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La llamada “troika de la tiranía” en América Latina ―las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua―, acuñada por John Bolton, asesor de Seguridad Nacional durante la primera presidencia de Donald Trump, en realidad siempre fue una simplificación engañosa.
A pesar de compartir algunos elementos comunes por su resiliencia autoritaria, las dictaduras del siglo XXI nunca fueron un bloque homogéneo y más allá de sus fortalezas y debilidades, sus particularidades ameritan el diseño de políticas diferenciadas hacia cada país, como en efecto está ocurriendo en la segunda presidencia de Trump, aunque siempre bajo el sello exclusivo del interés MAGA. Tres meses después de la extracción de Nicolás Maduro por la fuerza de Estados Unidos, el espejo de Venezuela revela que los caminos de la improvisada doctrina Donroe no necesariamente conducen a una transición a la democracia.
Cuba ha sido durante más de 60 años un régimen autoritario de partido único, Partido-Ejército-Estado, cuyo ineficiente modelo de economía estatal centralizada, agravado por el embargo estadounidense, depende de un gigantesco subsidio económico externo, primero de la URSS y después de la Venezuela chavista. Antes de llegar a la etapa de colapso en que se encuentra el país desde hace varios años, el régimen cubano descartó o fue incapaz de realizar profundas reformas económicas y políticas cuando eran inevitables, después del “período especial” en los noventa, durante la apertura de Barack Obama en 2014, y tras las protestas de 2021, lo cual representa hoy su mayor vulnerabilidad ante las “presión máxima” de Donald Trump.
Venezuela, bajo el régimen populista de Hugo Chávez, se convirtió en el principal sostén económico de Cuba y sólo parcialmente de Nicaragua hasta 2017. Con Maduro, como heredero y coordinador de una corporación autoritaria, continuó el fracaso económico y la represión política que provocó un éxodo masivo, coronado por el robo monumental de las elecciones de 2024. La intervención militar de Estados Unidos desalojó a Maduro del poder, pero dejó intacto el régimen chavista a cargo de Delcy Rodríguez, para controlar el petróleo y los recursos naturales en una “innovación” autoritaria que Luz Mely Reyes describe como “una suerte de colonialismo del siglo XXI”.
Nicaragua es una dictadura dinástica, convertida en una “codictadura” matrimonial. Irónicamente, su fragilidad radica en la centralización extrema del poder en un régimen personalista que, como el de los Somoza en el siglo pasado, depende de una familia. Según el último informe de Variedades de Democracia (V-Dem 2025), Nicaragua es el país menos democrático de América Latina, incluso por debajo de Venezuela y Cuba, y ocupa el quinto lugar en el ranking de las peores autocracias del mundo después de Eritrea (179), Corea del Norte (178), Myanmar (177), Afganistán (176), y Nicaragua (175). Sin embargo, Nicaragua goza de mayor autonomía económica que Cuba y Venezuela, no tiene recursos petroleros que atraigan la voracidad de la política de Trump, pero tampoco hay apagones, la economía no se está derrumbando, sino que hay estabilidad económica, y su dinamismo depende de las exportaciones del sector privado al mercado de Estados Unidos que, combinadas con las remesas familiares provenientes de los migrantes en ese país, representan más del 50 % de la economía nacional.
Con la caída de los precios del petróleo entre 2018 y 2020, las tres dictaduras latinoamericanas sobrevivieron al declive de la Alianza Bolivariana (Alba) como un club de autocracias alineadas con Rusia, China, Irán, y Corea del Norte, inmunes a las presiones diplomáticas de la OEA y de la Unión Europea.
Desde 2025, la política de fuerza de Estados Unidos ha intentado llenar el vacío político que deja la impunidad de las dictaduras y el fracaso de la agenda democrática. La captura de Maduro tras la intervención militar de Estados Unidos derivó en un régimen tutelado por Donald Trump, que cerró la llave de la cooperación económica de Venezuela con Cuba, y está cortando los nexos militares y de seguridad. Bajo el cerco petrolero de Estados Unidos, Cuba no tiene una salida económica, pero aún tiene reservas de represión estatal para intentar contener un nuevo estallido de protesta social, mientras se inician negociaciones entre el secretario de estado Marco Rubio con el consorcio empresarial GAESA —la fusión Ejército-partido-empresarios—, que se proyecta como el núcleo de la estabilidad que demanda Trump en una transición, cualesquiera sea su resultado.
La caída de Maduro en Venezuela no ha tenido ningún impacto económico en Nicaragua, pero el golpe político ha sido demoledor para Daniel Ortega y Rosario Murillo. El mensaje alto y claro es que ante la determinación del uso de la fuerza, incluso al margen de la ley internacional, los codictadores son prescindibles y no existe ningún aliado internacional que pueda brindarles protección. Y por el otro lado, advierte a la oposición nicaragüense que el fin de los codictadores no necesariamente conduce al restablecimiento de la libertad y la democracia, sino que más bien estaría generando algunos incentivos perversos entre los aspirantes a heredar el poder en la cúpula del régimen, mientras coloca al país en un compás de espera. El politólogo Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, lo resume de esta manera: “no hay un efecto dominó ―después de Venezuela y Cuba― pero Nicaragua se mantiene en la agenda de Estados Unidos”.
El ejemplo de Venezuela disparó la paranoia de la codictadora Rosario Murillo, que ordenó mayor control, vigilancia y represión contra potenciales opositores, incluyendo a los más de 10 000 deportados que han sido recibidos en secreto, como parte de su colaboración con las políticas antimigrantes de Trump. Y aunque no hay indicios de que exista alguna negociación oficial con Estados Unidos, en la oposición política y cívica en el exilio, se ha desatado una actividad frenética bajo un razonamiento inapelable: si en la transacción venezolana Trump está excluyendo a la oposición que lidera María Corina Machado, después que Edmundo González ganó masivamente la elección de 2024 y les impide regresar al país, para mantener el control autoritario con Delcy Rodríguez, ¿qué se podría esperar en Nicaragua, donde el liderazgo opositor no solo está disperso, pero, además, a pesar del rechazo mayoritario contra el régimen, no ha logrado validar su legitimidad, y tampoco puede manifestarse en libertad bajo el Estado policial?
Por ello, entre las cinco plataformas opositoras ―Concertación Democrática Monteverde (CxL, Unamos, UNAB), Espacio de Diálogo, Alianza Universitaria Nicaragüense, PUDE-Ruta por el Cambio, y Gran Confederación Opositora―, han surgido llamados urgentes para crear una “Comisión de transición”, consensuar una hoja de ruta de transición democrática, y asumir demandas perentorias de unidad en la acción para salir de la dictadura.
Como destaca el politólogo y ex preso político Félix Maradiaga, fundador de Ruta por el Cambio, Nicaragua tiene una oportunidad que no puede desperdiciar: “esperar que la administración Trump nos haga el trabajo a nosotros los opositores, sería un error. Washington puede ejercer presión, pero la legitimidad de la oposición y la cohesión mínima son tareas que solo los nicaragüenses podemos resolver. Externalizar esas responsabilidades es abdicación política”.
Después que Venezuela decretó una amnistía que ha liberado a 503 presos políticos, y Cuba anunció un indulto para 2000 presos, se ha incrementado la demanda por la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua, el cese de la persecución religiosa, y la supresión de un sistema represivo que ha despojado a más de 450 ciudadanos de su nacionalidad, mantiene a centenares como apátridas de facto, y promueve la represión transnacional.
La pregunta del millón es, ¿cómo se quiebra, desde el exilio, el poder de un Estado policial para restablecer las libertades democráticas, o cómo se fractura, desde adentro, un poder autoritario que ha logrado mantener el control total, a pesar de las heridas y fracturas provocadas por las purgas internas de la sucesión dinástica de Rosario Murillo?
Sin lugar a dudas, las acciones de Donald Trump han decretado la cuenta regresiva para los dictadores, pero no para el desmontaje de las dictaduras. La transición democrática sólo será posible si además de la presión externa se impone un liderazgo opositor legítimo, capaz de organizar y movilizar la resistencia cívica en condiciones de represión; incentivos políticos para conformar una alianza nacional que incluya a disidentes y antiguos aliados del régimen en torno a un programa mínimo de transición; y un entorno internacional, latinoamericano y europeo, que coloque en primer plano la democracia con justicia sin impunidad, como contrapeso a la doctrina transaccional de Donald Trump.
*Una versión de este artículo se publicó originalmente en El País.
