3 de enero 2025
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Para muchos es ahora aceptado que Nicaragua se convirtió en un país cuya historia reciente quedó atada a la migración y a su dependencia del dinero que envían sus familiares. Lo nuevo es que también se avecina un desaceleramiento temporal de personas emigrando que tendrá efectos sobre la economía del régimen mismo y de otros problemas impredecibles.
La migración nicaragüense
La migración tradicional desde Nicaragua ha resultado de sus tragedias políticas, ya sea por guerra civil (los setenta y ochenta) o por desatención al país (terremoto de 1972). Durante el breve período de democracia, 1990-2007, la migración nicaragüense tuvo poco dinamismo, excepto en ruta temporal a Costa Rica. Desde la crisis política del 2018 surge la ola migratoria más reciente y grande, con una naturaleza exponencial, influida fundamentalmente por la represión política y la crisis económica causada por la dictadura.
Entre 2018 y 2024 salieron más de 850 000 nicaragüenses en su mayoría hacia Estados Unidos, en un cambio repentino de la histórica trayectoria hacia Costa Rica y lo hicieron como los otros centroamericanos lo venían haciendo a pie por la frontera con México y Estados Unidos.
Esta migración no es accidental y resulta del nivel de represión. Los estudios y encuestas mostraban el cambio en la tendencia migratoria cuando la intención de migrar en la población sube de 20% de hogares en 2019 a más de 50% en el 2021. La intención a migrar a octubre 2021 se correlacionaba estadísticamente cuando la gente creía que el país iba en la dirección equivocada, no creían en las acusaciones de la policía contra los presos políticos, y sentían el peso del costo de la vida. Con un país de 1.6 millones de hogares en el 2021, la mitad quería irse del país, y de esos, al final del 2022 se fueron más de 300 000: es decir, ese año 25% de los hogares nicaragüenses tuvo a alguien que se fue. Lo político fue el detonante. La gente votó con sus pies. Sin embargo, a pesar de que la represión controló de la protesta, la gente siguió saliendo y la tendencia se repitió en el 2023 y un tanto al 2024.
Las remesas familiares
La perversidad represiva expulsó casi a un millón de personas en menos de seis años, y creó un patrón de dependencia económica con el envío de dinero. Al igual que la migración, las remesas crecieron de forma gigantesca, rescatando a sus familias de la mala situación económica del país, y del desinterés del régimen por el bienestar de su población.
El impacto de las remesas ha sido muy diverso. Primero, el volumen de dinero aumentó en más de 300%, de 1.5 mil millones en el 2018 pasa a 5.1 mil millones en 2024, llegando a ser el 30% del ingreso nacional. Si las remesas no hubieran crecido 50% en 2022 y 2023 la economía no hubiera crecido mas de 1%.
Segundo, lo más importante y que usualmente no se toma en cuenta, es que el dinero ha llegado a casi un millón de hogares, es decir a más de la mitad de los nicaragüenses (a estas alturas hay 1.6 millones de hogares en Nicaragua). Frente al hecho que el número de hogares que reciben desde el 2019 provienen predominantemente de Estados Unidos, esos ingresos pasan a ser 150% del salario promedio del país, ya que el promedio enviado de remesas desde Estados Unidos es de más de U$340, quince veces al año.
Tercero, hasta el FMI confiesa que el país ha crecido por las remesas (y felicitaron al Gobierno por el crecimiento de la migración). Las remesas crearon un alivio económico a una mayoría de los hogares nicaragüenses, y mejoraron la renta tributaria del régimen en momentos en su política de recaudación se basa en la extorsión a las empresas. Las remesas pasaron a contribuir del 10% de la renta al 20%. Esa mejora en la renta tributaria se convirtió en la oportunidad clientelista para aumentar la estrategia cleptocrática a través de la captura de Estado: mientras el pueblo no tenía de otras que mandar a su familia afuera a buscar empleo y enviarles dinero, la dictadura ha continuado su práctica de endeudamiento para inversión en obras públicas ejecutadas por empresas de la familia del círculo de poder beneficiándose entre ellos.
Menos migración en 2025
Esta tendencia tuvo sus límites; para el 2024 se podía observar una disminución migratoria, la cual se atribuye al efecto del alivio humanitario como táctica de Estados Unidos para contener la migración irregular. Sin embargo, los factores son mayores y de naturaleza demográfica.
Debido a la salida de más de 850 000 personas desde el 2018, la población nicaragüense no creció lo suficiente, ya que al 2024 deberían haber sido 7 millones, y sin embargo son 6.7 millones (descontando la migración y ponderando el crecimiento natural de personas de 1.35% anual). La fuerza laboral es la que más ha sufrido porque 90% de los que emigraron son adultos en edad laboral, 750 000 trabajadores, y como resultado, el peso de esta disminución poblacional recayó sobre los que se están quedando, que ahora solo son 3.6 millones (en 2017 eran 4 millones). Hasta la mano de obra formal también disminuyó de 900 000 personas a 800 000. Esta migración le resolvió al gobierno un problema de empleo, y a pesar de eso y el populismo que pregonan, la economía informal sigue siendo de 78% y la productividad no aumenta.
El resultado de todo esto es que la carga económica de la fuerza laboral subió del 64% de la población (en 2017) a 54% siete años después. Es decir, la responsabilidad del cuido de menores y adultos mayores aumenta sobre estas personas. Aunado al alivio económico de las remesas, esta población ha tenido que sopesar quedarse en vez de migrar a pesar de querer hacerlo.
A mediados del 2024 (y antes de las leyes represivas de noviembre y la nueva Constitución que oficializa la dictadura) la intención a migrar había bajado de nuevo al 20%, pero las razones que ofrecían eran predominantemente económicas—es decir quienes se quieren ir lo hacen por la necesidad de cuidar de sus familias porque el dinero no les da.
La tendencia migratoria indicaba para mediados de año una expectativa de no más de 80 000 personas saliendo, lo que implicaba 30 000 nuevos remesadores en 2025 y 35 000 más en 2026, apuntando a una disminución del crecimiento anual de remesas a menos de 5%.
La amenaza de deportaciones en 2025
Pero la amenaza de deportaciones de migrantes en Estados Unidos trae consigo otro escenario más preocupante para los nicaragüenses ya que más del 95% de estos migrantes están en status irregular, ya sea indocumentado, y muchos con órdenes de deportación y para quienes están bajo el alivio humanitario en situación de vencimiento de su estadía.
Aquellas personas bajo riesgo de deportación son las que no tienen una autorización legal de vivir en el país. Sin embargo, el riesgo sube dependiendo del estatus más específico de la persona indocumentada. Por ejemplo, hay al menos tres grupos que están bajo mayor riesgo de expulsión. Primero, son los que ya tienen una orden de deportación. Desde 2018, había 63 000 nicaragüenses con orden de deportación, y 67% de estos no habían sido detenidos. Segundo, otras personas bajo riesgo de expulsión son aquellos cuya solicitud de asilo político fue rechazada. De más de 150 000 peticionantes de asilo, el retraso burocrático solo ha logrado decidir sobre un 10%, con la mitad en rechazo de asilo, y éstas son ya más de 5000 personas cuya estadía está condicionada a irse o apelar de nuevo ante una corte migratoria. En tercer lugar, están aquellos beneficiados por el alivio humanitario, “parole”, que no realizaron un ajuste de estatus migratorio—fuese solicitud de asilo, u otro ajuste de legalización. En 2023 fueron 38 154 personas las que recibieron el “parole” por dos años, para abril 2025, al menos 7000 de estos estarán con su estadía vencida. En la mayoría de los casos estas personas no aplicaron a un ajuste de estatus.
De ahí que solo pensar en estos grupos de alto riesgo son más de 70 000 nicaragüenses que podrían ser expulsados dependiendo del nivel de esfuerzo aplicado para las deportaciones. Tomando en consideración que el Temporary Protected Status y DACA son programas que estarán por cancelarse este 2025, el número de nicaragüenses expuestos puede llegar a 5000 más.
Frente a una disminución migratoria, el espectro de deportación, aun si fuera a una fracción y sumara de 5000 personas (un aumento del 300% en relación con años anteriores), tendría un impacto sobre la disminución en el número de personas que envían remesas afectando a miles de hogares. Es decir, si habría expectativa de un aumento de 30 000 nuevos remesadores, con las deportaciones este número podría bajar a 25 000.
Los efectos los próximos dos años para los nicaragüenses son sustanciales porque el país vive en un régimen represivo que no crea oportunidades económicas a su sociedad. La disminución de las remesas afectará el consumo privado (las remesas son responsables de más del 30% del consumo nacional), el aporte tributario (que es 20% de la renta) y el crecimiento económico en general (el incremento anual de las remesas es mayor que el incremento del PIB entre 2022-2024), pero ante una eventual retorno de nicaragüenses las tensiones económicas, laborales y políticas en medio de una consolidación del poder de Rosario Murillo que ha creado tensiones dentro del círculo de poder, podría tener efectos convulsivos para el país.
El 2025 avizora dificultades y retos para los expulsados por la dictadura, ahora en estatus irregular, para los trabajadores explotados bajo la dictadura cuya carga económica aumentaría si disminuyen las remesas y el número de receptores, y para las familias transnacionales cuya situación se vuelve incierta.
Estos números muestran la dimensión del problema, pero no resaltan la angustia por la que pasan centenares de miles de migrantes que ponderan su situación día tras día. Estos migrantes, los ‘recién llegados’ (post-2018) aun no han superado el trauma de haberse ido de una dictadura, saben lo que es la vida en Nicaragua, los bajos salarios y la persecución, están al tanto de lo que pasa en el país. Y a pesar de eso les toca salir a trabajar, a limpiar casas, a montar muros, a cortar yerba o a atender comensales en los restaurantes. Las leyes de noviembre y la Constitución “Chamuca” aprobadas por la dictadura agregaron otro nivel de incertidumbre y angustia, para unos, está el escenario que no los dejen entrar si deciden volver o los deporten—ya a muchos con “parole” los habían amenazado al salir del país los oficiales de migración nica. Pero el temor de ver cómo han socado la tuerca represiva con controles económicos, financieros, migratorios y monetarios ha asustado a la gente y muchos están reconsiderando quedarse. Eso explica en parte el crecimiento de peticiones de asilo en Costa Rica desde septiembre de 2024. La migración y las remesas son un subproducto de un problema político del que para la dictadura lo que fue fortuna ayer, puede ser causa de infortunio para el clan familiar del 2025 en adelante.
