartición de justicia?

Juan Diego Barberena: Esta nueva Corte Suprema de Justicia no tiene ningún tipo de autonomía, o independencia para ejercer sus funciones jurisdiccionales. El sistema judicial luego del desmembramiento constitucional de febrero (de 2025), dejó de ser un poder del Estado, la Corte Suprema de Justicia quedó absolutamente subordinada al poder político central ejercido por una presidencia que ahora está siendo administrada y dirigida por Rosario Murillo.

Había una ausencia de eficacia del derecho a la justicia de las personas y de los usuarios del sistema judicial, porque la Corte no podía ni siquiera integrar salas. ¿Con esto se va a desahogar la Corte de los casos, de los expedientes que están en las distintas salas? Yo creo que no, y voy a usar un ejemplo. Hay un recurso de amparo interpuesto en contra del Consejo Municipal de Ciudad Sandino, ¿la Sala Constitucional va a decidir sobre ese recurso de amparo en contra de la Autoridad Municipal del Frente Sandinista en Ciudad Sandino? No. De tal manera de que los usuarios van a quedar igualmente desprotegidos y la impartición de justicia va a ser parcial, con claros tintes de inclinación política al grupo en el poder, que va a decidir qué casos se resuelven y qué casos no se resuelven.

Y, por otro lado, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial va a seguir decidiendo con manifestaciones políticas y con la intención de aumentar el control totalitario del poder político del régimen Ortega-Murillo. Por ejemplo, la decisión que obliga a los notarios custodios descendientes de los notarios fallecidos a entregar estos protocolos al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, o a los notarios extranjeros, aún en el ejercicio de su función.  a entregar sus protocolos que, en los hechos, los suspende.

Nadie discute que la máxima autoridad en la Corte Suprema de Justicia hoy es Rosario Murillo. ¿Pero quién va a redactar las sentencias? ¿Acaso Murillo es también abogada, experta jurídica?

Azahálea Solís: Algunas resoluciones que tienen que ver con la constitucionalidad de las leyes o los amparos, o los habeas corpus no se van a molestar en hacer mayores redacciones. Desde hace ocho años los habeas corpus no funcionan, ni siquiera se ponen a redactarlos, sencillamente mandan oficios.

Algunas de las sentencias en términos penales o en términos civiles van a resolver, o los secretarios, o los jueces que están ahí las van a redactar, no se va a poner a redactar Rosario Murillo todas esas cosas, aunque no sería raro, porque ella ha asumido papeles que no le tocan y cuando vemos comunicados de la Cancillería, algunas cuestiones que mandaron a la OEA, era claro que los había redactado ella. Entonces no sería raro que también apareciera ella redactando alguna cosa, pero creo que va a quedar un cuello de botella muy fuerte con las controversias en el Poder Judicial que tengan que ver con el día a día y la demanda ciudadana de justicia.

Juan Diego Barberena: Si revisamos las resoluciones que ha dictado la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua en los procesos de desnacionalización de más de 400 nicaragüenses, la pluma de Rosario Murillo está ahí, ella ha sido proyectista de algunas de las sentencias de algún órgano jurisdiccional del Poder Judicial, con términos totalmente chayísticos, por decirlo de alguna manera.

Esto no va a cambiar absolutamente nada, sino que va a quedar exactamente en la misma posición, nada más que Rosario Murillo va a tener ahí a magistrados, a jueces de la Corte Suprema de Justicia nombrados por ella, con lo cual tiene absoluta vía libre, para orientar qué resolver, qué no resolver, a quién afectar y a quién no, con sus decisiones judiciales.

¿Rosario Murillo se va a convertir en la cabeza de lo que hace 20 años se llamaba el bufete El Carmen, que decidía todas las sentencias de la Corte Suprema de Justicia?

Azahálea Solís: Exactamente, El Carmen sigue mandando nada más que cambió de cara y todo lo van a resolver a partir de intereses cercanos o no, la cosa mínima va a resolverse de esa manera.

Juan Diego Barberena: Es también el control de todos los negocios judiciales. Todos sabemos que Lenín Cerna tenía una cartera de abogados que litigaban con él en el Poder Judicial. Con Cerna fuera del juego político, el bufete de El Carmen pasa por la oficina de Rosario Murillo, de manera que aquellos magistrados, jueces, operadores políticos del Frente Sandinista que litigaban en el Poder Judicial y cobraban grandes cantidades de dinero para que se dictaran sentencias a un determinado sentido, quedan totalmente purgados de ese juego de corruptela, y va a ser ahora Rosario Murillo la que va a centralizar y decidir absolutamente todo eso.

Azahálea Solís: Con alguno de sus hijos, seguramente.

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Carlos F. Chamorro

Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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