El informe del FMI ignora que en Nicaragua hay una “captura del Estado”

La reciente declaración final del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional pone de relieve hechos e inconsistencias en la redacción del documento, pero también crea la oportunidad para que la misión del FMI tome en serio su propio diagnóstico y recomendaciones y realice una evaluación sobre las vulnerabilidades de la gobernabilidad y confirme que en Nicaragua se ha producido una “captura del Estado”. De otra forma las consecuencias de su aval al régimen Ortega-Murillo serán devastadoras para los nicaragüenses y para la credibilidad del FMI.

Los hechos que el FMI confirma

Ciertamente, la economía nicaragüense tendrá un crecimiento casi decente de 4%, al cual el FMI atribuye en parte al “rápido aumento de los emigrantes nicaragüenses”. Es un hecho insólito, Nicaragua es uno de los países en el mundo con un crecimiento de remesas de 50% y 44% en dos años consecutivos, llegando a conformar el 30% del ingreso nacional del país. De hecho, esa entrada de dinero que envían los migrantes desde el exterior es responsable del aumento del consumo de manera tal que las remesas representaron el 32% del consumo privado nacional.

Si las remesas hubieran crecido solo 15% (en vez del 44%) la economía hubiera caído -0.5%.

También el FMI acierta en resaltar que “los depósitos bancarios siguen creciendo, superando su nivel anterior a la crisis (medido en córdobas), mientras que el crédito al sector privado también está creciendo sólidamente”. Por primera vez en cinco años la cartera de crédito llega al tener esa disposición de crédito a como era antes de 2018. Sin embargo, en un ecosistema normal la cartera sería al menos 15% más de lo que era hace cinco años. Pero la realidad es que desde 2018 no hay confianza en los mercados financieros, sino una desconfianza de la cual el FMI se refirió en su análisis de 2019 sobre la crisis causada por el régimen.

Tanto el diagnóstico como las recomendaciones se quedan cortos sea por temeridad, complicidad, o ignorancia. Pero la atribución y el premio no cuadran.

Atribuciones incompletas 

El FMI dice que “apoya los planes de las autoridades de seguir implementando políticas macroeconómicas prudentes”. Pero esto es lo contrario de la verdad. Nadie ha implementado políticas económicas que expliquen el crecimiento que ha ocurrido; a menos que cuando el FMI se refirió al “rápido aumento de los emigrantes nicaragüenses”, reconozca que este resulta de un éxodo por causas políticas. Los mínimos ajustes sobre inflación o tipo de cambio no tienen ninguna correlación estadística con el crecimiento de la economía; la correlación es con el volumen de las remesas familiares.

Lo mismo aplica con la política fiscal. La renta tributaria ha crecido, bajando la brecha entre ingresos, gastos, e inversión pública. Pero esto resulta del impuesto que pagan las remesas, que se incrementaron a más del 20% de todo el ingreso tributario, del 14% en 2022. De hecho, es un aumento que se duplica de 10% a 20% en cinco años. No se le puede atribuir la reducción de la brecha y el aumento de la renta tributaria a ningún plan de consolidación fiscal: las remesas, además de la extorsión tributaria y los impuestos que cobraron a haitianos y cubanos por venir en vuelos chárter son el factor vinculante con la mejora del fisco.

Premios no merecidos

El FMI premia al Gobierno al atribuirle políticas inexistentes. Por ejemplo, el documento dice que el “Gobierno ha tomado medidas para implantar normas relacionadas con la transparencia y para mejorar la supervisión de los fondos públicos”. En Nicaragua no existe transparencia, a menos que se refieran a normas de transparencia en el uso de una engrapadora o papelería en el Ministerio de Hacienda. Institucionalmente no existen pesos y contrapesos, mucho menos independencia judicial o jurídica. En los días de la visita del FMI a Nicaragua, el régimen ejecutó una purga contra 900 funcionaros del Poder Judicial que serán sustituidos por fichas bajo control directo de Rosario Murillo de manera que la autoridad institucional del país quedó en manos de la oficina política de la presidencia. Ya el régimen había convertido la llamada “Ley de Defensa de la Soberanía” en ley suprema y la utiliza para reprimir, intimidar y expulsar. Está formulada intencionalmente para subordinar los derechos constitucionales y tener la discreción para acusar a cualquier persona.

La única transparencia en Nicaragua es la del Estado policial para reprimir con impunidad.

El FMI dice que “se ha progresado en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública”. El eufemismo es impresionante, pero éste no puede esconder sus contradicciones. El FMI sabe que el régimen ha cancelado más de 60 medios de comunicación, encarcelado más de 20 periodistas, exiliado a 200. Será que no se han enterado que la mayoría de las entidades públicas no dan acceso de información al público. Un ejemplo de esto es la página del Ministerio del Trabajo, en la que resulta casi imposible obtener información sobre derechos laborales, o intentar averiguar de dónde provienen los fondos de financiamiento a las municipalidades que están fuera de Managua.

Es sorprendente constatar que el FMI repite las mismas recomendaciones y no hace rendir cuentas al Gobierno de Nicaragua por su incumplimiento de las recomendaciones. La recomendación que hizo en el 2022, de alinear los marcos reguladores sobre prevención de lavado de dinero ante “la supresión y cierre de gran parte de organizaciones no gubernamentales,” la repite de nuevo este año sin resaltar que se ha incurrido en un grave problema de violación del Estado de derecho.

¿Qué puede aportar el FMI?

Es importante que el FMI revise las vulnerabilidades de gobernanza, que son parte del Marco del “Enhanced Fund Engagement”. Los puntos que el FMI menciona reflejan la existencia de un patrón de corrupción sistémico, de abuso de autoridad para el lucro de un grupo en el poder. Ignoran que estamos ante un caso de “captura del Estado”, concepto introducido por el FMI, una situación en la que un grupo se encarga de hacer leyes y regulaciones, favoreciendo ilícitamente a funcionarios públicos y socios privados. 

El FMI define la “captura del Estado” como una situación en las que “funcionarios públicos participan en malversación de fondos, extorsión o intimidación del sector privado con el propósito de enriquecerse a sí mismos, a sus familias y a sus asociados (a menudo denominado ‘cleptocracia’)”. Esta definición que se aplicó recientemente a Sudáfrica, describe perfectamente la situación de Nicaragua.

El FMI tiene que organizar una misión para determinar la magnitud de la “captura de Estado” por la familia Ortega-Murillo y su círculo de poder. La sostenibilidad del régimen en lo económico se ha basado en cuatro pilares, y le corresponde al FMI constatar su magnitud aplicar las medidas como lo ha hecho con Sudáfrica otro país considerado de “captura de Estado” por el FMI:

1. El uso de entidades autónomas del Estado para enriquecimiento de la familia. El control de la familia Ortega Murillo de Albanisa y Petronic, en el manejo del petróleo son un pequeño ejemplo.
2. El uso y abuso de la ley para confiscar propiedades para el beneficio del círculo clientelista. El régimen uso la “Ley de Defensa de la Soberanía” contra empresarios, profesionales, y académicos, se les acusó de conspiración contra el Estado y posteriormente los confiscaron ilegalmente. Lo mismo ocurrió con las universidades privadas y las oenegés. Esas propiedades fueron trasladadas a terceros que las recibieron como premio para mantener su lealtad. Es más, el traspaso del Registro de la Propiedad a la Procuraduría de la República es un abuso de autoridad y un método para selectivamente determinar a quien confiscar. Como un empresario lo dijo, es “un preludio de acciones confiscatorias en masa”.
3. El uso de la fuerza y la intimidación para desmotivar la competencia de mercado y crear incertidumbre. Muchas empresas entraron en una crisis de incertidumbre como resultado de ataques de parte del Estado. Cuando el propagandista William Grigsby calificó en mayo de 2023 a varios empresarios de “conspiradores”, algunos decidieron vender o mal vender sus negocios. Incluso empresarios y empleados allegados al círculo de poder han sido parte de esa “emigración nicaragüense” por temor a ser víctimas de las purgas.
4. El uso de la renta del Estado para apoyar la cleptocracia. La discrecionalidad del Estado para gastar los impuestos es injustificada, aún más por la forma en cómo obtienen esos impuestos. Aparte de la extorsión tributaria, las transferencias de remesas a casi un millón de hogares están pagando más de 700 millones de dólares en impuestos al valor agregado. Adicionalmente, los trabajadores en la zona franca se han quejado de que el Estado descuenta de su nómina una cantidad de dinero que no se refleja en los registros del INSS. De igual forma los despedidos en el Poder Judicial no recibieron sus prestaciones laborales.

La recomendación que hace el FMI de que “son necesarios mayores esfuerzos para reforzar los marcos de anticorrupción y de gobernanza y su aplicación efectiva, en particular el Estado de derecho (‘rule of law’)” solo será efectiva si hay una misión que confirme la magnitud de las vulnerabilidades de gobernanza y la “captura del Estado”. 

Estos pasos también contribuirían a darle seguimiento a la recomendación de que Nicaragua invierta en capital humano y aumento del empleo —el cual tiene una fuerza de trabajo igual a la de hace cinco años. El costo del cierre de más de 3000 oenegés causó una caída en donaciones anuales de al menos cincuenta millones de dólares (ahora es solo de tres millones de dólares), afectó el apoyo social a mas de un millón de beneficiarios y causó el desempleo de al menos 10 000 trabajadores de las oenegés.

Sin una rectificación que apunte a la rendición de cuentas del régimen Ortega-Murillo, las consecuencias de la bendición del FMI serán devastadoras para los nicaragüenses.