1 de noviembre 2022
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El aislamiento e incomunicación de 27 presos políticos en El Chipote, que ya cumplieron 66 días sin recibir una visita familiar, es parte de la "estrategia" del régimen para evitar el flujo de información para la denuncia pública sobre los tratos crueles que reciben los reos de conciencia, y de manera particular, acerca del estado de los prisioneros en huelga de hambre; considera el abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda.
Desde mediados de septiembre, los presos políticos Dora María Téllez, Miguel Mendoza, Róger Reyes e Irving Larios, mantienen una huelga de hambre demandando el cese del régimen de aislamiento y tortura. Para el jurista, las acciones de resistencia y valentía que puedan emprender los presos políticos desde el interior de las cárceles, "puede alentar el temor principal del régimen: algún brote de protesta o algunas acciones a lo externo de las cárceles del régimen".
Por esa razón, el régimen responde a esas acciones de resistencia, elevando el nivel de presión sobre ellos, "para quebrantar sus voluntades", pese a que nunca ha podido doblegarlos, ni conseguir que se autoculpen de delitos que no han cometido, dice Pineda. Aunque a estas alturas, el régimen ya no busca que se "autoincriminen", sino que pretende evitar que sus protestas deriven en un descontento social generalizado que persiste en el país ante una relativa calma.
En la entrevista que concedió al programa Esta Semana, transmitido en redes sociales a causa de la censura en Nicaragua, Uriel Pineda analiza además la escalada represiva contra la Iglesia católica con los nuevos juicios políticos contra sacerdotes, y la represión que se extiende a lo interno del Poder Judicial.
¿Cuál es la razón por la que crees que el régimen los mantiene bajo estas condiciones de tortura?
El suspender la visita es evitar que siga fluyendo información sobre este tipo de trato, sobre las vejaciones y demás prácticas que pueden llegar a constituir sin lugar a duda una práctica de tortura, entonces este flujo de información que hay sobre el trato de los presos políticos empieza a dominar la agenda internacional sobre Nicaragua en materia de derechos humanos principalmente, y en consecuencia es una publicidad negativa para el régimen lo que puede explicar la restricción de la visita familiar. En todo caso es cortar ese flujo de información y que la noticia no trascienda más allá del impedimento de las visitas familiares.
Hay presos políticos como Miguel Mendoza, Dora María Téllez, Irving Larios, y Róger Reyes, que iniciaron una huelga de hambre hace más de un mes ¿Se trata de una represalia a un acto de resistencia?
El objetivo principal de la tortura es el quebrantamiento de la voluntad de la persona, entonces si de forma valiente, de forma contundente, los presos políticos resisten y encima, toman medidas como esta de huelgas de hambre en demandas del cumplimiento de sus derechos, lo que sucede en todo caso es que el régimen eleva el nivel de presión sobre ello, para quebrantar su voluntad y que desistan de este tipo de prácticas.
Porque es importante o trascendente para el régimen romper estas huelgas de hambre o estas manifestaciones valientes, estas acciones que finalmente mantienen viva una llama de esperanza, porque el encarcelamiento no ha sido suficiente para quebrantar su voluntad y su determinación, su compromiso con la lucha por la libertad de Nicaragua. Es importante para el régimen que esto cese porque las acciones que puedan emprender los presos políticos desde el interior de las cárceles puede alentar el temor principal del régimen: algún brote de protesta o algunas acciones a lo externo de las cárceles del régimen.
¿Qué dicen las normas internacionales de derechos humanos sobre las responsabilidades del Estado que tiene en aislamiento a presos en huelga de hambre?
No quiero decir que esto se limita a un protocolo o recomendaciones en función de qué hacer como autoridad cuando una persona pida la libertad, o como gesto de protesta decide entrar en un proceso de huelga de hambre. Aquí hay algo mucho más profundo y esto tiene que ver con esta cadena de acciones del régimen, de cómo se han hecho detenciones ilegales, como se ha obstaculizado el derecho de defensa, cómo se pretende determinar la responsabilidad penal con tipos penales deficientes, que claramente se encuentran confrontados con el contenido sustancial de derechos humanos como la libertad de expresión.
Es una cadena de acciones que ha convertido al Poder Judicial en Nicaragua en la última instancia represiva para cometer, o concretar una política de persecución que el resultado de la implementación de esa política conlleva naturalmente a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
A pesar de este régimen de tortura sostenido por más de 16 meses, el régimen nunca ha podido hacer que los reos de conciencia se declaren culpables de algo que no han cometido ¿Qué efectos tiene eso en las intenciones del régimen de criminalizar a las voces críticas?
Estamos en una nueva oleada (represiva), y esta nueva oleada tiene un alcance a sectores medios opositores, o cualquiera somos de amenaza para el régimen, y al haberse acabado las opciones del régimen de que ya no hay oposición actual a la cual reprimir, entonces su desconfianza interna es lo que empieza a aflorar y lo que puede justificar, por ejemplo, las acciones emprendidas contra funcionarios del Poder Judicial, es decir, contener cualquier explosión interna.
Ya no se busca, ni se necesita por parte del régimen, justificar la detención de estas personas o amedrentar de alguna manera otros esfuerzos opositores. Lo que están haciendo ahorita es un mecanismo de contención a lo interno del régimen, para evitar cualquier explosión social, y sobre todo cualquier acto de traición que eventualmente podría tener un costo político para el régimen.
Entonces si lo vemos desde esa perspectiva, esto no está encaminado a buscar que se autoincriminen, esto tiene que ver más que todo, con un elemento de contención tanto externo como interno de las cosas que pueda desatarse o que puedan derivar de un descontento social generalizado que persiste en el país ante esta relativa calma.
En este 2022, hay 26 nuevos reos de conciencia, entre sacerdotes, y familiares de perseguidos políticos, que son acusados de conspiración y propagación de noticias falsas. ¿Cuál es tu valoración sobre estos nuevos juicios políticos?
La Iglesia era la última voz crítica dentro del país a las acciones de represión del régimen, lo que explica la arremetida contra la Iglesia. Y esto dio como punto de partida al último viraje represivo del régimen, es decir ir contra los menos leales dentro de sus estructuras, o ir contra las personas que no consideran de confianza en las estructuras del régimen, y por eso la persecución también a lo interno del Poder Judicial y otras instituciones públicas, porque ya no hay un estamento social, una estructura social a la cual reprimir y ahora su único enemigo es la inconformidad interna que puede tener el régimen. De manera tal que, lo que ocurre con la Iglesia no solo atenta contra la libertad religiosa desde una perspectiva formal de los derechos humanos, sino que se explica desde la estrategia represora y concatenada que ha tenido el régimen contra la sociedad en su conjunto.
Lo que impera en el país es un ambiente de zozobra, un ambiente de miedo.
