7 de enero 2025
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La dictadura se enfrenta con grandes retos en 2025, internos y externos. Hay tres riesgos económicos principales: a) Las consecuencias de la investigación de la Oficina de Comercio en Estados Unidos van más allá de imposición de tarifas, aunque es el ingrediente favorito de Donald Trump; b) La desaceleración del ritmo de las remesas afectará la demanda de crédito; c) Los cambios impuestos en las nuevas leyes represivas crearán incertidumbre y alto riesgo financiero.
El riesgo de la investigación sobre CAFTA
La investigación de Estados Unidos sobre si el régimen dictatorial constituye una amenaza y sus acciones reflejan un método desleal de comercio exterior tendrá consecuencias materiales sobre el círculo de poder. Primero, a pesar de las intenciones de fortalecer los vínculos económicos de la dictadura con el mundo no democrático, la dependencia de Nicaragua con Estados Unidos es muy fuerte. Segundo, esta dependencia tiene efectos sobre la estructura económica y financiera del país tanto que ninguno de los ajustes legales introducidos recientemente mejorará su posición, sino que más bien afianzarán penalidades y presiones externas.
El nivel de dependencia comercial con Estados Unidos es muy fuerte. A pesar de que la dictadura quiere fortalecer su dependencia con China y Rusia, éstos no pueden sustituir a Estados Unidos. En materia de importación, el 24% de sus compras las obtiene de Estados Unidos, casi la mitad es petróleo importado comprado al “imperialismo yanki”, algo que Rusia, China o Irán no podrán substituir. De igual forma, mas del 50% de las exportaciones de Nicaragua van hacia Estados Unidos, y la mitad proviene de la zona franca.
La investigación de la Comisión de Comercio Exterior de Estados Unidos constatará la forma cómo la represión y corrupción en Nicaragua crean una competencia desleal contra las empresas norteamericanas. Por un lado, las violaciones a los derechos laborales que incluyen el desamparo del Ministerio del Trabajo a la protección laboral, el recorte de subsidios, la politización sindical, la extorsión tributaria entre otros, ha creado que desde la zona franca se exporte más con menos salario y menos trabajadores, casi como un sweatshop.
Aparte, hay empresas que se han ido por inseguridad jurídica.
Por otro lado, al menos un tercio de la importación del petróleo comprado de Estados Unidos la manejan negocios afines al círculo de poder que incluyen empresas sancionadas como DNP, entre otros.
El riesgo para el sistema de crédito
China y Rusia tampoco pueden sustituir el volumen de remesas que ingresa en Nicaragua. El efecto de desaceleración de éstas afectará el financiamiento a los negocios en el país.
Hay gente del círculo empresarial que, anecdóticamente, dice que ahí no hay crisis, que la gente consume, compra carros y se ven restaurantes nuevos, pero la realidad es diferente. Ciertamente, el consumo aumentó gracias a las remesas, e incluso aumentó la inversión privada, aunque no al mismo ritmo del consumo (a un ritmo menor que antes del 2018). Es importante considerar que para 2017 había en Nicaragua menos de 160 000 negocios formales y más de 700 000 informales. La crisis política y económica causada por la dictadura sacó a más de 30 000 negocios en la quiebra y afectó la cartera crediticia que disminuyó en dos mil millones de dólares entre 2018 y el primer trimestre de 2020. La entrada de remesas con su crecimiento del 50% en 2022 y 2023 consecutivamente aumentó el consumo, y el endeudamiento de personas físicas y jurídicas para montar negocios. De ahí que es hasta el tercer trimestre de 2024 que esa cartera de crédito vuelve a su número de 2018 y que éste realmente crece a partir de 2022 con la entrada de remesas. El crédito está atado al ritmo de las remesas, y si ésas rescataron la banca y el financiamiento una vez, una disminución tendrá un efecto directo sobre el consumo, la inversión, y el crédito de nuevo. Tanto la migración y las remesas son un subproducto de un problema político del que la dictadura, lo que es fortuna hoy puede ser causa de infortunio para el clan familiar.
El riesgo económico de las nuevas leyes represivas
Las seudo reformas de ley y la nueva Constitución tendrán consecuencias económicas. Aunque dan la imagen de sellar el poder político y económico del régimen, en realidad aumentan su vulnerabilidad frente al contexto externo. Es como que si quieren que un tercero resuelva la transición que ellos tienen que iniciar.
Por ejemplo, el impacto de la Ley de Protección de los Sancionados tiene consecuencias de alto riesgo para el sistema financiero. La Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, que estipula que las sanciones internacionales en Nicaragua contra personas físicas o jurídicas no tienen validez, pone automáticamente al sector financiero en un terreno muy complicado porque al cumplir con esta ley, contravendrán cualquier sanción de los EE. UU. que requiera el cierre de cuentas bancarias de la entidad sancionada.
Al rechazar legalmente el Estado de Nicaragua la aplicación de sanciones en el territorio el régimen está poniendo en alto riesgo financiero a todo el país en la medida en que un banco nacional que no siga la directiva de sanciones se arriesgará a penalidades por parte del Tesoro de los EE. UU. Además, no solo hay un impacto reputacional, sino un efecto de “desriesgo” entre el sector bancario estadounidense. El efecto del “desriesgo” no solo afectará a los bancos, sino también a las empresas estadounidenses que hacen negocios en Nicaragua y eventualmente a cualquier corporación internacional. La ley forzará a los bancos a acatar la normativa lo que hará que los bancos ejecuten voluntary self-disclosures (VSDs) ante el Tesoro. Estas son notificaciones atestando que están presionados por legislación nacional a no acatar la sanción y el Tesoro podría notificar a los bancos en Estados Unidos que Nicaragua es un país que se convirtió en espacio seguro para entes sancionados, un “safe haven” y por ende que es un lugar de alto riesgo financiero.
Nicaragua formalmente está autocalificándose de forajido ante la ley. En contextos como estos, los bancos corresponsales aplican la política de “de-risk” (desarriesgarse), cuando el Tesoro considera que una entidad o país está actuando fuera del marco del proceso establecido de sanciones (Venezuela, Irán, Rusia, por ejemplo), y procede a notificar a la institución bancaria violatoria, y al mismo tiempo notifica a los corresponsales bancarios.
Los mismos riesgos se observan con las reformas financieras. Una lectura de las leyes del Banco Central (732) y de la Superintendencia de Bancos (316 ) frente a la nueva ley que integra estas dos en un solo cuerpo indica que los principales cambios introducidos se relacionan (a) al poder discrecional que le atribuye la ley a las autoridades bancarias del nuevo Consejo Directivo Monetario y Financiero, y (b) al poder discrecional asignado al CDMF, en particular con tres artículos, 138, 139, 140 referentes al control del gobierno de anular nombramientos, destituir personal de entidades bancarias o autorizar aportes/traspasos de activos.
Estos artículos resaltan un alto riesgo financiero toda vez que la determinación para ejercer esa autorización recae en manos del CDMF sin especificación de qué ley es la que estipula las razones de ejercer anulación, destitución o autorización. Esta situación pone en riesgo la seguridad financiera que las autoridades están requeridas a otorgar al sistema financiero. Para algunos que han trabajado dentro del sistema financiero, interpretan que la discreción en manos de Reyes significa la eliminación de las normas operativas sobre recaudación información frente al sigilo bancario.
Lo que esta integración normativa hace es armonizarse con otros marcos legales establecidos desde 2020 en donde la figura del presidente del BCN, quien será el ente regidor de la CDMF, pone a Ovidio Reyes como el hombre fuerte de Nicaragua, después de Daniel Ortega y Rosario Murillo, e incluso encima de Horacio Rocha y el General Avilés.
Estos son al menos tres de otros riesgos que la dictadura se autoimpuso y que tienen consecuencias para ellos y para el país. La forma más fácil de esta dictadura para resolver estos riesgos está en tomar la iniciativa de promover una apertura política. Sin embargo, la soberbia de Rosario Murillo, a pesar de contar con un limitado número de subordinados leales, está empeñada en cubanizar a Nicaragua, antes que democratizarla. Murillo solamente está alargando un conflicto que eventualmente no podrá controlar.
