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“Si tuviera que elegir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría ni un instante en preferir lo segundo”, escribió Thomas Jefferson, el mismo hombre que redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuyo 250 aniversario se celebra estos días —igual que el trigésimo aniversario de CONFIDENCIAL—.
Nicaragua hoy no le permite elegir a nadie: no hay periódicos independientes, y el gobierno que queda no le rinde cuentas a nadie.
Llegué por primera vez a Nicaragua en 1984, como un joven abogado que documentaba las atrocidades cometidas por la Contra en las montañas del norte. Hace dos años regresé como integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN), junto con Jan-Michael Simon y Ariela Peralta, y desde entonces investigo un país al que Rosario Murillo y Daniel Ortega ni siquiera nos permiten entrar. He tenido el privilegio —y la tristeza— de observar el mismo país en dos momentos muy distintos de su historia: cuando una sociedad creía posible reinventarse y cuando el poder decidió que ninguna voz independiente debía sobrevivir.
En nuestros informes hemos descrito un sistema en el que el Estado y el partido gobernante se han fundido en una sola maquinaria de control. La Policía, el sistema judicial, los ministerios, el aparato de telecomunicaciones y las estructuras partidarias actúan coordinadamente para eliminar cualquier espacio de autonomía. Pero esa maquinaria tiene un objetivo que atraviesa todos los demás: silenciar las voces críticas y controlar el relato de la realidad.
La censura no es un efecto secundario del autoritarismo. Es uno de sus instrumentos esenciales. Ningún régimen puede aspirar al control absoluto mientras los ciudadanos conserven la posibilidad de saber, contrastar y contar lo que ocurre.
Por eso el periodismo independiente ocupa un lugar tan singular en Nicaragua. No es simplemente otra víctima de la represión; es uno de sus principales objetivos.
El GHREN ha documentado el cierre de medios de comunicación, la confiscación de redacciones, el exilio forzado de periodistas, la privación arbitraria de nacionalidad, el hostigamiento a familiares y fuentes, y la creación deliberada de lo que colegas nicaragüenses llaman “zonas de silencio informativo”. Hoy ya no circula ningún periódico independiente en papel en Nicaragua; tampoco operan radios críticas ni canales de televisión autónomos. Sin embargo, desde Costa Rica, España, Estados Unidos o México los y las periodistas nicaragüenses siguen haciendo llegar información al mundo y a quienes permanecen dentro del país. Es una paradoja extraordinaria: una parte esencial de la esfera pública nicaragüense sobrevive fuera de Nicaragua. Pero ni siquiera el exilio pone fin a la persecución. El largo brazo del Estado alcanza también a periodistas y a sus colaboradores, incluso fuera de Nicaragua.
CONFIDENCIAL cumple treinta años. Su historia refleja la evolución de la propia Nicaragua contemporánea. Nació durante la transición democrática, atravesó los años de pluralismo imperfecto, sobrevivió al regreso de Ortega al poder y continúa existiendo, desde el exilio, bajo una dictadura que ha intentado borrar toda forma de prensa independiente.
Conviene decirlo sin idealizaciones. El periodismo, como toda actividad humana, puede equivocarse. Las redacciones en el exilio trabajan con enormes dificultades económicas, agravadas por el reciente colapso de buena parte de la cooperación internacional que sostenía a periodistas, organizaciones de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil. Pero la importancia de una prensa libre nunca ha dependido de su perfección.
Depende de que exista un registro verificable de los hechos cuando el poder intenta hacerlos desaparecer.
A lo largo de cuarenta años investigando crímenes en lugares tan distintos como Chad, Haití o Timor-Leste, he aprendido una lección sencilla. Mucho antes de que lleguen los investigadores internacionales, los fiscales o los jueces, suelen llegar los periodistas. Son ellos quienes recogen los primeros nombres, las primeras fechas, las primeras fotografías, los primeros testimonios. Con frecuencia, el expediente judicial del futuro comienza con un reportaje escrito cuando nadie imaginaba que algún día habría justicia.
Recuerdo todavía una noche de 1984 en El Jícaro, en las Segovias. Un grupo de Delegados de la Palabra, después de contarme lo que había ocurrido en su comunidad, me pidió una sola cosa: “Que el mundo se entere”. Entonces pensé que aquella petición iba dirigida a un joven abogado extranjero. Con el tiempo comprendí que describía la verdadera función del periodismo: impedir que el silencio tenga la última palabra.
Hoy Nicaragua ocupa mucho menos espacio en la conciencia internacional que hace cuarenta años. En aquella época Centroamérica era, en palabras de Jeane Kirkpatrick, embajadora de Ronald Reagan ante la ONU, ”el lugar más importante del mundo para los Estados Unidos”. Ahora, eclipsada por Ucrania, Gaza, Venezuela, Irán y tantas otras crisis, Nicaragua parece haber desaparecido del horizonte internacional. Como suele decir Sergio Ramírez, el olvido es uno de los mejores aliados de la dictadura.
Precisamente por eso resulta tan importante que existan periodistas que se nieguen a aceptar ese olvido.
Los periodistas no dictan sentencias. No sustituyen a los jueces, a las comisiones internacionales ni a los mecanismos de derechos humanos. Pero cuando un gobierno intenta borrar los hechos antes incluso de que puedan discutirse, preservar la verdad ya es una forma de resistencia cívica. Incluso desde el exilio, y aun bajo la amenaza de la represión transnacional, quienes siguen investigando y publicando impiden que el silencio se convierta en política de Estado.
Y cuando algún día llegue el momento de pedir cuentas —porque la historia demuestra que ese momento llega más veces de las que imaginamos— esa verdad, registrada pacientemente durante años por periodistas que se negaron a dejar de informar, será también una parte indispensable de la justicia.
