3 de febrero 2025
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Haciendo aparte la hipérbole de las promesas del presidente Trump, su agenda política de desmontaje del modelo democrático en Estados Unidos tiene consecuencias para la política exterior y las relaciones internacionales con efectos directos sobre Nicaragua.
El escenario actual no es suma-cero porque tanto conservadores como liberales están siendo más afectados en ciertos ámbitos que otros y por el momento la opinión pública y las Cortes de Justicia no están del lado del presidente.
Sin embargo, en lo que respecta a política exterior hay una cierta definición alineada con la agenda de “refundación” de Estados Unidos que apunta a lograr preponderancia global, al menos en el corto plazo. En la agenda de esta Administración, Nicaragua está en el lado equivocado y tendrá consecuencias contra el régimen Ortega-Murillo.
La nueva política exterior de Estados Unidos
El equipo del presidente Trump ha planteado cuatro prioridades de política exterior bajo el lema “Primero América” (una especie de Doctrina Monroe del siglo XXI). Una prioridad incluye la restructuración del Departamento de Estado, que incluye reducir su tamaño y la influencia de la Agencia Internacional para el Desarrollo. Esto ha generado ansiedad y tensión acerca del futuro de la política exterior, en el que el nuevo Gobierno enfatiza la amplificación de la diplomacia como la herramienta de influencia prioritaria, que Rubio, Claver-Carone y Grenell consideran que va más allá de mensajes de comunicación y de ninguna manera se trata de negociación.
La segunda prioridad es contener la migración que, aunque iba en declive, el Gobierno quiere maximizar y a la vez minimizar el número de personas sin autorización legal en el país. Aunque como una cuestión de principio la mayoría del público norteamericano favorece la idea de la deportación, la mayoría también están opuestos cuando se trata de separar familias, o de ir contra personas sin récord criminal. Sin embargo, este Gobierno está llevando a cabo una política que sacará al menos a medio millón de personas, incluyendo aquellos cuya estadía legal se venció.
Tercero, la Administración quiere reducir la amenaza que representa la República Popular China, tanto en el ámbito comercial —para lo cual ya Trump impuso aranceles de 25% a 10% a algunos países— como en el financiero, y diplomático. Y a la vez trata de fortalecer su competitividad global, promoviendo más inversión extrajera.
Cuarto, abordar las consecuencias que han resultado, según el secretario Rubio, del abuso del “orden mundial liberal” de parte de dictaduras, el crimen organizado, y otros “oportunistas”. La posición política de la Administración es de intolerancia pareja a dictaduras, narcotraficantes y terroristas.
Los efectos de la Administración Trump para Nicaragua
Nicaragua aparece como una molestia y, como socio comercial, un estorbo indeseable, y un indecente expulsador y exportador de migrantes. Lo que decidirá Estados Unidos con Nicaragua depende de la voluntad política para asumir decisiones en varios ámbitos.
Migración
La política de contención migratoria afecta a los nicaragüenses (y a la dictadura) toda vez que se elimina el alivio humanitario, y al mismo tiempo la opción de solicitar citas para pedir asilo político de manera virtual para llegar a la frontera con México y Estados Unidos. Si en 2024 fueron un poco más de 60 000 nicaragüenses que recibieron ese alivio humanitario, en 2025 ya es cero.
¿Qué opciones buscarán quienes tienen una justificación legítima para irse del país frente al régimen totalitario de los Ortega-Murillo? La disminución migratoria aumentará el peso de la fuerza laboral de resolver las necesidades de sus familias y repercutirá sobre la gestión de la dictadura porque sentirá la presión social.
En deportaciones, el riesgo en que se encuentran los nicaragüenses es muy alto porque de casi 500 000 que llegó al país desde 2018, mas del 70% están sin autorización legal —sea asilo, residencia permanente o alivio humanitario. Hay mas de 70 000 nicaragüenses en riesgo inmediato de deportación por tener órdenes de salida desde 2018. A esto se sumaría un mínimo de 30 000 con de alivio humanitario que no realizaron ajuste de estatus y se tendrán que ir a partir de fines de 2025. Además están aquellos bajo TPS.
Esta situación tiene implicaciones muy grandes, primero la separación familiar, segundo, la persecución y el miedo dentro de Estados Unidos, tercero, la disminución de remesas y cuarto el temor de represalias de la dictadura ante un eventual retorno.
El espectro de deportación de nicaragüenses es alto porque son la población migratoria que llegó en grandes números en los últimos cuatro años y son más detectables (de los once millones que llegaron a la frontera desde 2020, a tres millones se les permitió entrar, y de esos cerca de 500 000 son nicaragüenses). ¿Qué significa un retorno de nicaragüenses a un régimen dictatorial? ¿se les ofrecerá un tercer país seguro?, ¿qué impacto tendrá sobre las remesas, ¿qué presión pondrá Estados Unidos sobre Nicaragua para que a estas personas no se les haga daño? Las remesas este año crecerán como máximo 2% y tanto el consumo privado y tributación disminuirán, afectando a la dictadura.
Cooperación externa
El cambio en la estrategia de ayuda para el desarrollo es bastante fuerte e incluye un virtual desmantelamiento de oficinas sobre democracia y derechos humanos. Y lo más probable es que el pequeño paquete de asistencia a grupos cívicos se va a cambiar. No se excluye la posibilidad de que, si esta Administración considera que existe un interlocutor democrático legítimo y organizado, pueda ser reconocido, y contar con apoyo para su participación política. Pero no es cuestión de esperar dinero de los gringos, sino que es cuestión de montar la organización política de un bloque cívico serio.
Presión política
Tanto Marco Rubio como Mauricio Claver-Carone han mostrado desdén contra el régimen de Ortega-Murillo, los han acusado por sus atrocidades, por sus abusos, y para ambos la reactivación de las sanciones será un hecho. Esta reactivación ocurre en medio de la Ley de Protección de los Sancionados que estableció la dictadura y que representará una excusa para Estados Unidos para lidiar directamente con Nicaragua. Nicaragua tiene una “deuda” con Estados Unidos ante su artificio de utilizar el país como un trampolín para el transporte aéreo de centenares de miles de extranjeros que llegaron a la frontera con México-Estados Unidos desde Nicaragua. Estados Unidos impuso sanciones sobre empresas, pero no ignoró al autor intelectual de esto. Tampoco ha ignorado el hecho que Nicaragua se ha constituido en la dictadura más maléfica del continente.
Comercio exterior
El comentario que han hecho el secretario Rubio y el enviado especial Claver-Carone sobre Nicaragua expresando que a Estados Unidos no le interesa a Nicaragua como socio comercial y que han estado trabajando multilateralmente “…en cómo poder remover a Nicaragua de este tratado sin afectar al resto de los otros países” pone de relieve que, además del tema migratorio, Nicaragua no será tolerada como Estado forajido y socio comercial a la vez.
Cafta es un tratado multilateral que no tiene medidas para sacar o expulsar a un país. Tiene medidas de resolución de disputas y penalidades. Sin embargo, el tratado es vinculante con otros acuerdos (como GATT) y Cafta a través del artículo 21.2 sobre seguridad nacional. Estados Unidos puede usar la Ley de Comercio de 1974, y la Ley de Poder Económico de Emergencia Internacional. Estados Unidos puede cesar unilateralmente de mantener tarifas preferenciales —ya lo ha hecho con México y Canadá— a pesar de Cafta.
La pregunta es si impondrá tarifas a qué, o restricciones en qué sector. Una reimposición de tarifas a los más de 90 productos que exporta Nicaragua los hará más caro frente a Honduras, El Salvador y Guatemala en particular, que son países que exportan casi lo mismo a Estados Unidos.
Las consecuencias serían varias, disminución de exportaciones, salida de empresas, desempleo de trabajadores o la reorientación a otros mercados. En otro estudio se ha analizado el ámbito de este impacto; sin embargo, no es una cuestión suma-cero, hay empresas que redirigirán sus exportaciones a terceros países, cambiarían sus modelos de negocios, entre otras opciones. El comercio de exportación de Nicaragua emplea a no más de 400 000 de tres millones de trabajadores (120 000 en la Zona Franca y el resto en agricultura y minería). Un aumento en las tarifas o aranceles reduciría las ventas y podría afectar el empleo de 20 000 trabajadores, reduciría la cotización del INSS y mandaría a la gente a la economía informal si no logran trabajo en la economía formal (Nicaragua solo tiene 900 000 trabajadores en el sector formal desde 2018. La dictadura nunca estableció un modelo real de desarrollo, solo se enfocó en su captura cleptocrática del Estado).
Dos tercios de las empresas que exportan a Estados Unidos son extrajeras. Sin embargo, la doctrina Trump estriba en afectar punitivamente todo aquello que se percibe como contrario al interés nacional por lo que esta es una medida que se está ponderando.
Aparte de sus exportaciones, Nicaragua depende mucho de Estados Unidos: 80% de las remesas provienen de Estados Unidos y las importaciones de mercancías de interés nacional como el petróleo y maquinaria son el 70% del total importado, aunque 80% de todo el petróleo importado de Nicaragua. Imponer restricciones a la venta de petróleo, en particular de no permitir ventas a los negocios de los Ortega, que aún manejan una parte del pastel de las compras, son ponderaciones que no afectaría directamente al país, pero tendrían el efecto de golpear la dictadura.
Otras opciones incluyen multar al Ministerio del Trabajo por incumplimiento en su responsabilidad de proteger derechos laborales.
Las medidas sobre Nicaragua incluyen recibir deportados y/o retornados (a menos que unos vayan a un tercer país seguro) sin condición y sin represión (especialmente para los que tienen que volver voluntariamente del parole, ya a este mes son como 5000, para diciembre serán 20 000), emitir sanciones para que hagan reformas, e imponer aranceles y restricciones comerciales (aquellas con mayor vinculación a la dictadura).
La dictadura tiene mucho que perder. Por ello no es extraño tanto silencio, mientras Trump despliega sus amenazas en América Latina.
Se han radicalizado tanto que han cerrado las puertas del mundo, y la relación con China no va para lejos, ya que Nicaragua no representa una ganancia.
Para el equipo de Trump, presionar no es suficiente porque el objetivo de la presión no es solo castigar, sino modificar la conducta. Como no hay un interlocutor democrático, la interrogante entonces es, ¿qué hacer?, ¿sacar a la dictadura y después ver a quien poner ante la ausencia de oposición real? ¿negociar reformas, pero entre quiénes? ¿dejarlos en un segundo plano?
En el corto plazo, las medidas que adopte esta Administración tienen el propósito de tenerlos a mecate corto, mientras otras situaciones y países ocupan una posición de prioridad, para eventualmente darle el lugar y la presión requerida a Nicaragua.
