La amenaza contra Arévalo en Guatemala

Bernardo Arévalo y Karin Herrera arrasaron en las elecciones de segunda vuelta. Fue una victoria incuestionable de 21 puntos porcentuales de diferencia con Sandra Torres. Inobjetable: el presidente electo tiene un amplio respaldo ciudadano. La población se decantó por una fórmula despojada de tintes político-ideológicos y demostró el hartazgo a la corrupción y la impunidad. La campaña del Movimiento Semilla fue bastante discreta, sin mayores recursos económicos, frente a la maquinaria millonaria de la UNE, que incluyó la distribución de bolsas de víveres, compra de votos y acarreo de personas. A eso se agregó una campaña negra, principalmente impulsada por varios pastores evangélicos que demonizaron la fuerza de Arévalo. Al final, el 20 de agosto se vivió una fiesta cívica y la esperanza de un cambio de rumbo del país.

Poco tiempo duró el ambiente festivo. Esta semana se filtró la información de la existencia de un plan para asesinar a Arévalo y que en ese magnicidio participarían agentes del Estado. A eso se agrega que el Ministerio Público (MP) reinició el hostigamiento judicial contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el director del Registro de Ciudadanos y Semilla. Consuelo Porras ha instrumentalizado la Fiscalía General para desestabilizar el sistema democrático. Porras no actúa sola, ella forma parte de una estructura dirigida por el presidente Giammattei y un sector del gran capital que no mide las consecuencias del impacto negativo a la economía del país. Intentan evitar que Arévalo desmonte el aparato de corrupción en el Estado, hasta llegar a su asesinato. Mientras el MP se lanza como perro contra las autoridades electorales y Semilla, dos juzgados otorgan medidas sustitutivas a Alejandro Sinibaldi y Otto Pérez Molina, dos de los más grandes corruptos del país. Porras no ve eso, no le importa.

La persecución contra los magistrados del TSE incluye amenazas de muerte e intentos de despojarlos de su inmunidad por parte del MP, así como al director del Registro de Ciudadanos. Las acciones demenciales están dirigidas también contra los 125 000 miembros de las juntas receptoras de votos, o sea contra los ciudadanos que en forma desinteresada cuidaron los sufragios en las elecciones. En el caso de Semilla, los operativos espurios de Rafael Curruchiche intentan que sus diputados electos no tomen posesión en la próxima legislatura. El objetivo es descarrilar al próximo Gobierno de Arévalo, que se quedaría sin una bancada parlamentaria, con un Congreso adverso que le podría hacer la vida imposible y una Corte Suprema de Justicia plegada al Pacto de Corruptos. Eso significa que desde ya apuestan al fracaso del próximo presidente, hasta planear su asesinato. Esto es muy grave porque no tiene otro nombre más que golpe de Estado técnico, en el cual hasta ellos mismos se verán arrastrados.

Mientras el escenario político se caldea, llama la atención que Ignacio Lejárraga, presidente del Cacif, dice que el sector empresarial está dispuesto a apoyar a Arévalo y revela que ya tuvieron una conversación con él, en la que encontraron puntos coincidentes. Por supuesto que es importante que el sector empresarial se muestre anuente al diálogo, pero ahora se requiere un gesto de buena voluntad que le exigiera a Consuelo Porras detener el golpe de Estado. La cúpula del Cacif es muy cercana a la jefa del MP, a la que han mimado y le han dado reconocimientos, y también sabe qué sector del gran capital es el que insiste en sabotear la institucionalidad del país. Por eso, insisto, qué bueno que el Cacif ve con buenos ojos al próximo presidente, pero es ahora cuando este requiere respaldo para detener a los sátrapas dispuestos a llegar hasta el asesinato y que los empresarios no se quejen luego cuando ya sea demasiado tarde y se hunda la economía del país.

*Artículo publicado originalmente en Prensa Libre.