Comisión Especial ya cuenta con cinco candidatos a magistrados del CSE

La Comisión Especial de Asuntos Electorales del Parlamento, controlada por cinco diputados orteguistas, brindó este viernes un rápido y escueto reporte en el cual informó que hasta la fecha, se han presentado cinco candidatos para ocupar las magistraturas propietarias y suplentes en el Consejo Supremo Electoral (CSE).

La diputada orteguista María Auxiliadora Martínez, presidenta de esta Comisión, brindó una rueda de prensa en la que mencionó que supuestamente han recibido aportes y mociones de parte de 15 partidos políticos sobre la iniciativa de reformas electorales presentada el 12 de abril por la bancada del Frente Sandinista, y que para este lunes 26 de abril se espera que tres partidos más lleguen a presentar sus consideraciones.

Algunos de los partidos mencionados por la parlamentaria orteguista están agrupados en la plataforma opositora Coalición Nacional. Precisamente este jueves, el partido indígena Yatama, que forma parte de la Coalición, presentó ante la Comisión Especial de Asuntos Electorales del Parlamento un amplio documento de objeciones y consideraciones a la iniciativa de reformas electorales orteguista, consensuado en la plataforma opositora en base a las recomendaciones del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE).

Este lunes, de acuerdo a lo dicho por la diputada Martínez, se espera la llegada de los representantes de Ciudadanos por la Libertad (CxL), partido cuya casilla alberga a la otra plataforma opositora, Alianza Ciudadana, en unidad con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La diputada Martínez no dio detalles sobre el nombre de los candidatos a magistrados electorales que ya tienen en sus manos. Se conoce de dos propuestas de candidatos: Martín Ernesto Alonso Alvarenga, propuesta que vendría del Partido Conservador, y Fanor Avendaño, propuesto por la Alianza por la República (APRE). Tanto el APRE, como el Partido Conservador, tienen un historial de colaboracionismo político con el Frente Sandinista.

El Frente Sandinista mantiene oculta su propuesta de candidatos para ocupar las magistraturas electorales. El Partido Liberal Constitucionalista (PCL) y el Partido Liberal Independiente (PLI), ambos con representación parlamentaria y un historial de colaboracionismo político con el Frente Sandinista, también anunciaron que propondrán candidatos a magistrados electorales.  Yatama, por su parte, también será el portavoz de la lista corta de candidatos que preparan en consenso con las otras fuerzas políticas agrupadas en la Coalición Nacional y será presentada la semana próxima.

El proceso para la presentación de candidatos culmina este próximo 28 de abril. Se espera que, al día siguiente, la Comisión presente su dictamen sobre las propuestas, para posteriormente debatirlas en el Parlamento. Para el caso del dictamen para la iniciativa de reformas electorales, la Comisión tiene 60 días para elaborarlo, a partir de la entrada en vigencia de la misma este 13 de abril.

GPRE finalmente presenta su análisis

Por sur parte, el GPRE divulgó este viernes un detallado análisis con observaciones sobre las inconsistencias con la Constitución de la República, entre muchos otros aspectos políticos y jurídicos de la iniciativa de reformas electorales del orteguismo. Además de recomendaciones para que la misma garantice comicios más competitivos.

El GPRE está conformado por especialistas en asuntos electorales, abogados constitucionalistas y politólogos que presentaron desde 2020 una propuesta de reformas electorales enfocadas en garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios del 7 de noviembre próximo. Varias de estas observaciones fueron retomadas en la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 23 de octubre del 2020, que exigen al régimen de Daniel Ortega realizar reformas electorales profundas para mayo del 2021.

Vea aquí: Análisis y observaciones del Grupo Promotor de Reformas Electorales a iniciativa de reformas electorales del Frente Sandinista

Uno de los principales cuestionamientos hacia la iniciativa de reformas electorales orteguista es que no incorpora las observaciones y recomendaciones, tanto del GPRE, como de la OEA.

Algunas de las observaciones del GPRE son:

1. En el artículo 3 párrafo uno, se elimina la obligación del CSE de depurar el Padrón Electoral. También se elimina lo relativo a los ajustes de los calendarios y resoluciones. En el artículo cuatro se eliminó la publicación del calendario en los medios de comunicación nacional. En la ley vigente se establece que el calendario electoral será publicado en La Gaceta, Diario Oficial y medios de comunicación nacionales.
2. En el artículo 6.  Se Elimina la consulta con organizaciones de sociedad civil para el nombramiento de magistrados. Para el GPRE se pretende desconocer el mandato constitucional expreso de elegir magistrados electorales en consulta con las organizaciones civiles pertinentes. Por ello es necesario reiterar que debe prevalecer el artículo 138, numeral 8, de la Constitución.
3. En el artículo 8 se integra un numeral 5, “las y los miembros de las Juntas Directivas Nacionales, Departamentales y Municipales de los partidos políticos y si lo fueren, deberán cesar sus funciones partidarias”. Esta inhibición tampoco está en la Ley Electoral y también es una modificación a la Constitución Política de Nicaragua en su al artículo 171, literal C.
4. En el arto 10 se integra como una de las atribuciones del CSE , “aprobar y mandatar la totalidad de las normativas, reglamentos y manuales de capacitación que se utilizarán en el proceso electoral“ Esto para el GPRE es un elemento positivo. Pero el GPRE considera que se debe precisar que estas normativas se publiquen al inicio del proceso electoral de una vez.
5. En el mismo artículo 10, numeral ocho, de la Ley Electoral vigente (En la propuesta pasa a ser el numeral nueve) Se cambia el término de observador electoral por el de acompañante electoral. Para el GPRE el término de acompañamiento electoral es limitado.
6. También en las atribuciones se elimina el numeral nueve de la Ley Electoral vigente, que establece “demandar de los organismos correspondientes, condiciones de seguridad para los partidos políticos en las elecciones”. El quitar esta atribución al CSE tiene la intención de darle más poder a la Policía Nacional, sobre las decisiones que es competencia del Poder Electoral.