13 de diciembre 2015
AA
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Leer bien los resultados electorales del seis de diciembre, se ha vuelto un terrible dolor de cabeza para algunos líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El chavismo quizás evitó una guerra civil al aceptar la tremenda derrota, pero al actuar en varios frentes para atar de pies y manos a los ganadores de una mayoría calificada en la Asamblea Nacional (112 a 55), podría conducir al país a la situación sombría y bélica que presuntamente ya habría impedido.
Un mínimo de sensatez indica que tras una derrota tan aplastante como humillante y dolorosa, es imprescindible un diálogo con la MUD que procure una agenda legislativa común, la cual debería incluir una amnistía para los reos políticos. Esto último es tan evidente, que el gobierno de Nicolás Maduro debería decretarla por iniciativa suya, para quitarle una de las principales demandas a los opositores, y dar un golpe de efecto importante ante sus compatriotas y la opinión pública internacional.
Pero algo de torpeza, y mucho de fanatismo, impide a un chavismo dolido y disgustado, actuar con sensatez, y solo percibe un fantasma contrarrevolucionario instalado en la Asamblea, y creando todo un andamiaje legal para desmontar 17 años de “socialismo del siglo XXI”. De la misma manera hay líderes en la MUD que se equivocan de plano al interpretar los resultados electorales como un mandato para formar un nuevo gobierno.
La cantidad de votos válidos ofrece información clave: en las más recientes elecciones presidenciales, Maduro obtuvo 7,586.251 votos; y Capriles, 7,361.512. En las legislativas, la MUD, 7,720.578, y el chavismo, 5,165.300. La oposición tuvo 359 mil votos más que en el 2013; y el gobierno, dos millones 420 mil votos menos. Si restamos los 359 mil, vemos que en las filas chavistas se abstuvieron de votar más de dos millones de electores proclives al gobierno, que de esa forma castigaron a Maduro por lo que consideraron un pésimo manejo económico-social que se traduce en severas dificultades para obtener alimentos básicos, y medicinas, y poder sobrevivir día a día.
Algunos trasnochados de la MUD que pretenden que su victoria legislativa les faculta para derribar a Maduro mediante un referendo revocatorio andan perdidos, porque los votantes no les han otorgado ese poder. Razonan unos que como el tigre está herido hay que rematarlo, pero eso no es jugar con realidades políticas claves, cuando lo que se debería imponer es una agenda legislativa común, y consolidar y ampliar el favor popular, para que se pronuncie de nuevo en los próximos comicios presidenciales. Y dar el jaque mate. Pero no para repetir sus juegos de poder del pasado, sino para crear una nueva visión de economía de mercado con una alta sensibilidad ética, social y ecológica.
El gobierno se está blindando ante eventuales medidas que podría tomar la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero, por ejemplo: poner a nombre de fundaciones privadas, algunas propiedades públicas como el mausoleo donde están los restos de Hugo Chávez, y el canal de televisión y la emisora de radio, ambos del Poder Legislativo. También adelantan que prorrogarán por tres años una ley de estabilidad laboral para que la MUD no haga barridas de trabajadores en la Asamblea ni en organismos a cargo de ésta. Y lo más grave, ampliar la composición del Poder Judicial en doce nuevos magistrados, para controlarlo totalmente, y oponerlo a los diputados opositores.
Así como la aceptación de la derrota electoral del gobierno aparece empañada por las fuertes medidas que está adoptando para inmovilizar a la Asamblea Nacional, también una supuesta autocrítica del gobierno expresada públicamente, se ve disminuida, y en duda, por un discurso confrontativo que culpa al imperialismo y a la derecha por lo que Maduro ha dado en llamar “la guerra económica”.
El ungido por el propio Hugo Chávez, haciendo gala de conocimientos de historia de reciente adquisición, recordó que el gobierno norteamericano utilizó el sabotaje a la economía para derribar a los gobiernos de Jacobo Arbenz, João Gulart, y Salvador Allende, en Guatemala, Brasil y Chile. Ciertamente no hay que descartar la mano de Washington, pero la responsabilidad fundamental estriba en el modelo económico chavista, y en el desplome de los precios internacionales del petróleo. Y esto último no es responsabilidad del gobierno norteamericano.
Una agenda legislativa negociada no allanará el camino a la solución de los graves problemas económicos de Venezuela –causa principal del descontento popular que provocó estos apabullantes resultados electorales-- porque son de naturaleza estructural, pero permitirá que ambas fuerzas cohabiten pacíficamente en favor de la tranquilidad del pueblo venezolano, mientras velan sus armas pacifistas a la espera de los comicios presidenciales.
Recomponer el aparato productivo requeriría cambiar aspectos esenciales de la política económica chavista, y aun así, se necesitarían varios años para lograr una recuperación, pues habría que hacer producir rentablemente tierras y empresas, introducir tecnologías apropiadas, crear condiciones para promover con éxito la inversión local y extranjera, crear empleos formales, disminuir a menos de dos dígitos la altísima inflación, quitar los controles de precios, darle su lugar a las leyes del valor, y de la oferta y la demanda, liberalizar el mercado de divisas, eliminar los flujos económicos derivados de convenios internacionales que sangran al país, crear confianza en productores y consumidores, entre otras medidas.
Por un lado, hay que deponer las pretensiones de derribar al gobierno de Nicolás Maduro, y por otro, la de impedir que la MUD ejerza el control total de la Asamblea Nacional que le confirió el voto popular. Ni contrarrevolución, ni soberbia y ceguera gubernamental.
(*) Periodista
