La migración como arma de ataque contra Estados Unidos

La dictadura de Ortega Murillo ha usado la migración como un arma de ataque contra Estados Unidos, y como una herramienta de su captura del Estado. En Nicaragua hay tres grandes patrones en el ámbito de la migración. Primero, la expulsión de ciudadanos nicaragüenses de parte de la dictadura. Segundo, el oportunismo económico detrás de esta expulsión en la forma de remesas que fortalecen la estructura corrupta del clan familiar. Tercero, el uso de la migración como herramienta de política exterior contra Estados Unidos.

La migración nicaragüense en 2023

La tendencia migratoria en 2023 fue de continuidad en la salida de personas equivalente al 2% de la población total y 4% de la fuerza laboral. El número es menor que en 2022 y se asocia a varias realidades. Una vez que el parole se estableció en enero 2023, la cantidad de personas que podía salir bajó porque solo podían entrar por la vía del parole humanitario. Este método tiene un techo de emigración: el número de nicaragüenses con capacidad de solicitar a alguien no es superior a 90 000 personas. Ya son 50 000 beneficiados por el parole.

Segundo, la carga social por parte de los adultos en Nicaragua que están en la fuerza laboral ha aumentado ya que ahora es menos del 45% de la población. Es decir, la carga económica sobre los trabajadores aumenta. Esto mitiga la decisión a emigrar ya que se hace más difícil dejar a un familiar en manos de terceros.

Sin embargo, la intención de emigrar continúa mostrando un alto número de personas queriendo irse. Estas personas pertenecen a todos los estratos y grupos sociales, sean opositores o progobierno. Además, la intención se sigue justificando más por razones políticas que económicas. Un análisis estadístico de la encuesta CID-Gallup de noviembre 2023 publicada en CONFIDENCIAL muestra una correlación estadística entre la intención a migrar y las condiciones políticas del país: los que quieren elecciones libres, liberar a los presos políticos y a los religiosos, fin del estado policial, exhiben una probabilidad 1.83 veces mayor de emigrar que los que no quieren irse. Aquellos que creen que el país va en la dirección equivocada exhiben 2.86 veces más intención de migrar que otras variables. También los adultos, más educados y hombres tienen mayor intención de emigrar. Los indicadores económicos no se correlacionan estadísticamente con la intención a emigrar. El problema es político.

Estas realidades resaltan que en 2024 la gente continuará emigrando en un número similar al 2023, pero posiblemente en grupos familiares. Esta es una situación parecida a lo que ocurre en el resto del norte de Centroamérica y México. Las personas no están emigrando solos, 50% de la migración del Triángulo Norte es por grupos familiares. Esto dependerá de la forma en que se desenvuelvan las políticas migratorias en Estados Unidos durante la campaña electoral y cómo miren la migración como un tema de política exterior.

Efecto social y económico a mediano y largo plazo de la migración

Para la mayoría de los países en desarrollo, Nicaragua incluida, la migración es una válvula de escape ante las pocas opciones de mejorar la calidad de vida y las circunstancias materiales y políticas que brindan los modelos económicos de estos países. Los Gobiernos se concentran en incentivar el sector externo con modelos económicos poco productivos (uso de mano de obra barata para trabajar en manufactura de textiles, minería, agroexportación o turismo) y excluyentes (porque no absorben a más del 25% de la fuerza laboral, pero generan más de la mitad de la riqueza del país). El resto del sector laboral se queda en la economía informal.

Entre más migración hay, más remesas llegan y estas contribuyen a compensar la falta de ingreso con la renta que mandan los migrantes y eso ayuda a mejorar la capacidad de consumo y ahorro. En una sociedad totalitaria como la nicaragüense existe una ‘captura del Estado’, en la que la expulsión masiva de personas es uno de los pilares económico de sostenimiento del sistema político (la extorsión, clientelismo, corrupción, confiscación, son los otros pilares). En la estrategia de captura de Estado, la remesa es vital para el clan Ortega-Murillo. Esto crea una dependencia de los migrantes y los ingresos que entran.

En este momento las remesas representan el 20% de la carga tributaria y el 33% del consumo nacional. Esto es una espada de dos filos, porque los migrantes pueden tomar decisiones acerca de cómo controlar el dinero y tener efectos directos sobre el Estado. La experiencia de la diáspora cubana muestra cómo esta comunidad decidió no mandar dinero por las vías oficiales y ocupar otras rutas que llegaran directamente a sus familiares.

La tendencia hacia el futuro no vislumbra una gran salida de nicaragüenses, y si ocurre será en grupos familiares, lo que significará que el crecimiento de las remesas se irá ‘normalizando’ por debajo del 10%. Sin embargo, la dependencia de la renta tributaria sobre las remesas quedará fija, y frente a una captura del Estado, la población irá notando como sus impuestos alimentan más la corrupción, situación que desmotiva a aumentar el consumo o la inversión y hasta puede reducir la cantidad de envío de dinero.

La instrumentalización de la migración como política exterior

El tercer eje del régimen es usar la migración para golpear Estados Unidos. Primero, la élite política del régimen cambió de táctica en relación con la migración cubana y de otras nacionalidades apalancándose en la alta cantidad de personas de muchas nacionalidades que iban huyendo de sus países. Una realidad del período pospandemia es que 18 países (China, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, México, Myanmar, Nicaragua, Perú, Filipinas, Rusia, Turquía, Ucrania y Venezuela) representan el 92% de toda la migración irregular que llega a la frontera con México. Ninguno de estos son países políticamente estables, en donde predomina el Estado de derecho o la libertad de expresión. Todos estos países están por debajo del promedio o la mediana mundial del indicador de gobernabilidad del Banco Mundial.

El clan familiar Ortega-Murillo aprovechó la oportunidad económica y política para usar la migración como política exterior contra Estados Unidos y aumentar el peso de la crisis humanitaria. El régimen empezó por eliminar restricciones a cubanos y en 2023 eliminó restricciones de visa a varias nacionalidades, incluyendo haitianos. En abril 2023 el Gobierno contrató una empresa privada ubicada en Dubái para entrenar al equipo de aviación civil de Nicaragua a administrar los procedimientos migratorios de pasajeros en vuelos chárteres. El resultado es que entre junio 2023 y noviembre 2023 hubo más de quinientos vuelos chárteres aumentando la llegada y salida de vuelos de 45 a 93 y generando un tránsito desde Nicaragua de más de 100 000 pasajeros provenientes de Puerto Príncipe, Habana, y las islas Providenciales a Managua para hacer el trayecto hacia Estados Unidos.

Esta decisión también puso en riesgo el potencial de que se cuelen terroristas entre esos pasajeros y lleguen a la frontera de Estados Unidos. Aunque la Administración Biden detuvo momentáneamente esta forma de agresión, Nicaragua ha continuado con esta ruta y aprovechó la oportunidad de facilitar la pasada de extranjeros de la India provenientes de Dubái en tres ocasiones.

El cálculo equivocado en la política exterior de Estados Unidos

Mientras Ortega ha aprovechado de la migración como un arma de ataque contra el espíritu democrático y el derecho internacional, Estados Unidos ha evitado antagonizar su relación con los regímenes dictatoriales. Una de las razones que se han aducido es que las sanciones generan un impacto económico adverso sobre la población y esto se traduce en emigración. La realidad es completamente lo opuesto.

Por ejemplo, a pesar de que la opinión de que las sanciones tuvieron un efecto sobre la producción petrolera es comúnmente aceptada, los datos contrastan con la realidad: la caída de la exportación petrolera venezolana precede las sanciones hacia ese país y se alinea más con la realidad del desastre económico que Hugo Chávez había creado desde 2014.

El llamado alivio de las sanciones en 2023 lo que ha permitido es una legitimación al intento de Maduro para lograr un fraude electoral con una oposición debilitada. Indirectamente Estados Unidos le hace el juego a Maduro, aun si la razón de ser haya sido estrictamente económica a favor de Estados Unidos ya que Venezuela no podrá aumentar su exportación petrolera en el corto plazo, y más aún cuando Guyana entra como un futuro suplidor de petróleo en el futuro cercano.

La misma realidad se observa con Nicaragua. Las sanciones a los transgresores de los derechos ciudadanos han tenido el efecto de minimizar el margen de operación, de reducir el número de operadores internacionales del régimen. Y contrario a los argumentos de Ortega, la ausencia de las sanciones más bien ocurre justo cuando hay más migración. La migración más bien aumentó como resultado de factores políticos y de inseguridad judicial.

El cálculo político de Estados Unidos ha sido de errar por el riesgo moral y de no acompañar las sanciones con una política exterior consistente con la afectación de estos países al interés nacional y a la democracia, prioridades de la administración actual. Nicaragua es un caso emblemático de cómo un Estado paria está golpeando al mundo aumentando la migración y apoyando el trasiego de personas que exacerba la crisis migratoria. Estados Unidos debe penalizar proporcionalmente las violaciones de Nicaragua con sus compromisos internacionales y sus ataques a este país.