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El pasado 24 de mayo de 2025, el codictador Daniel Ortega reapareció en un acto partidario transmitido en cadena nacional de radio y televisión, después de haber permanecido 25 días ausente de sus actividades públicas como gobernante. Ortega, además, había cancelado cinco días antes, sin brindar ninguna explicación, el acto del natalicio del general Sandino que invariablemente había presidido en los últimos 45 años sin faltar una sola vez.
Por ello su ausencia generó un torrente de especulaciones sobre el deterioro de su estado de salud, y aumentó el temor en torno a la consumación de la sucesión dinástica de la codictadora Rosario Murillo, que en realidad ya se viene realizando desde 2021. Una sucesión que se asocia con el endurecimiento del estado policial y la persecución irracional contra los ciudadanos, y con el incremento de las purgas selectivas en el partido FSLN, en el Gobierno, en la Policía y el Ejército, para imponer a sus leales en la cadena de ordeno y mando.
La ausencia del caudillo generó una ola de incertidumbre entre sus propios partidarios, pero al mismo tiempo lo que dijo Ortega en su reaparición le devolvió al país una certeza profunda sobre la vigencia que tiene la demanda de justicia, como el pilar fundamental del cambio que necesita Nicaragua en una transición democrática.
Por supuesto que Ortega no habló de la justicia, sino que más bien hizo una apología delirante de la impunidad, dejando claro a los nicaragüenses y a la comunidad internacional, que si en Nicaragua no hay justicia en una transición democrática, tampoco se podrán erradicar de raíz las estructuras de su dictadura y nunca podrá haber democracia, desarrollo y prosperidad.
Durante más de una hora, Ortega despotricó contra la protesta cívica que estalló en abril de 2018, y repitió el mismo discurso de odio que él y Murillo han oficializado en los últimos siete años. Atacó con virulencia a centenares de miles de ciudadanos que salieron a las calles a demandar justicia, libertad y elecciones libres. Insultó y se burló de todas sus víctimas: de los estudiantes universitarios, de los campesinos, de los obispos de la Iglesia católica, de las madres de los asesinados y perseguidos, y de los empresarios privados que fueron sus aliados hasta el estallido de 2018.
Como aventajado discípulo de Goebbels y sus contemporáneos, Ortega repitió una vez más la mentira de que la protesta autoconvocada en 2018 fue el resultado de una conspiración internacional, para asestar a su Gobierno un supuesto golpe de Estado. Pero en la reinvención de su mentira, se vio obligado a confesar la autoría de sus crímenes, revelando que en junio de 2018 ordenó a su ejército irregular de policías y paramilitares ejecutar la “operación limpieza”, así como el 19 de abril, Rosario Murillo, a través de Fidel Moreno, bajó la orden fatídica del “Vamos con Todo” para iniciar la matanza.
Lo que Ortega no dijo es que durante el año 2018, su Gobierno invitó y permitió el ingreso al país de tres organizaciones internacionales de Derechos Humanos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sin embargo, ninguno de estos grupos independientes, ni la CIDH, ni OACNUDH, ni el GIEI, detectaron en sus investigaciones un indicio de que en Nicaragua se hubiera producido algún intento de golpe de Estado contra el Gobierno. Por el contrario, lo que sus informes documentaron fue la represión estatal y el abuso de la fuerza policial y paramilitar contra el pueblo, más de 350 asesinatos que fueron ocultados por el régimen, miles de detenciones arbitrarias y centenares de torturados, y advirtieron que la autoría de estos delitos debería ser investigada por la justicia pues constituyen crímenes de de lesa humanidad.
Al derrumbarse la narrativa oficial del supuesto golpe de Estado, las tres organizaciones internacionales de derechos humanos fueron expulsadas de Nicaragua por el Gobierno en diciembre de 2018 y nunca pudieron volver a ingresar al país. Pero en marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio un paso trascendental al establecer un Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), para continuar investigando las violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en el país desde abril de 2018.
Entre marzo de 2023 y abril de 2025, el GHREN ha presentado diez informes detallando la violación sistemática de los derechos humanos de parte del régimen. Los expertos de Naciones Unidas han documentado cómo en 2021 Ortega y Murillo encarcelaron a todos los líderes políticos y cívicos del país, incluyendo a los siete precandidatos presidenciales de la oposición y eliminaron la competencia política en las elecciones; y cómo en los siguientes tres años exterminaron a la sociedad civil democrática, a los medios de comunicación independientes, las asociaciones, las universidades, a los líderes religiosos de la Iglesia católica, y a los gremios empresariales, imponiendo en Nicaragua un estado policial más cercano al de Corea del Norte, que a las dictaduras de Cuba y Venezuela.
En su último informe de abril 2025, el GHREN señaló a Daniel Ortega y Rosario Murillo y a más de 50 altos funcionarios, civiles y militares, miembros de la cadena de mando de la represión, como responsables de crímenes de lesa humanidad, que deben ser sometidos ante la justicia, y delineó una ruta de justicia que incluye la jurisdicción de la Justicia Universal, la Corte Internacional de Justicia de La Haya y, eventualmente, la Corte Penal Internacional.
Mientras en cada una de sus escasas apariciones públicas Daniel Ortega siempre regresa al 19 de julio de 2018, cuando por primera vez inventó el cuento del supuesto golpe de Estado, y se mantiene anclado al pasado en un afán desesperado para justificar sus crímenes, la sociedad nicaragüense sigue avanzando, a pesar de la represión y el estado policial, en la búsqueda de una transición democrática con justicia.
Después de haber convertido al país en una gran cárcel, donde ni siquiera sus más cercanos seguidores están a salvo de la persecución desatada por Murillo, Ortega alega que ha logrado constituir una nueva alianza nacional después de la crisis de 2018, pero en realidad ni él ni Murillo le pueden ofrecer un futuro al país porque, igual que la cúpula político militar del régimen, están atados a los crímenes de lesa humanidad que han sido ampliamente documentados, mientras que el futuro de Nicaragua, en democracia y sin dictadura, sólo puede construirse con justicia sin impunidad.
La hoja de ruta del cambio para una transición democrática impone un desafío formidable, que se resume en tres condiciones inseparables: a) Más información pública para vencer la censura y denunciar la corrupción pública de la dictadura familiar; b) La unidad en la acción de todos los ciudadanos y organizaciones que quieren un cambio democrático, incluyendo a los servidores públicos, civiles y militares, para realizar pequeñas y grandes acciones; y c) Un programa mínimo de transición democrática con el compromiso de poner en primer plano la demanda de justicia para apuntalar un cambio profundo.
Daniel Ortega es y seguirá siendo un dictador ausente en la gestión de gobierno por períodos de hasta 50 días como ha sido su costumbre, hasta que se produzca su nueva reaparición, pero la solución nacional debe comenzar ahora, sin esperar la incertidumbre de la sucesión dinástica y las nuevas purgas internas que Rosario Murillo ya tiene preparadas.
